El gobierno bonaerense disputa con el de Río Negro una inversión millonaria, la instalación de la planta de gas natural licuado (GNL). Sin adherir al Rigi propuesto por Milei, Kicillof busca quedarse con el proyecto impulsando medidas de promoción a las grandes inversiones. Mientras casi la mitad de los hogares del país no tiene acceso a red de gas, con la instalación de la planta de GNL no se piensa en resolver las necesidades de abastecimiento interno, por el contrario y gracias al extractivismo contaminante, lo que se busca es obtener ganancias para pagar la deuda.
Jueves 18 de julio 17:09
El gobernador Axel Kicillof brindó días pasados una conferencia de prensa donde intentó bajar el tono a la confrontación con el gobierno nacional, y el titular de YPF Horacio Marín, en torno al debate sobre la instalación de la planta de gas natural licuado (GNL), una de las inversiones millonarias más grande de los últimos tiempos, que se disputan las provincias de Buenos Aires y Río Negro. Kicillof señaló que "voy a hacer todos los esfuerzos para que la inversión quede en Bahía Blanca".
Para eso, anunció el envío de un proyecto de Ley a la Legislatura bonaerense, de incentivo para la promoción de grandes inversiones, con la que busca garantizar algunas de las condiciones que reclama YPF y Petronas, empresa con sede en Malasia, para instalar la planta de GNL en el puerto de Bahía Blanca.
Si bien Kicillof ha mostrado una fuerte oposición al RIGI, no es contrario a la idea de promociones a las grandes inversiones. De hecho, defiende el régimen de la Ley de promoción de GNL impulsada durante la gestión de Fernández que también centraba los beneficios en la baja o eliminación de retenciones y la disponibilidad de divisas. La crítica al RIGI, en este caso, es que es “muchísimo más generoso que lo que planteaba la Ley de GNL”. Mostró cautela al señalar que “este régimen nacional aún no se reglamentó, por lo cual no conocemos cómo se va a implementar”. Incluso señaló que era una potestad de la Legislatura, y no del Ejecutivo, la adhesión a regímenes especiales, dejando una puerta entreabierta a los proyectos varios que ya se han presentado en la Legislatura de adhesión al nuevo régimen. Se vio un Kicillof más dialoguista, respondiendo los 15 puntos o condiciones que el Presidente de YPF había enviado a los gobernadores de las dos provincias que se disputan esta millonaria inversión.
El anuncio se realizó en medio de la pulseada con Río Negro, sobre la instalación de la planta de GNL. Mientras Weretilneck, logró el viernes pasado la aprobación en la Legislatura un proyecto de adhesión al Rigi, Kicillof se muestra proactivo y abierto a los reclamos de estas corporaciones, señalando que los proyectos que adhieran a este nuevo régimen serán tratados de manera prioritaria.
Kicillof anunció el envío a la Legislatura de un proyecto de Régimen Provincial de Fomento de Inversiones Estratégicas que “incluye la estabilidad tributaria por un período similar al que ofrece el régimen nacional, propone beneficios tributarios para grandes inversiones y trabajar a través de una unidad ejecutora para agilizar cada una de las necesidades de los proyectos.”
Hay que tener en cuenta que aún si la provincia no adhiriera al RIGI, quien puede establecer la quita total de las retenciones y el 100% de disponibilidad de divisas, como lo hace el RIGI, es el Estado nacional. Es decir, la planta de licuefacción, ya sea que se instale en Buenos Aires o Río Negro, va a gozar de los beneficios cuasi coloniales del RIGI. Lo que está al alcance de la provincia es lo que, aparentemente, buscaría el gobernador con su proyecto de promoción, es decir la estabilidad fiscal a escala provincial.
¿De qué se trata el proyecto?
La trascendencia mediática que tiene la discusión no es para menos. El proyecto de YPF y Petronas consiste en la instalación de una planta de GNL, que implica una inversión de 50 mil millones de dólares, una de las más importantes de la historia. Este proyecto es reclamado como propio por el gobernador Kicillof, que se encargó de recordar que fue a partir de la semi estatización de YPF, y la explotación de Vaca Muerta a través del acuerdo con Chevron que se habilitó la explotación del gas. Vale recordar lo oneroso de ese acuerdo que incluía cláusulas secretas, habilitó la constitución de empresas off shore para facilitar la fuga de dólares por parte de la firma norteamericana, y requirió un decreto a medida, de la propia CFK para reducir retenciones y garantizar cierta disponibilidad de divisas.
Hace más de una década que existe este proyecto, del que Petronas es parte. En los últimos años de la gestión de Fernández es que se avanzó en acuerdos y lo que incluyó la media sanción de la ley mencionada.
La instalación de esta planta en el puerto de Bahía Blanca, para la exportación de gas licuado, haría que la mitad de las exportaciones nacionales las realice la provincia de Buenos Aires. Se habla de exportar en una primera etapa 5 millones de toneladas y en una segunda etapa, a diez años, 25 millones de toneladas de gas licuado.
La guerra entre Rusia y Ucrania agravó la situación energética y hace que países como el nuestro se apuren en abastecer al mundo de gas (sobre todo a Europa). Pero lo que ninguno de los actores dicen en este debate, es que en nuestro país el 40% de los hogares no tienen acceso a gas de red. Con este proyecto, eso no tiene miras de cambiar, porque la explotación y producción de GNL no viene a resolver el abastecimiento interno. La planta de GNL no busca resolver las necesidades energéticas de la población, sino cumplir con el mandato que reza que para pagar la deuda externa hay que exportar más. Pero con la particularidad de que las empresas que construyen la planta no deberán dejar un sólo dólar en el país. Es el extractivismo más brutal.
A esto se suma el reclamo de las organizaciones ambientales, que denuncian el impacto negativo que dicho emprendimiento va a tener. La Coordinadora Socioambiental Bahía Blanca señaló en un comunicado que: “Desde hace más de un mes que los bahienses seguimos por la prensa la disputa que encabeza el intendente Susbielles, con el apoyo de la oposición, para que la planta de GNL de YPF–Petronas se instale en el puerto de Ingeniero White y no en Río Negro como pretende su gobernador. (…) lejos de entrar en esta disputa nos unimos a las organizaciones rionegrinas que hoy se movilizan frente a la legislatura contra la adhesión provincial al RIGI. No necesitamos más oleoductos ni gasoductos ni ampliación de muelles para la exportación de petróleo y gas”.
Y alertan: “Aún no hay informes sobre los daños provocados por los cuatro derrames de petróleo y combustible en Puerto Rosales ni las medidas tomadas. Nos han robado el mar y nos dejaron sin pesca. Vivimos en la incertidumbre de posibles escapes, emanaciones, explosiones y vibraciones que rajan las viviendas de los vecinos, sufriendo accidentes, asesinatos laborales que se llevan la vida de nuestros jóvenes obreros”.
Con proyectos como la planta de GNL, pensados para durar medio siglo o más, la matriz energética fósil de nuestro país, que se basa en un 80% en la explotación de hidrocarburos, se va a perpetuar. Se sigue profundizando el modelo del fracking en Vaca Muerta que contamina millones de litros de agua por pozo, acumula miles de toneladas de residuos tóxicos, provoca sismos y contamina el aire. Se profundiza el modelo extractivista y el saqueo de bienes comunes naturales.
La posición de la izquierda
Luego del anuncio del gobernador, la diputada provincial Laura Cano (PTS-Frente de Izquierda) sostuvo: “Estos negocios benefician a las grandes petroleras y a empresarios y gobernantes, mientras en el contexto actual de crisis las familias trabajadoras hacen malabares para pagar los servicios energéticos y casi el 40% de los hogares no tiene gas natural”.
La diputada denunció que “el plan extractivista de Kicillof, tiene como objetivo conseguir dólares para seguir pagando la deuda que tomó Vidal y que el Gobernador denunció como ilegal pero sigue pagando religiosamente, contrayendo nueva deuda, como la que tramitó recientemente, autorizada por el gobierno nacional”.
Lejos de expandir la frontera hidrocarburífera, es necesario estatizar la industria energética con el control de sus trabajadores y comunidades para iniciar una transición verdaderamente justa, desde abajo. Esta medida podría permitir diversificar la matriz energética y al mismo tiempo garantizar el acceso a la energía para toda la población.
