Declaración del Movimiento Revolucionario de Trabajadores de Brasil ante la decisión de la Corte Suprema de permitir la prisión de Lula.
Jueves 5 de abril de 2018
La Corte Suprema de Brasil (STF), que fue uno de los grandes pilares del golpe institucional de 2016 y que promovió la nefasta reforma laboral del presidente Michel Temer, acaba de darle continuidad al golpe, permitiendo la prisión arbitraria de Lula, a pedido del juez de primera instancia Sérgio Moro, a cargo de la operación judicial Lava Jato, y cuya condena fue confirmada y agravada (en segunda instancia) por el Tribunal Regional Federal número 4 (TRF-4) y por el Supremo Tribunal de Justicia (STJ).
Por 6 votos a 5, la Corte negó el habeas corpus de la defensa de Lula, preparando el terreno a la inminente prisión del petista, sin ningún fundamento jurídico serio. Esto muestra de manera manifiesta el carácter reaccionario del autoritarismo judicial, en especial del STF que, detrás del palabrerío que se escuchó en la sesión, esconde su intensión de hacer que los trabajadores paguen por la crisis de los capitalistas.
Los agentes de la operación Lava Jato dentro del régimen lograron cambiar la atmósfera surgida después del repudio al atentado de ultra derecha a la caravana de Lula en el estado de Paraná. Esto fue posible gracias a las manifestaciones reaccionarias convocadas por la derecha (MBL, Vem pra Rua), la campaña de la corporación mediática Globo, y de los diarios paulistas Folha y Estadão, por la prisión con condena en segunda instancia, y por la presión del Alto Comando de las Fuerzas Armadas a través del general Villas Boas. El chantaje de Villas Boas, en particular, significó un salto de calidad en la interferencia de los militares en la polìtica brasileña.
Así, 11 jueces del STF terminaron de decidir a quién podrán o no votar millones de trabajadores en las próximas elecciones. Este despotismo judicial reaccionario se basa en prisiones preventivas arbitrarias, filtraciones de pruebas y testimonios, filtraciones de escuchas telefónicas –mecanismos que ya son usuales en los morros y favelas contra la población negra- que serán utilizados contra los trabajadores, el pueblo pobre y la izquierda, que ni siquiera cuentan con la protección de la popularidad de Lula, en una denominada “democracia” que mantiene presas a casi 300.000 personas sin condena, en su mayoría negras.
El juez Luís Roberto Barroso definió el momento político de la decisión del STF como de “refundación del país”. Una “refundación” que sirve a los intereses reaccionarios de la operación Lava Jato, de jueces y promotores que junto al “partido de los medios” quieren un país a imagen y semejanza de los grandes capitalistas nacionales y extranjeros: recortes en derechos históricos de los trabajadores, aumento de la jornada laboral, contratos precarios y la virtual abolición de la posibilidad de jubilarse (como es el caso del contrato intermitente).
Esta democracia burguesa degradada ni siquiera acepta mantener el elemental derecho de la población a votar a quien quiera (incluso a Lula, si así lo desean).
Repudiamos fuertemente esa escalada de autoritarismo estatal, así como la rubrica de la prisión para Lula. Como venimos diciendo, el mejor método para combatir la saña golpista es la lucha de clases de los trabajadores, con cuya fuerza se puede cuestionar al conjunto del régimen político, batallar contra las reformas de Temer, por justicia a Marielle Franco (la concejala del PSOL asesinada en el marco de la militarización de Río de Janeiro) y por la garantía del voto sin interferencia judicial.
Ante eso, es vergonzosa la política de “vigilias pacíficas” por parte del PT. Ni siquiera con la prisión de Lula virtualmente decretada la cúpula petista decide recurrir a las calles. La pasividad conservadora propia del PT llegó al ridículo de convocar a “tuitazos” y depositar toda la confianza en el juicio del STF y en la “voluntad de la justicia”, como declaró Lula. El PCdoB de Manuela D’Ávila asumió la misma postura frente al poder judicial, confiando en el “Estado democrático de derecho”. Tanto el PT como el PCdoB dirigen enormes centrales sindicales –la CUT y la CTB- y las mantuvieron completamente paralizadas, impidiendo conscientemente el surgimiento de una alternativa política independiente de los trabajadores dispuesta a luchar contra el autoritarismo estatal.
Siendo un pilar del régimen de la “Nueva República” instalado en 1988 y una de las principales válvulas de contención de la lucha de clases para que los capitalistas lucren “como nunca” en la década de 2000, el PT deja específicamente claro que su defensa es la de la gobernabilidad burguesa, no la de los derechos civiles básicos, aún en una democracia degradada.
Llega a este punto luego de haber asimilado los métodos de corrupción propios de los capitalista, atacado a los trabajadores durante 13 años y haber abierto el camino al golpe institucional de 2016. Es evidente que le teme más a la expansión de la lucha de clases contra los golpistas que al avance del autoritarismo judicial sobre sí mismo y la población.
Si la bronca popular contra los ajustes de Temer y el autoritarismo judicial no se convirtieron en movilización real es porque el PT usa todos los mecanismos que posee para frenar esa posibilidad. Es más urgente que nunca romper esa tregua con los golpistas y convocar inmediatamente a movilizaciones en las calles, y no vigilias o actos inofensivos, como se limita a hacer el PT.
Ante los ataques que preparan los golpistas hay que llegar a acuerdos prácticos por objetivos de combate en la lucha de clases. Las centrales sindicales CUT y CTB deben cesar su tregua con Temer y hacer un llamado nacional a la movilización, organizando ya asambleas democráticas y reuniones de base para que los trabajadores decidan los mejores métodos para luchar contra el gobierno, la derecha y los empresarios, fortalecidos por la decisión del STF. Imponiendo con la fuerza de la movilización una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que revoque todos los ataques de Temer y de los gobiernos anteriores, que garantice que todo juez sea elegido y revocable y gane como una maestra, que todo caso de corrupción sea juzgado por jurados populares entre otras medidas para dar respuesta a todos los problemas políticos, sociales y económicos del país. Una asamblea como esta contribuiría a que los trabajadores hagan la experiencia con esta degradada democracia de ricos, para ver la necesidad de erigir un gobierno obrero de ruptura con el capitalismo.
