Una mapuche, los policías y una foto. El artículo, publicado originalmente en Anfibia, habla de Moira Millán, sobre quien recrudecieron las amenazas y mensajes mafiosos en las últimas horas.
Sábado 30 de septiembre de 2017
Fotos Gustavo Zaninelli
Esta crónica es la historia detrás de una foto: una mujer mapuche requisando a un policía. Cuando un fiscal, peritos y policías de Chubut llegaron a la comunidad mapuche Vuelta del Río después del incendio de las casas, Moira Millán no los dejó entrar con armas. En ese gesto, en la historia de Millán y su familia y en las tensiones desatadas tras la desaparición de Santiago Maldonado, se puede rastrear la relación conflictiva entre el Estado, los proyectos extractivistas y la cosmogonía indígena.
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Poco antes del mediodía del jueves 21 de septiembre el fiscal general Carlos Díaz Mayer llegó a la comunidad mapuche tehuelche de Vuelta del Río. Lo acompañaban dos peritos y un policía de la provincia de Chubut. Llegar hasta allí no es difícil, pero requiere cierta paciencia para subir. Moira Millán, weichafe de la comunidad, los detuvo. La decisión de la comunidad era no dejar pasar a policías armados. El fiscal quería peritar los restos de la casa de Marcelo Calfupan, incendiada el día anterior, e insistía en pasar con su custodio. Acordaron que entrara Díaz Mayer y dos policías, pero antes de que los hombres comenzaran a caminar sobre el territorio, Millán se plantó frente a los uniformados y los requisó para chequear que no entraran con armas de fuego.
Ella es una weichafe: una guerrera. El mundo mapuche tiene su propia institucionalidad. Su forma de vida es comunitaria, las decisiones se toman de manera colectiva pero algunos de los roles que les toca desempeñar –weichafe, lonko, machi, werken—no son elegidos por ellos sino por la Ñuke Mapu, la Madre Tierra.
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La voz de Moira Millán envió el alerta, era un mensaje urgente. “Muy urgente”, repitió con vehemencia, sin desesperación. Era casi la madrugada del miércoles 20 de septiembre, un día antes de la llegada del fiscal, los peritos y la policía. El whatsapp de Millán denunciaba que estaban quemando las casas de sus hermanos de la comunidad Vuelta del Río, que pocas horas antes habían ido a hacer la ocupación pacífica del juzgado de Esquel para que el juez Otranto renunciara a su cargo. “No sabemos si son policías o parapoliciales”, decía. Millán conducía por la ruta provincial 70 hacia el lugar y antes de quedarse sin señal rogaba que el audio se hiciera viral.
Moira Millán tiene 47 años, es mamá de cuatro hijos y vive en el campo, en la comunidad Pïlan Mahuïza, en Corcovado, provincia de Chubut, un territorio recuperado en 1999.
En ese momento no existía la ley 26.160, sancionada en el gobierno de Néstor Kirchner durante el conflicto contra las represas hidroeléctricas que sirvió, según dice Millán, para frenar los desalojos
Hoy, Pïlan Mahuïza es una comunidad sólida de donde han salido campañas contra la megaminería y las represas, al igual que la comunidad de Vuelta del Río, por lo cual sus voces tienen consenso entre los mapuches de la Patagonia.
La semana de la quema de casas, los hechos fueron encadenándose. Primero fue el barbárico procedimiento del lunes 18 a manos de 400 efectivos de fuerzas policiales especiales que irrumpieron en las comunidades mapuches de Cushamen y de Vuelta del Río, con el alegado propósito de investigar la desaparición de Santiago Maldonado. En Cushamen, los testigos del caso fueron torturados durante doce horas y los miembros del Grupo Especial de Operaciones Policiales de Chubut estuvieron a punto de fusilar a los mapuches que llegaban desde la ciudad y la montaña para saber qué había pasado, tal como denunciaron ante la justicia y como relató Julio Saquero, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh) al diario Página/12. Esa mañana no pasó nadie, ni Sergio Maldonado con su abogada, como tampoco ningún garante de la Apdh, mientras los mapuches eran fichados y acusados de terroristas, como contó la abogada Sonia Ivanoff. En Vuelta del Río también mantuvieron esposados en el piso a los miembros de esa comunidad, mientras revolvían todo y les secuestraban algunas pertenencias.
Del comunicado oficial que emitió el juzgado se desprende con claridad la intención de mostrar que fue la comunidad la que alteró la escena de la desaparición de Maldonado, además de analizar las características del terreno para desacreditar los relatos de los testigos (como por ejemplo el rango de visión entre ambas orillas del río Chubut). Asimismo, para uno de los abogados de la querella ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA), Fernando Cabaleiro, es grave que hayan secuestrado dos celulares de los mapuches porque contendrían una de las pruebas más importantes: la llamada realizada minutos después de la desaparición de Santiago, cuando uno de los “peñi” (hermano) avisó “falta el Brujo”.
Por eso, el miércoles 20 catorce mapuches tehuelches decidieron ocupar en forma pacífica el juzgado de Guido Otranto. Esa noche cuando volvían de Esquel le avisaron a Moira Millán que estaban quemando sus casas en Vuelta del Río.
dice Millán. Marcelo Calfupan es el vocero de la comunidad. Millán recorrió los 60 kilómetros hacia el lugar. Esa noche se quedaron haciendo vigilancia nocturna.
Esa mañana en el juzgado le habían advertido a Otranto sobre una situación irregular. En uno de los cerros de la comunidad reposa cada tanto un helicóptero. La comunidad nunca supo si pertenece o no a una fuerza de seguridad del Estado. “Creemos –le dijeron al entonces juez- que ahí han dejado un comando que recibe suministros con ese helicóptero y justamente de ese cerro se vio bajar a cuatro sujetos encapuchados a caballo que fueron los que incendiaron la casa”. Le pidieron a Otranto que hiciera algo contra ese “operativo de militarización de la comunidad”. Después de esa reunión, los mapuche hicieron saber que la respuesta que obtuvieron fue que todos los abusos y atropellos de los días previos habían obedecido a la sospecha de que la comunidad tenía algún tipo de vinculación con la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
¿Eso les dijo el juez?
El diálogo entre Millán y sus compañeros y Otranto ocurría cuatro días antes de que el juez fuera apartado del caso. Otranto siguió siendo interrogado por Millán, que quiso saber por qué habían actuado de esa manera. El magistrado contestó que actuaron a partir de una denuncia anónima.
Al día siguiente, Moira, con la voz ya relajada, envío un nuevo audio de whatsapp. “Agradecemos toda la difusión de las personas de corazón honesto y solidario. Todas las mentiras del gobierno para desactivar la solidaridad se fueron cayendo, dijeron que no había una tal vivienda quemada, ahora dicen que hubo un cortocircuito, en un lugar donde no hay electricidad. Celebro que hayan apartado a este sujeto perverso Otranto, eso no soluciona todo pero es importante y reivindico haber sido parte de la acción que fue la ocupación pacífica del juzgado federal, era necesaria. Hay que articular la unidad de los pueblos originarios, la prórroga de la ley 26160 es sólo por tres meses, sólo buscan poner paño frío para desactivar los reclamos. No podemos aceptarlo. Pewkallal y Marici wew (adiós y diez veces venceremos”).
Los pueblos indígenas se pronunciaron a favor de la prórroga inmediata de la ley nacional 26.160, por la suspensión de los desalojos en sus comunidades, y exigieron que sea por cuatro años. De otro modo, expresaron en un comunicado, “se agravará la situación territorial, con un incremento de la vulneración de nuestros derechos y la profundización de los atropellos, desalojos, destierros, discriminaciones, amenazas convirtiéndose en un nuevo genocidio y etnicidio”.
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La quema de casas funciona como un lenguaje mafioso y simbólico, dice Millán. Junto con la quema de la siembra, es uno de los métodos, con larga historia, de despojo territorial y desalojo violento
Las ancianas lloraban delante del juez Otranto: las quemas les remitían a lo que habían vivido cuando eran niñas.
¿No hubo quema de casas durante los anteriores gobiernos?
Para Millán, la presión del Estado hacia las comunidades que recuperaron territorios tiene que ver con la presión que ejercen las corporaciones extractivistas.
Millán explica que los gobiernos anteriores nunca resolvieron el problema, omitían los derechos de las comunidades y si avanzaban en algo lo hacían con lentitud.
Para Millán y sus compañeros, la búsqueda de Santiago Maldonado terminó siendo una excusa para militarizar la zona.
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Ivana Huenelaf fue secuestrada durante un operativo conjunto de la policía de Chubut y la Gendarmería, el 10 de enero de 2017, cuando fue a solidarizarse con los mapuches de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen que habían sido reprimidos. Le quebraron la muñeca y la torturaron durante su encierro en la comisaría de El Maitén, que duró varias horas. “Los vamos a desaparecer”, le decían. Santiago Maldonado no fue el primero: Iván Torres desapareció en 2003. Era mapuche. Ese mismo año desapareció Sergio Ávalos en Neuquén, Luciano González en 2009 también en Chubut, los hermanos Cristian y Genaro Calfullanca en 2013 en Cholila, Daniel Solano en 2011 en Río Negro. En 2014 en Chubut fue visto por última vez César Monsalves, de 13 años, sobrino de un testigo que incriminó a policías en la violación de un menor y fue asesinado. Su caso también está en la CIDH, organismo que condenó a Argentina en 2011 por la desaparición de Torres.
En Ivana pensó Moira Millán al momento de requisar al custodio del fiscal.
A la weichafe le pareció emblemático que la policía viviera (“aunque sea un poquitito”) de lo que su lamien vivió.
El momento en el que Millán cacheó al custodio fue registrado. Millán recibió amenazas: ella cree que temían que las fotos fueran publicadas. Le dijeron que la iban a matar, que iba a terminar “como Santiago”, y aunque supone que son policías, no piensa denunciarlo ante “esta” justicia.
Millán participó de la última asamblea de Ni Una Menos que se hizo en la localidad El Bolsón. Dice que el “femenicidio” indígena empeoró. Que está cansada, indignada, que se han convertido en un botín y que las mujeres que defienden el territorio son las primeras en sufrir los abusos.
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Millán está a punto de publicar una novela, que editará Planeta. Dice que será la primera novelista indígena. La trama habla de la llegada del ferrocarril, cuando el pueblo mapuche se convirtió en esclavo de la construcción de la Trochita, y también del amor entre una mapuche y un independentista irlandés.
En sus charlas Moira explica que la “cosmogonía mapuche del buen vivir” es “recuperar la reciprocidad y la armonía entre los pueblos y para con la naturaleza, es el respeto para cohabitar, es un pensamiento absolutamente revolucionario porque piensa las fuerzas de la naturaleza como sujetos de derecho, que un pueblo no padezca el costo de los privilegios de otro”. También dice que el “Estado argentino homogeneizante y racista” no reconoce la plurinacionalidad originaria y que hay 36 naciones que “tienen un derecho contundente”.
En los hechos cotidianos, Millán destaca que las celebraciones de los pueblos originarios no están contempladas en el calendario: si una mujer mapuche con un empleo público quiere faltar en el Año Nuevo mapuche, su falta no está justificada.
Las machis son autoridades espirituales y filosóficas, sanadoras de los cuerpos, para que las mapuche estén fuertes y sanas.
¿Santiago Maldonado compartía esta cosmogonía?
Millán explica que ellos no discuten la “propiedad”. Que la propiedad es sagrada para el huinca (el invasor), pero que para los mapuche lo sagrado es la vida, los animales, el agua.
Para los mapuche, las montañas, lagos y ríos “tienen espíritu”.
* Artículo publicado originalmente en Revista Anfibia
