Ajuste. Con ayuda judicial, el Gobierno frenó restablecimiento de las pensiones por invalidez

Tras el escándalo y manifestaciones debido a la baja de 170 mil pensiones no contributivas, el Gobierno había prometido reponer ese derecho. Pero aún había más de 100 mil damnificados que no habían recibido nuevamente las mismas. La Justicia, cercana al Gobierno y funcional a este brutal ajuste, falló ayer a su favor. El Poder Ejecutivo de los ricos, logró pararlo con una apelación favorable al oficialismo.

El Gobierno de Cambiemos, luego de garantizarse sueldos de privilegio, apeló la medida cautelar dictada a nivel nacional a favor de los damnificados que ordenaba restablecer las pensiones por invalidez que Macri ya había recortado.

Pese a que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, había asegurado que daría de alta la pensión a todos los que habían sufrido la suspensión o eliminación, más de cien mil titulares siguen sin recibir la prestación.

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Para más pesares de los pensionados, la jueza Adriana Camaratta, titular del Tribunal Nº 8 del juzgado de la Seguridad Social, otorgó la apelación con efecto suspensivo, por lo cual la cautelar no se aplica hasta tanto el tema se trate en la Cámara de Apelaciones.

“La apelación es una clara demostración de la falta de voluntad política de cumplir con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que, bajo el modelo social de discapacidad, reconoce el derecho a la protección social y a la vida autónoma (art. 28 y 19)”, según comunicó la Asociación REDI -que presentó la apelación antes mencionada- luego de conocerse la medida judicial.

Desde esa Asociación comenzaron a preparar un escrito para acelerar el proceso rechazando la apelación que presentó la cartera de Stanley. Lo hacen dado el carácter urgente que reviste la necesidad de los afectados de contar no sólo con los insuficientes 4000 pesos de asignación sino con los descuentos y cobertura sanitaria asociada a las enfermedades y las discapacidades de los daminificados.

El Ministerio de Desarrollo Social ya restableció la mayoría de las pensiones suspendidas este año, pero dejó sin reponer las quitadas en 2016. Según había reconocido la cartera que conduce Stanley en un comunicado oficial, el año pasado se eliminaron 90.000 pensiones no contributivas.

De acuerdo con cifras de la Fundación Soberanía Sanitaria, con la aceleración del proceso de eliminación y suspensión desde comienzos de 2017, la cifra ascendía a más de 175 mil, de los cuales el 72 por ciento corresponde a casos por invalidez, quienes además deben afrontar gastos de salud y sanitarios de hasta 40.000 pesos mensuales.

Al darse de baja o suspenderse ese ingreso, también se impiden los planes de cobertura de salud, tales como tratamientos de diálisis para las personas con insuficiencia renal crónica y farmacológicos inmunosupresores para pacientes trasplantados.

Ayer el Gobierno, con la ayuda del Poder Judicial, logró demorar una restitución de ingresos más que necesaria. Una nueva muestra de que el ajuste se hace a costa de sectores desprotegidos mientras que el gran empresariado sigue recibiendo todo tipo de favores.