Según las autoridades hay 41 mil 570 casos activos y con riesgo de contagio, lo cual mantiene activa la pandemia. A su vez, en el marco de la persistente negativa del gobierno a aplicar pruebas masivas y periódicas, se registraron 623,090 casos confirmados y 66 mil 851 muertes desde el inicio de esta crisis de salud. Los casos sospechosos aumentaron a 85,792.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Sábado 5 de septiembre de 2020
Para dar una idea, sobre una población de 127 millones de personas, la cantidad de pruebas aplicadas no llega a 1,410,000, cifra que resulta de sumar casos confirmados, casos sospechosos y casos negativos (700,502).
López-Gatell sostiene que hay un descenso continuo de la cantidad de casos desde hace cinco semanas. No obstante, reconoció que se puede avanzar a un escenario de disminución del ritmo al que se reduce los contagios pero que no se puede sostener un confinamiento por tiempor indefinido, ya que se combinan la crisis sanitaria con la crisis económica. Incluso señaló que así como en Europa se están dando rebrotes en algunas países -algunos más graves que la primera ola de covid-19-, eso puede darse en México.
Así justifican desde el gobierno de AMLO sostener la reapertura económica, aún cuando el fin de la pandemia se ve lejos, que beneficia a las trasnacionales y los empresarios, mientras las y los trabajadores enfrentan despidos, recortes salariales y una creciente degradación de las condiciones laborales.
Sólo la aplicación de pruebas masivas y periódicas a trabajadoras y trabajadores de los sectores esenciales -sobre todo cuando aún no hay vacuna- podría crear condiciones para una reapertura racional y segura para las mayorías, que permitiera detectar casos leves y asintomáticos, brindarles atención médica y aislamiento en condiciones dignas, una medida que podría contener la proliferación del virus SARS-CoV-2. ¿Cuántas vidas se hubieran podido salvar con esta política sanitaria?
Ante desempleo, promoción de “emprendimientos”
El invitado a esta conferencia vespertina fue Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, director general del Instituto Mexicano de la Juventud. Planteó el proyecto “Fábricas de economía solidaria”, entendidas éstas como espacios físicos para emprendimientos colectivos, cooperativismo y “economía social”. Para estos proyectos el Imjuve aportará 120 mil pesos por fábrica.
Estas “Fábricas de economía solidaria” se implementarán, en Estado de México, Tlaxcala, Zacatecas, Baja California Sur, Oaxaca, Quintana Roo, Chiapas y Veracruz, entre otros estados, y estarán vinculados a dos proyectos-estrella del gobierno de AMLO: el corredor interoceánico y el tren maya. El anuncio se hace en el marco de que cada año se incorporan a la población económicamente activa 1.2 millones de personas, mientras desde el inicio de la pandemia se han perdido millones de empleos, aunque AMLO afirma que la economía ya está repuntando.
Del discurso del titular del Imjuve se desprende que se trata de fomentar el autoempleo o cooperativas que podrían ser contratadas por las empresas que tienen las concesiones de los megaproyectos en el sur del país, orientados a agilizar el traslado de mercancías para las trasnacionales, y que no toman en consideración las necesidades de infraestructura básica de las poblaciones locales, como el acceso a agua potable y alcantarillado, por dar sólo dos ejemplos.
Es una medida que, con la promesa del autoempleo, naturaliza el ingreso de los jóvenes al mercado laboral sin ningún tipo de prestaciones por parte de las empresas. Es decir, no tendrán derecho a una pensión, ni al seguro social ni a vacaciones ni a aguinaldo.
Esto demuestra cómo continúa AMLO con la precarización laboral implementada por los gobiernos priistas y panistas.
