El gobierno está preocupado ante el rechazo a uno de sus proyectos emblemas de este año que busca aumentar los dineros a instituciones colaboradoras del SENAME, entre las que se encuentran Municipalidades e instituciones religiosas.
Sábado 17 de noviembre de 2018
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, junto a la directora nacional del Sename, Susana Tonda, visitaron una residencia de protección en La Pintana en donde Larraín indicó “Hacemos este llamado ahora, con urgencia, para que nadie se reste de apoyar a la niñez vulnerable o vulnerada, puesto que es un deber moral que tenemos todos los chilenos”.
Los dichos fueron dirigidos al Parlamento, esto luego de que la comisión de Familia de la Cámara de Diputados, rechazara ley del Ejecutivo -con votos de la DC-, que busca aumentar en un 25% la subvención estatal a las Residencias Colaboradoras. Argumentando -la comisión-, que el proyecto no contempla una fiscalización de los organismos, ya que no reconoce sus historiales de vulneraciones de derechos ni obliga a las instituciones a la contratación de personal especializado en la atención de menores.
Por su parte otras instituciones han valorado el rechazo a la propuesta pues acusan que “más plata para los organismos sin fiscalización, no es protección para los niños” ya que hoy en día la fiscalía investiga abusos y malversaciones de fondos en los centros. En este sentido el gobierno, lejos de responder al problema, lo que hace es aumentarlo, utilizando para ello un discurso de Derechos Humanos y deber moral.
En este sentido, la propuesta y retórica populista del gobierno busca inyectar más recursos a privados e instituciones que vulneran los derechos de los jóvenes y que además se benefician de los fondos para fines personales a costa de la miseria y vulnerabilidad de 5.620 niños que son atendidos por organismos colaboradores y que representan el 85% del total de niños atendidos por el SENAME.
