Reforma Laboral. Con esta reforma las precarias de la educación seguiremos subcontratadas y con convenios secuestrados

Llevamos dos días oyendo hablar de que el gobierno del PSOE y Unidas Podemos van a derogar la reforma laboral del PP. Es normal que entre muchas trabajadoras esta noticia cause cierta alegría y emoción. Aquella ley se convirtió en la principal herramienta de los empresarios para precarizarnos aún más o hacer despidos en masa en empresas con beneficios y sin ningún control, como pasó en Panrico en 2014 por poner solo un ejemplo.

Sin embargo, cuanto más se conoce del contenido concreto de esta supuesta derogación esa cierta alegría se desvanece. Anoche en La Sexta, Yolanda Díaz ya dijo que era “técnicamente” imposible hacerla. Una mala excusa para acabar reconociendo que no piensan tocar cuestiones tan importantes como la rebaja del despido improcedente o que los EREs tengan que contar con autorización administrativa.

Para las que trabajamos en sectores con una precariedad estructural los anuncios nos dejan un poco indiferentes. No porque no nos interesen, sino porque nuestras condiciones de trabajo eran ya hiperprecarias antes de la reforma laboral de 2012. Y lo eran gracias a las reformas anteriores de Felipe González, Aznar y Zapatero, esas que ni el PSOE ni Unidas Podemos, pero tampoco las direcciones burocráticas de CCOO y UGT se plantean tocar ni una coma.

Las precarias de la educación: subcontratación a cargo de la administración pública

Es el caso de las trabajadoras precarias de la educación. Las monitoras de comedor, de extraescolares, de servicios como la limpieza o la cocina, el acompañamiento a alumnos con necesidades educativas especiales... Una verdadera legión de trabajadoras precarias que a veces constituimos hasta el 40% de la plantilla de las escuelas públicas.

La reforma de la reforma, valga la redundancia, nos va a dejar igual en muchos de nuestros grandes problemas. Así pasa con la cuestión de la subcontratación. Este es uno de los temas que se ha prometido revisar y limitar, aunque no han dado ningún detalle de como y hasta donde.

La propuesta y el discurso es volver a un marco como el previo a 2012, que la limite a actividades no estructurales. Sin embargo, aquel marco ya permitía que todas nuestras actividades fueran dejadas en manos de empresas privadas. A nosotras se nos viene aplicando esta forma de precarización desde finales de los años 90.

Quien lo hace son nada menos que las administraciones públicas, que son las campeonas en la contratación temporal – el 25% del total – y el abuso fraudulento – como han hecho con las interinas -. Acabar con nuestra subcontratación implicaría pasarnos a plantilla laboral pública, pero esto choca con las limitaciones a la contratación que impone Bruselas para contener el gasto público estructural. Como esta reforma esta hecha para conseguir que sigan llegando los fondos de la UE, todo apunta que no se cuestionará en absoluto esta limitación que nos deja a nosotras en manos de las empresas contratistas.

Convenios precarios “secuestrados” por la patronal

En el otro gran eje de reforma, la negociación colectiva, también parece que nos van a seguir dejando indefensas ante la patronal. Algunas de nosotras ya vieron como sus convenios colectivos caducaban en estos años por no tener la clausula de ultractividad y pasaban a otros de rango superior con condiciones aún más bajas. Ahora dicen que se recuperará la ultractividad, pero ¿van a restablecer los convenios que fueron liquidados en estos diez años? En absoluto. No habrá pues recuperación de derechos para todas estas compañeras.

Otras, como nos pasa en Catalunya, hemos logrado mantener el Convenio del Lleure por tener la ultractividad recogida en el texto. Ahora bien, el bloqueo de la patronal se ha seguido ejerciendo hasta el día de hoy. Nuestro convenio caducó en 2011, hace 10 años, que se dice pronto. No se ha podido renovar porque la patronal podemos decir que “secuestró” nuestros salarios. Si queríamos renovarlo, y que las nóminas se actualizaran, teníamos que entregar derechos. Este es el chantaje que sufrimos, como sucede en otras muchas empresas y sectores.

Permisos, jornada y otros derechos es el “rescate” que pide una patronal que tiene entre sus principales empresas a gigantes del tercer sector como Fundesplai o la Fundación Pere Tarrés. Así actúa la patronal del “sector social”.

Mientras tanto nuestros salarios han sido congelados desde el 2016. Hubo un acuerdo retroactivo de super mínimos de un 1% en 2019. En las negociaciones que se llevan adelante la patronal exige extender la congelación hasta septiembre de 2022, cuando nos darían la “propina” de otro 1%. Un insulto en un momento donde la inflación interanual ya supera en 5%, con gastos como la luz, los combustibles o la comida disparados.

El poder casi absoluto de la patronal para bloquear la renovación del convenio y las tablas salariales se mantiene en la propuesta de reforma. Se habla de recuperar la ultractividad, cuando la mayoría de los convenios que la perdieron han desaparecido. Se habla de que prime el convenio sectorial sobre el de empresa, lo cual está bien, pero ¿Cómo poder forzar a que la patronal no tenga estas palancas de chantaje?

La única forma sería mediante la obligatoriedad de una revisión salarial anual automática de acuerdo con el aumento del coste de la vida, de la misma manera que reivindican las mareas de pensionistas para las pensiones y que el “pensionazo” de Rajoy eliminó. El gobierno “progresista” no solo no incluye esto en sus planes, sino que incluso donde le toca también aplica subidas salariales por debajo del IPC, como la del SMI o el 2% de las nóminas de las trabajadoras públicas recogida en el proyecto de Presupuestos.

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De las direcciones burocratizadas de los grandes sindicatos no podemos esperar mucho. Llevan años sentadas, literalmente, en mesas de negociación, sacando migajas, como los 15 euros del SMI de este año, a cambio de avalar al gobierno y dejar pasar una caída de derechos que no parece tener límite.

Es necesario denunciar esta política y exigirles un plan de lucha que incluya entre sus reivindicaciones derogar las reformas laborales del PP y el PSOE, pero también conquistar demandas como la prohibición de la subcontratación, una recomposición salarial que pase por subidas lineales de 500 euros de todas las categorías y la actualización automática de salarios según el coste de la vida cada año.