El martes la Mesa del Sector Público dio inicio a la negociación anual de reajuste del sector. Demanda un aumento salarial del 7,5%, buscando equiparar con el aumento de los costos de vida. En vez de ser recibidos por el gobierno en Santiago, sufrieron una fuerte represión a las afueras de La Moneda, impidiéndoles a los sindicatos presentar su petitorio. Dirigentes calificaron la violenta recepción como “inédita”, “la primera en la historia de esta negociación”.
Viernes 22 de octubre de 2021
Las cúpulas de 16 organizaciones sindicales que componen la Mesa del Sector Púbico (MSP) [1] iniciaron una breve marcha desde la Alameda hacia el Ministerio de Hacienda en Teatinos. Antes de llegar fue cortada por vallas papales, gases lacrimógenos, agua ácida de guanaco y un agresivo contingente de fuerzas especiales que golpeó y tomó detenidos.
Si bien a finales de noviembre la mesa comenzaría a negociar de manera directa con el gobierno, esta semana adelantaron su petitorio. Comienzan pidiendo un reajuste de 7,5% nominal de los salarios para el 2022, más bonos y asignaciones. Restando la inflación de este año proyectada por el Banco Central, que es de un 5,7%, este aumento salarial equivaldría a un 1,8% real. Nada si lo comparamos al crecimiento económico de Chile este año, que el mismo BM calcula que cerrará entre un 10,5% y un 11,5%. Menos que nada si es que las burocracias sindicales se disponen a ir bajando esa demanda transando con el gobierno, como ha sido la costumbre los últimos años.
Recordemos que en las negociaciones del año pasado el reajuste terminó siendo de un 2,7% nominal, exceptuando los altos cargos. El más bajo en 20 años. Mientras las grandes fortunas como el presidente Piñera acrecentaron sus ganancias, mientras su gobierno pagaba rescates millonarios a bancos y empresas, la mesa del sector público, dirigida por sectores ligados al FA, PC y ex-concertación, aceptó ese ajuste frente a una inflación que ese año superó el 3%. Los mismos que pactaron la ley de "protección" del empleo con los partidos de los 30 años, asegurando la suspensión de millones de trabajadores pagadas con sus ahorros individuales y el rescate a los empresarios a costa del tesoro público ¡aceptaron un reajuste que disminuye los salarios reales de los trabajadores tras un año crítico y de pandemia!
Hoy, con la colusión de facto de los oligopolios como el gas y la falsa "independencia" de la política monetaria del Banco Mundial -aunque Boric salga a defenderla-, los sectores empresariales que gobiernan a través de los partidos de los 30 años suben los precios como una amenaza frente a las demandas de los trabajadores.
Ahora la Mesa del Sector Público, parte su negociación con una movilización por arriba y un petitorio con un reajuste exiguo, temerosa frente a un gobierno criminal con un presidente multimillonario que fuga capitales y evade impuestos en paraísos fiscales. Sin exigirle nada inmediato a los convencionales, para que pongan su tribuna a disposición de la lucha. Convencionales cuyas dietas además de ser más altas que los ingresos del 97% de los ocupados en el país -aunque sean un tercio de las de los parlamentarios-, se pagan en UTM, corrigiéndose mensualmente según la inflación ¿Por qué ese privilegio no podría ser un derecho de todos los trabajadores?
Por la unidad de las luchas coordinando la movilización desde las bases y un pliego único de demandas
Los partidos de los 30 años, aunque con importantes crisis en las alturas, están todos haciendo esfuerzos por recomponer su orden resquebrajado por la revuelta. Estamos en un periodo electoral, en medio de un proceso constituyente que cada vez muestra más sus límites impuestos por el Acuerdo por la Paz. Donde los poderes constituidos fortalecen su control sobre ella, y la derecha pese a ser minoría, endurece su ofensiva frente a una izquierda que le cede cada vez más.
Por otra parte sectores de la clase trabajadora y el pueblo hoy presentan luchas frente a la intransigencia del gobierno y la dureza de la represión y criminalización.
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Lo vimos el martes, con los pescadores artesanales en Valparaíso a quienes la marina reprimió brutalmente. Lo vimos la semana pasada con el paro de los profesores contra el veto de Piñera. Lo vimos con los trabajadores de salud que denuncian en todas partes los despidos masivos. También lo hemos visto en trabajadores de “primera línea” de la pandemia como en la combativa huelga del Sindicato Siglo XXI de trabajadoras y trabajadores del aseo en el hospital de Antofagasta. Las y los trabajadores de Mantos de la Luna y Albemarle en la región de Antofagasta; trabajadores de la Corporación Municipal de Puente Alto, los portuarios de Quinteros; las y los trabajadores del comercio como en Tottus que tuvieron una dura huelga y ahora en sectores del comercio que se han movilizado por la reducción de su jornada laboral.
Lo vimos el lunes en las movilizaciones en todo el país en el marco del segundo aniversario del estallido, recordando que ninguna demanda de octubre ha sido resuelta, y en los sectores movilizados por la libertad de las y los presos de la revuelta, a quienes nuevamente el parlamento vuelve a cerrar la posibilidad del indulto. Lo vemos en las comunidades mapuche que resisten la ofensiva militar en el Wallmapu.
Frente a todas estas luchas dispersas es necesario sobre todo la unidad en la movilización y la organización desde las bases. El aislamiento de los sectores en lucha, en este contexto, permite que el gobierno, los partidos del orden, la represión policial y la prensa golpeen con mayor dureza sobre cada sector dividido.
No sirve que mientras se desarrollan estas luchas, los convencionales electos por el pueblo se limiten a respetar las reglas de esa tercera cámara exclusivamente redactora constitucional. No sirve que las candidaturas parlamentarias y presidenciales que se dicen de izquierda se dediquen a calcular los votos y no disponer sus tribunas para impulsar las luchas desde las calles y puestos de trabajo. No sirven los gestos por arriba y las negociaciones a puertas cerradas de las burocracias sindicales, que estos mismos partidos dirigen.
Desde La Izquierda Diario y las candidaturas del Frente por la unidad de la clase trabajadora creemos que es urgente una coordinación con un plan de lucha y un pliego único de demandas. No hay otra manera de vencer frente a problemas estructurales que son transversales.
[1] Las organizaciones de la Mesa del Sector Público son: AJUNJI, ANEF, ASEMUCH, Colegio de Profesores A.G., CONFEMUCH, FENAFUCH, FENAFUECH, ANTUE, FAUECH, CONFUSAM, CONFENATS, FENATS Unitaria, FENTESS, Confederación FENATS Nacional, CONFEDEPRUS, FENFUSSAP.