Con una completa omisión de las demandas de los estudiantes el gobierno de la derecha, con Cubillos a la cabeza, insiste en realizar la PSU hasta las últimas consecuencias.
Lunes 27 de enero de 2020
Este 27 y 28 de enero, serán 127.471 estudiantes que deberán rendir por primera vez o repetir la prueba de selección universitaria (PSU). La prueba había sido suspendida en algunos locales después de las manifestaciones en contra de la prueba el 6 y 7 de enero.
Las declaraciones de la ministra de educación Marcela Cubillos no mencionan en ningún momento el legitimo cuestionamiento a la prueba y su rol segregador, en cambio todo gira en torno al boicot. En los medios hemos visto repetir una y otra vez la versión oficial donde un grupo minoritario de jóvenes violentos vulneraron el derecho a rendir la prueba, a una mayoría de jóvenes esforzados.
La PSU es una prueba rechazada por su estrecha relación con la educación de mercado impuesta por la dictadura militar donde se realizaron a punta de cañón importantes modificaciones al sistema educativo chileno imponiéndole reglas propias del mercado. Lejos de ser un derecho como la derecha quiere pretender, la prueba de selección universitaria es un instrumento para filtra a los estudiantes.
Es necesario mencionar que antes del estallido social del 18 de octubre las demandas de estudiantes y trabajadores de la educación ya eran conocidas e ignoradas. El estallido social fue algo inevitable dentro de un régimen que ha hecho imposible la discusión de las demandas sociales por 30 años. Además de que la juventud no tiene espacios de participación, deliberación y decisión. El proceso de convención consituyente niega la participación a la juventud que despertó a Chile, consecuente a esto no es de extrañar que sea esta la forma en que se manifiesten contra la prueba.
Si ponemos en perspectiva que la educación chilena se desarrolla en un contexto de profunda desigualdad, donde el 1% de la población concentra el 26% de las riqueza, la brecha educacional entre escuelas privadas altamente elitistas y escuelas públicas que se encuentran en constante deterioro es evidente y el sistema de educación de mercado se asegura de preservar esta brecha con filtros como la PSU.
Lejos de ser un proceso pedagógico que permita una conclusión de 12 años de preparación académica que permita probar a los estudiantes sus propias capacidades. La PSU es una herramienta metodológicamente arcaica que se mantiene porfiadamente por su utilidad al momento de excluir. No existe tal cosa como el derecho humano a dar una prueba de selección muy por el contrario la PSU vulnera los derechos humanos al ser excluyente y discriminatoria.
Es natural que toda una generación se rebele contra esta prueba, pero el nublado juicio de la derecha es claro militarizar los locales de rendición con miles de efectivos policiales que desde las 9 de la mañana contaran con total libertad de actuar dentro y fuera de los establecimientos. Una red de seguridad que involucra el trabajo en conjunto de carabineros y PDI para poder reprimir cualquier manifestación en contra de la prueba.
Cubillos declara ante la prensa que se siente frustrada porque según ella hay jóvenes llamando nuevamente a la violencia. Pero los hechos muestran una clara ofensiva por parte del ministerio contra la juventud. Con 86 estudiantes marginados del proceso y con la presencia policial en los locales donde se realizarán las pruebas, tal parece que la violencia si esta bien cuando viene del estado.
No es extraño que la ministra Cubillos no sea capaz de entender la educación, sus problemas y necesidades. No sólo porque es abogada de profesión. Sino que política e ideológicamente Cubillos es una militante de derecha fanática y defensora de la dictadura militar.
