Indolente y oportunista muestra la PGR la identificación de Jhosivani Guerrero, primero a la prensa y luego a los padres, en un intento por afianzar la versión oficial sobre la desaparición de los normalistas.
Sandra Romero México | @tklibera
Sábado 19 de septiembre de 2015
Tras el anuncio de la identificación de Jhosivani Guerrero presentada por la Procuraduría General de la República (PGR), no podemos ignorar dos hechos relevantes: la cercanía del aniversario de la desaparición de los normalistas y el alcance de las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dado a conocer hace unas semanas.
En vísperas de una movilización nacional convocada por los padres, a un año de los hechos y anticipando el evidente impacto internacional que puede alcanzar el tema en redes sociales aparecen estos resultados.
Es evidente la urgencia de recomponer la legitimidad del gobierno y es lamentable que la probable identificación de Jhosivani sea un intento por fortalecer la versión oficial sostenida por la Procuraduría desde que tenía a Murillo Karam al frente.
Además, el informe técnico presentado por la procuradora Arely Gómez, abre una interrogante entre el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que expresó sus dudas sobre los análisis realizados en Innsbruck, Austria.
Sin certeza el origen de los restos en Río San Juan
Desde octubre los expertos cuestionaron el origen de las muestras recolectadas en el Río San Juan, que se dio en ausencia de investigadores independientes y hoy podría ser un hecho determinante que explique la manipulación del caso por parte del gobierno.
Además, el grupo independiente considera que las pruebas del Instituto universitario en Austria no pueden tomarse como definitivas en la identificación de Jhosivani Guerrero de la Cruz, debido a su “baja probabilidad en términos estadísticos”.
Los familiares de Jhosivani también ponen en duda el resultado entregado por la Universidad de Innsbruck y coinciden con los expertos independientes en la baja posibilidad que arrojan los propios resultados.
En el caso de los padres de Alexander Mora Venancio, cuyo resultado se entregó en diciembre, habría existido una coincidencia fuerte y clara con el ADN familiar, pero en el caso de la identificación cercana a Jhosivani, se considera “baja en términos estadísticos”, por la proximidad genética a la línea cromosómica materna, que sin embargo fue alcanzada por un análisis distinto a causa del deterioro de los restos.
Aún cuando la identidad del segundo normalista fuera la indicada, el telón de fondo en este caso, es la impunidad latente implementada por el propio gobierno, la protección de las autoridades responsables que quitaron al gobernador Ángel Aguirre y al exprocurador Murillo Karam, sin fincarles responsabilidad por su participación y negligencia, respectivamente, más el encubrimiento de las fuerzas policiales y militares que avalaron.
Una vez más resalta la indolencia en el manejo del caso y las redes de complicidades existentes, donde los familiares de Alexander y Jhosivani fueron notificados unos minutos antes de la conferencia de prensa y en otros momentos la información se filtró previamente a los medios de comunicación.
Un solo camino es posible a un año de Ayotzinapa
En vísperas de la reunión de los padres de Ayotzinapa, con Enrique Peña Nieto, ninguna expectativa plantea este encuentro. Por el contrario, el segundo normalista aparentemente identificado ha sido utilizado a conveniencia política, un año después de su desaparición, para simular una investigación que fue manipulada desde el principio.
Es evidente que el gobierno pretende con esto responder a los cuestionamientos sobre su “verdad histórica”, así como a las conclusiones de los peritos independientes y los padres de los normalistas.
Los últimos hechos demuestran que el camino abierto por cientos de miles de personas frente a la desaparición de los normalistas es el correcto: hay que desarrollar la movilización y organización en las calles hasta lograr la caída de este gobierno y régimen criminal, cómplice y partícipe de desaparición forzada, vínculos con grupos paramilitares y asociación con el narcotráfico.
