Conflicto entre mineros cooperativistas y gobierno deja cinco muertes, cuatro mineros cooperativistas y la del viceministro de Régimen Interior. A los más de 100 detenidos se suma la detención preventiva de seis cooperativistas acusados del asesinato del viceministro.
Lunes 29 de agosto de 2016
Detención de más de 100 cooperativistas mineros en la ciudad de Oruro.
Foto: Edwin Choque
El miércoles 11 del mes en curso, la Federación de Cooperativas Mineras (Fencomin) inició el bloqueo de carreteras que terminó, el viernes 26, con la muerte del viceministro de Régimen Interior y Policía, Rodolfo Illanes, y de cuatro mineros cooperativistas. A esto se suma la detención preventiva de seis cooperativistas acusados del asesinato del viceministro.
Ante estos hechos el presidente Evo Morales afirmó este sábado que su gobierno volvió a “derrotar un golpe de estado” (…) “una conspiración que usaba una supuesta reivindicación” (…) “Otra vez el gobierno nacional, el gobierno en este caso ha derrotado un golpe de estado, de eso estoy convencido y saben los dirigentes. No si es un problema de Evo, pero no trato de investigar anticipadamente qué está pasando…Eso (del bloqueo) es algo preparado, algo planificado”.
En esta misma línea, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que “El objetivo estratégico de esta conspiración era derrocar o cuando menos debilitar al Gobierno para usurpar los recursos naturales. Esta etapa de planificación supone que Fencomin cuenta con asesores con militancia en la derecha” (…) “Estos asesores rápidamente salen a luz en el momento en que denunciamos que los cooperativistas mineros, a través de la movilización pretenden imponer la consolidación de contratos suscritos con empresas transnacionales modificando el régimen legal en materia de minería y trastocar el contenido de la CPE y restituir el proceso de privatizaciones de las áreas mineralógicas”.
Bajo estos argumentos el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), pretende no asumir responsabilidad frente a los hechos de muerte de cuatro mineros y del mismo viceministro. Lo que hizo el gobierno de Evo Morales fue hacer uso de la fuerza del Estado burgués para recordar que es a través de la policía y de las fuerzas armadas que va a poner “orden” ante cualquier intento de cuestionamiento a su gobierno que legitima el orden burgués, el orden de los ricos, el orden de las transnacionales. Sabemos que la creciente criminalización de la protesta social y su judicialización va siempre contra los trabajadores asalariados, los campesinos y el pueblo pobre. Por lo mismo, rechazamos la salvaje represión estatal que viene ejerciendo el gobierno que no sólo tiene detenidos a más de 100 cooperativistas mineros, sino que luego de la muerte de Illanes ha llevado a cabo allanamientos, el cierre de la radio minera cooperativista "Fedecomin" y el acoso a algunos periodistas que dieron a conocer la muerte de Illanes antes de su confirmación oficial.
Es más, el gobierno quiere ocultar con un discurso antiprivatizador y antimperialista las concesiones que ha dado a las transnacionales a través de los beneficios que tienen los cooperativistas. Cómo se explica esto: Si bien el artículo 151 de la Ley Minera (ley número 573) prohíbe contratos entre cooperativas y empresas privadas, el artículo 152 complementa, señalando que en caso de haber contratos entre privados, éstos deben ser autorizados por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). Es decir, los cooperativistas pueden hacer contratos con quien quieran, pueden hacer los contratos que les dé la gana, con la sola condición de que informen al Estado y tengan la venia de éste, y ¿cómo lo logran? a través la AJAM.
Como señala Pablo Villegas del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB): “A las empresas (transnacionales), les resulta más conveniente asociarse con las cooperativas y comprarles mineral. Ahí está el negocio. Dado que las cooperativas tienen privilegios tributarios, las transnacionales prefieren dejar que ellas hagan el trabajo. Es un gran negocio asociarse a las cooperativas, porque sólo pagan la regalía, y su régimen laboral es de principios del siglo pasado”.
Tras la muerte del viceministro Rodolfo Illanes, el gobierno declaró duelo nacional, se realizaron homenajes con misa incluida en el Palacio de Gobierno, y, en un gesto demagógico, el Presidente Evo Morales lo declaró “Héroe y defensor de los recursos naturales del país”. Nada se dijo de los mineros muertos, gente humilde a quienes no se les paga ningún tipo de beneficio social, jubilación o seguro de trabajo; gente humilde que trabaja en negro y en situación precaria para beneficiar a los empresarios cooperativistas en sociedad con las transnacionales. Es el gobierno y los empresarios cooperativistas quienes tienen que asumir la responsabilidad de la muerte de los cuatro mineros.
Frente a la explotación y opresión patronal cooperativista que cuenta con el visto bueno del gobierno se debe llevar a cabo la nacionalización de las minas sin indemnización y su puesta en marcha bajo administración obrera colectiva; frente a la criminalización de la protesta social y la salvaje represión estatal al conjunto de la clase obrera y los trabajadores, hay que imponerle a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) romper el pacto con el gobierno e iniciar movilizaciones como parte de un Plan de lucha nacional que unifique a los mineros con los trabajadores fabriles y de servicios, así como también con los campesinos, estudiantes y el pueblo pobre, para enfrentar el ajuste, los despidos y la brutal represión estatal.
Finalmente, instar a los mismos cooperativistas mineros de base y precarizados para que luchan por las más amplias libertades democráticas dentro las cooperativas: derecho a la organización, a la protesta, a formar sindicatos y a la huelga.
Por un Plan nacional de lucha para imponer la nacionalización sin indemnización de toda la minería transnacional y cooperativizada!!!
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