Ha vuelto la Liga de fútbol y con ella las apuestas deportivas, favorecidas por el Gobierno y el Ministerio de Consumo de Alberto Garzón, al derogarse la prohibición de lucir publicidad de casas de apuestas durante los partidos. Se vuelven a poner los beneficios por delante de todo. Al mismo tiempo, el PP en la Comunidad de Madrid plantea rebajas fiscales para las casas de apuestas mientras PSOE y Más Madrid miran para otro lado.
Jaime Castán @JaimeCastanCRT
Martes 16 de junio de 2020
Con el avance de la desescalada se reanudan las competiciones deportivas, entre ellas la Liga Santander de fútbol, la competición que más atención atrae en el Estado español y especialmente para las casas de apuestas. A este respecto, el Ministerio de Consumo de Alberto Garzón, de escasas competencias y creado exclusivamente para él, ya defraudó cuando anunció en su momento las medidas que se iban a tomar contra las casas de apuestas, una lucha sentida en los barrios populares y por las asociaciones contra la ludopatía. Prácticamente lo único que se esperaba de este Ministerio eran medidas contundentes contra esta lacra, pero Garzón sólo planteó un nuevo marco regulatorio con tibias restricciones horarias en cuanto a la publicidad. La crónica de una decepción anunciada.
Durante la pandemia y el confinamiento el Ministerio de Garzón comunicó la prohibición de la publicidad de los juegos de azar y de apuestas en cualquier soporte publicitario. Sin embargo, una nueva normativa aprobada estos días por el Consejo de Ministros deroga las restricciones, por lo que los clubes deportivos pueden exhibir la publicidad que tengan contratada durante los partidos. De esta forma, cuando no era posible jugar partidos por el confinamiento, se prohibió la publicidad en las camisetas, ahora que se reanuda la Liga, se levantan las restricciones. Nuevamente, un ridículo absoluto y vergonzoso del “ministro comunista” y de un Gobierno “progresista” que no cuestiona los intereses ni siquiera de un negocio tan claramente nocivo e intolerable que destroza a miles de familias.
Del mismo modo, el plan de desescalada del Gobierno permite reabrir estos locales al 50% de aforo a partir de la fase III, que ya se ha alcanzado en casi todo el Estado. Todavía está pendiente sin embargo cómo se va a regular este negocio que ha sido comparado con lo que supuso la heroína en los años ochenta, por los estragos que genera en la juventud y sobre todo en los barrios populares. Estas semanas la Comunitat Valenciana introdujo tibias restricciones, aunque con los votos en contra del PP, Ciudadanos y Vox, como la separación de 850 metros entre los salones de juego y los centros educativos.
La Comunidad de Madrid dirigida por el PP tiene pendiente modificar su regulación de las casas de apuestas, pero estos días conocíamos que se podrán acoger como otras empresas a medidas para pagar menos impuestos. Los salones recreativos, casinos y bingos pueden descontarse un 25% del recibo del el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y otro 25% del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Más Madrid y PSOE manifestaron que no estaban de acuerdo con este punto, pero finalmente se abstuvieron en la votación porque les aceptaron algunas enmiendas, como la de excluir de las ventajas a las empresas radicadas en paraísos fiscales. Este es el rol de los partidos “progresistas” y sus claros límites.
En Madrid las casas de apuestas se beneficiarán de rebajas fiscales con la abstención de PSOE+Más Madrid. Mientras la patronal del juego se frota las manos, la reapertura de estos locales en fase III es un peligro para la salud pública #SuLucroNuestraRuinahttps://t.co/RpG6lIdI9L
— Apuesta por Madrid (@apuestaXmadrid) June 15, 2020
El negocio de las apuestas deportivas y de las casas de juego debe ser enfrentado con la mayor contundencia. La patronal se enriquece a costa de explotar a la clase obrera, pero no le es suficiente e incita al juego y a las apuestas, tentando con la posibilidad de hacer “dinero fácil”. Una auténtica estafa que se aprovecha de las debilidades de las personas y que lo único que hace es aumentar la miseria y extender la ludopatía. Es incitar a la ruina absoluta, un crimen en definitiva del que colaboran empresas, clubs deportivos e instituciones y gobiernos.
Sin embargo, la “izquierda progresista” apela a tímidas restricciones que no van a ningún sitio, presionada por los intereses capitalistas que hay detrás. El Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, al tiempo que plantea un Ingreso Mínimo Vital totalmente insuficiente, sigue permitiendo que el negocio del juego acumule millones de beneficios, como continúa sin cuestionar las ganancias e intereses del conjunto de las grandes fortunas y empresas a las que sigue inyectando miles y miles de millones de euros de dinero público a través de rescates, créditos y ERTEs.
