En pandemia y crisis económica, este 12 de octubre el Gobierno dejó 150 familias sin techo al desalojar los precarios La Bendición 1 y La Bendición 2 con un despliegue de fuerzas policiales que destruyeran las viviendas.
Miércoles 13 de octubre de 2021
El hecho ocurrió a propósito de un proceso judicial que se encontraba abierto desde el 2014, en el que la Junta de Protección Social (JPS) se reclamaba como dueña de los terrenos en los que se encontraban los precarios La Bendición 1 y La Bendición 2.
El proceso falló a favor de la JPS, dándolo por finalizado este martes con el desalojo de las 150 familias, por parte de un gran despliegue de fuerzas policiales, quienes se presentaron al lugar con máscaras antigases, criminalizando a los más pobres en los precarios. Además, como parte de las medidas para obligar a las familias al desalojo, dentro de quienes se encuentran niños, niñas y personas adultas mayores, les suspendieron el servicio de agua potable.
Las fuerzas policiales no tuvieron reparo en el desalojo, apelando a que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) brindaría una pronta asistencia a las familias. Sin embargo, tal como relata María Sánchez “nunca hemos tenido ayuda de nadie, fuimos al PANI (Patronato Nacional de la Infancia) y no nos da ninguna solución, porque dice que las casas son un precario, pero uno no tiene a donde ir a parar, uno no tiene ayuda del IMAS, ni del PANI, de ninguna institución”.
Por otro lado, las declaraciones del IMAS en cuanto al desalojo son mucho más que una burla para las familias afectadas, pues esta institución afirmó que espera que “dicho proceso se realice dentro del marco jurídico competente y establecido en Comisión de Atención Interinstitucional de Desalojos (…) y en apego a los derechos humanos de las familias”. Pero no dice ni una sola palabra frente a la brutalidad que significa desalojar familias enteras y destruir sus pertenencias, lo cual es aún más difícil en medio de la crisis económica actual, en donde el gobierno lleva adelante una política de ajustes que empobrece y precariza aún más las condiciones de vida de la clase trabajadora.
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Marvin, uno de los residentes del lugar, afirmó que “hoy en la mañana nos cayó la Muni, un ejército completamente, nos cayó, nos inundó y nos están diciendo que nos dan 24 horas, 8 horas o 4 horas para que desalojemos, quitemos las latas, que recuperemos las cosas que tenemos acá”. A propósito de qué pasará luego del desalojo, y tomando en cuenta que tiene hijas, afirma que “en este momento no sé qué va a pasar (…) el IMAS dijo que supuestamente se iba a hacer presente, pero no se ha hecho presente”.
Además, la policía informó que solo en San José existen 58 precarios, ante los cuales no descartan posibles desalojos, como es el caso de Esparza y Alajuelita, en donde ya existen órdenes judiciales para obligar a las familias a desalojar sus viviendas. En el caso de Alajuelita, las familias ya anteriormente se han manifestado en contra de que “haya instituciones del Estado desalojando familias”. También han manifestado solidaridad con el desalojo en Pavas, pues, como afirman “estas personas están en precarios no por gusto, sino porque no pueden pagar un alquiler, que tomen en cuenta los efectos de la pandemia. Hoy viven en humildes ranchos con niños y los van a mandar a la calle a contagiarse y morir. La Junta de Protección Social no protege a la familia”; también se preguntan “¿Dónde van a reubicar a esta gente si la echan? Es inescrupuloso hacer eso”.
Daisy Chavarría, habitante del asentamiento en Alajuelita, afirmó que esperan que luego del desalojo de Pavas, se continúe con el desalojo de Alajuelita, pese a que “el presidente se comprometió a dar vivienda digna”.
Estos hechos muestran de qué lado están los intereses del gobierno y las instituciones del Estado, pues, aunque la finca de la JPS “solo sirve para tener pastando a los caballos de la Fuerza Pública”, prefieren desalojar familias que no tienen recursos para vivir dignamente en otro lugar. Se demuestra la complicidad de las instituciones estatales que defienden la propiedad privada por encima de las condiciones de vida de las personas de clase trabajadora.
También se demuestra el carácter de los programas asistencialistas que con sus múltiples medidas burocráticas no hacen sino contener o profundizar la pobreza, la miseria y la violencia estructural que se vive en las sociedades capitalistas, con todos los ajustes que el gobierno y el FMI implementan sobre la clase trabajadora.
Hay ejemplos a lo largo del mundo, en los que la clase trabajadora lleva adelante una pelea por vivienda digna, enfrentándose a desalojos y fuertes represiones policiales por parte del gobierno, pero que demuestran que la pelea por la vivienda debe pasar por la auto organización de los mismos trabajadores y trabajadoras, como fue el caso de Guernica, y, en Berlín, donde más de un millón de la población votó a favor de la expropiación de los grandes especuladores inmobiliarios, a propósito del gran descontento con respecto a los altos precios de los alquileres.
Basta de ciudades con casas sin personas y personas sin casas donde vivir, problemática que afecta a gran sector de la clase trabajadora, a las mujeres que son víctimas de violencia patriarcal y no pueden independizarse económicamente de su agresor, también a la juventud precarizada cuyos salarios no les alcanza para vivir ni independizarse. No más desalojos a familias sin techo.
Es fundamental el no pago de la deuda externa e impuestos a las zonas francas y gran capital, para poner en marcha un plan de obras públicas y viviendas, controlado por las y los trabajadores y organizaciones sociales y políticas, para garantizar vivienda digna a la clase trabajadora, las mujeres y la juventud; además de garantizar jornadas de 6 horas para acabar con el desempleo y la precariedad de la vida.
