Se aprobó el ajuste fiscal pactado entre la gobernadora de Santa Cruz y el Gobierno nacional, que va a traer grandes padecimientos a los trabajadores santacruceños.
Ernesto Zippo Trabajador de Correo Argentino | MAC Rio Gallegos - Sta Cruz
Viernes 29 de diciembre de 2017
Desde hace meses intentaban aprobar el paquete de medidas que el Gobierno nacional exigía para poder financiar la grave crisis política y económica que atraviesa Santa Cruz.
La mayoría de los trabajadores de la administración pública de la provincia tienen sueldos por debajo de la línea de la pobreza a causa de los magros aumentos salariales y a esto se suma el atraso del Gobierno provincial en abonar los salarios mes a mes. El último salario correspondiente a noviembre no fue depositado en su totalidad y no hay fecha precisa de los aguinaldos, como ocurre con los docentes, estatales, judiciales, municipales, salud y jubilados.
Bajo la excusa de que la provincia de Santa Cruz necesita ser financiada para poder cubrir con responsabilidad, las demandas salariales es que aprobaron el paquete de medidas que se aprobó en la Legislatura provincial.
Entre los puntos más importantes del paquete está la medida del régimen previsional de los trabajadores de la administración pública, que quedará con un recorte importante en sus conquistas históricas como la eliminación de algunos derechos de beneficios adquiridos. Este punto fue el más repudiado por los trabajadores, que varias veces se movilizaron para impedir que se apruebe, incluso con represiones similares a la ocurrida este viernes por la mañana, como los sucesos del 29 de diciembre del 2011 con Daniel Peralta como gobernador. Y la reciente represión que ocurrió en la Casa de Gobierno durante el mes de abril.
A la Legislatura sólo asistieron 19 diputados provinciales, de los cuales 16 votaron a favor y 3 en contra. En un claro pacto, el Frente para la Victoria y Cambiemos consensuaron la aprobación de este paquete de medidas que son un ataque a las condiciones de vida de la clase trabajadora y los sectores populares.
Mientras tanto en las afueras de la Legislatura eran reprimidos brutalmente por la Policía Provincial manifestantes de gremios y agrupaciones de jubilados. Los balazos de goma dejaron varios heridos, entre ellos dos jubiladas y una docente que debió ser atendida de urgencia en el quirófano para extraer las balas de goma alojadas en su cadera.
Hace dos semanas atrás el kirchnerismo repudiaba a viva voz la represión a los manifestantes que protestaban en las inmediaciones del Congreso Nacional y la militarización que impedía acercarse al histórico edificio mientras en la Cámara de Diputados se debatía la reforma previsional que le roba $ 100.000 millones a nuestros jubilados y nuestros pibes. Pero aquí en Río Gallego hicieron lo mismo (y no es la primera vez), con el mismo objetivo: aprobar medidas que son repudiadas por la mayoría de la población. Incluso algunos diputados se alojaban en la Legislatura desde el jueves 28 para evitar cruzarse con el repudio de los manifestantes. Todo estaba planificado entre el FpV y Cambiemos.
El 2017 fue un año nefasto para los trabajadores provinciales que los llevó a una profunda depresión económica que les impide poder planificar una vida modesta. No ocurre lo mismo con las grandes empresas petroleras y mineras a las que Alicia Kirchner les hizo grandes favores con las ínfimas regalías y las millonarias ganancias que obtienen de los recursos naturales.
