Tras el escándalo luego de la difusión del video, el Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre informó de la detención de los agentes involucrados en el crimen y aseguró que el asunto "sería investigado". Policías aseguran que fue una "confusión".
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Martes 24 de noviembre de 2020
A través de redes sociales, circuló el video del momento en que elementos de la policía ministerial de Celaya, Guanajuato, detienen a Juan Carlos Padilla, luego de interceptar la camioneta donde viajaba el comerciante de 54 años junto con su esposa e hija.
Entre empujones, golpes y gritos, el comerciante fue esposado y sometido por medio de un método tristemente célebre entre la policía racista estadounidense: la asfixia por presión con la rodilla en el cuello de sus víctimas. Tras ser detenido y golpeado por la policía, Juan Carlos Padilla fue trasladado por los mismos agentes al servicio de urgencias del Hospital General, a donde llegó sin vida.
El inculpado perdió la vida. Los agentes han sido detenidos y su actuar será investigado a fin de esclarecer la mecánica de los hechos.
2/2— carloszamarripaag (@carloszamarr) November 24, 2020
Tras el escándalo luego de la difusión del video, el (vitalicio) Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, informó de la detención de los agentes involucrados en el crimen y aseguró que el asunto "sería investigado". Una irregularidad más bajo su cargo que se suma a los casi 12 años (y a la que faltan 7 años más) que lleva al frente de la Fiscalía. Esta situación le ha valido inclusive un cuestionamiento público por parte de AMLO, en junio pasado, ante el cual salió en su defensa el gobernador de la entidad, el panista Diego Sinhue Rodríguez.
La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato emitió la queja 103/2020-CI y solicitó informe sobre el avance de las investigaciones a la Fiscalía, medidas que, sin embargo, no representan ninguna garantía de justicia para el que es sólo un caso más de los miles que se reportan año con año. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) encuestó en 2016 a 64 mil 150 personas que habían sido detenidas, de las cuales el 75% afirmó haber sufrido algún tipo de agresión y violencia durante el arresto.
Las agresiones van desde lo psicológico con amenazas y trato inhumano y degradante, hasta la tortura física y sexual. Las agresiones físicas van desde la humillación hasta las descargas eléctricas y el aplastamiento. La impunidad es una constante en estos casos que, de conjunto, expresan que no se trata de un par de agentes, sino del carácter de toda una institución.
No olvidamos a Alexander Martínez, joven de 16 años asesinado a balazos por policías de Oaxaca; o a Giovanni López, asesinado a golpes por la policía de Jalisco; o a Oliver López, asfixiado por los policías que lo detuvieron en Tijuana, Baja California. Todos son casos ocurridos en el marco del embiste autoritario desplegado por la 4T con la excusa de la crisis sanitaria y que se tradujo en un mayor despliegue de elementos policíacos y militares por el país.
El método empleado por la policía de Celaya para someter a Juan Carlos Padilla recuerda también, desde luego, al crimen que acabó con la vida de George Floyd, en Estados Unidos, y que marcó un nuevo impulso en la lucha antirracista en aquél país. El #BlackLivesMatter puso sobre la mesa el desfinanciamiento de las policías, así como de la abolición de un cuerpo que, a ambos lados de la frontera, únicamente sirven para defender los intereses de empresarios e imponer a sangre y fuego las medidas que los garanticen. Así lo demuestran las represiones contra movilizaciones de mujeres en Cancún, Oaxaca, Ciudad Juárez y la Ciudad de México, todas avaladas bajo el discurso del "orden" y la "paz", así como de la criminalización avalada por los grandes medios de comunicación.
¡Ni uno menos por la brutalidad policíaca! ¡Por justicia para lxs caídxs, disolución YA de los cuerpos represivos!
