La lucha por el cierre del CIE de Zona Franca vuelve a reunir a centenares de personas en un juicio popular para exigir su cierre definitivo y hacer visible el racismo institucional.
Marta Clar Barcelona | @MartaClar1
Martes 2 de febrero de 2016
Foto: Antonio Litov
Bajo la consigna "CIEs mai més", al rededor de mil personas acudieron el pasado de 30 de Enero al "juicio popular" para exigir el cierre definitivo del Centro de Interamiento de Extranjeros (CIE), verdaderas cárceles racistas construidas por los propios Gobiernos imperialistas culpables de los expolios y la pobreza en los países de los que vienen las personas inmigrantes.
En la concentración, convocada por la plataforma "Tanquem els CIEs", estuvieron presentes varias organizaciones defensoras de los derechos humanos y representantes políticos de las principales fuerzas de la izquierda catalana, entre ellos Gerard Pissarello, teniente alcalde de Barcelona y miembro de Barcelona en Comú, Jaume Asens, también de Barcelona en Comú, María José Lecha, regidora de CUP-Capgirem Barcelona, Ana María Surra diputada en el Congreso de los Diputados del grupo ERC.
El juicio, que se celebró con el objetivo de "construir una legislación que proteja los derechos de las personas" y con la finalidad de conseguir una sentencia que evite la nueva apertura del CIE que en estos momentos se encuentra cerrado debido a obras, estuvo conformado por un jurado popular del que formaban parte Gemma García, periodista del periodico La Directa, Aida Guillen, del Instituto de Derechos Humanos de Catalunya, Josetxo Ordóñez del Colegi de Abogados de Cataluña, Aziz Faye, portavoz del recientemente creado Sindicato de Vendedores Ambulantes y Pascale Coissard, de la Comision Catalana d’Ajuda al Refugiat.
Una acusación popular, representada por Andrés García abogado de la organización "Tanquem els CIEs", cinco testigos, tres de los cuales contaron sus experiencias en primera persona. Por su parte, la defensa de la acusación en representación del Ministerio del Interior, no estuvo presente pese a haber sido citada.
El acto que tuvo lugar en Zona Franca, se produce meses después de que aprobara una resolución parlamentaria a favor del cierre de los CIEs.
Después de varias concentraciones se consiguió que el Ayuntamiento de Barcelona iniciara un proceso en el que insta al Ministerio del Interior el cierre definitivo de estos centros y el cese de las deportaciones exprés.
Las diversas intervenciones pusieron de relieve la existencia de más de 25 denuncias por torturas, las tres muertes ocurridas al interior de ese CIE en concreto, así como las resoluciones judiciales en contra del hecho de que las celdas no estuvieran habilitadas con baños. Algo que pone de relieve el maltrato constante al que son sometidas las personsa internadas.
Pero toda esta lucha tiene lugar en el medio de una reaccionaria oleada racista que ante la llegada de miles de refugiados a las fronteras Europeas impone medidas cada vez más represivas hacia los inmigrantes. Los CIEs y las deportaciones son tan solo la cara más visible de las políticas xenófobas que fomentan la criminalización y la persecución contínua de las personas inmigrantes.
En Barcelona, donde el Ayuntamiento pertenece a Barcelona en Comú, ha continuado la represión policial hacia colectivos de vendedores ambulantes, en su inmensa mayoría inmigrantes, como es el caso de los trabajadores del top-manta o los conocidos "lateros". En los actos, las palabras de Jaume Asens, manteniendo que la policia de Barcelona debe dejar de intervenir con criterios raciales en las identificaciones y detenciones, se queda en agua de borrajas.
La concentración, pese a ser simbólica, fue una clara expresión de la profunda indignación que inspiran, entre amplios sectores de la población, las políticas racistas que se aplican en el conjunto del Estado español. Luchar contra los CIEs, es luchar contra el racismo institucional que mediante indentificaciones y redadas inculca la cultura del miedo en las personas inmigrantes, que agrede y tortura hasta la muerte con total impunidad.
Durante el acto, se llamó a la movilización como única forma posible de ponerle fin realmente a todas estas políticas racistas que se vienen sucediendo. Hoy la lucha por la abolición de la xenófoba Ley de Extranjería y contra la política europea basada en las deportaciones y la construcción de alambradas son más necesarias que nunca. La exigencia por los derechos de las personas inmigrantes, papeles para todos y el derecho a tener un trabajo digno deben ocupar la agenda de exigencias de la clase trabajadora en su conjunto, el único modo de ponerle freno a la deriva racista de los gobiernos europeos.
Andrés García, el abogado de la acusación fue sancionado mediante la "Ley Mordaza"
Cuando ya estaba a punto de finalizar el acto, un fotoperiodista sufrió un brote elípiticó. Varias personas acudieron a asitirle, entre ellas Andres García, quien había participado en el juicio como representante de la acusación popular. En ese momento, un Mosso de Escuadra, sin ningún motivo, le ordenó que se retirara. Ante la negativa del abogado, que se encontraba allí asistiendo a un compañero, fue denunciado acusado de desobediéncia. Se trata del primer caso en el que se aplica la Ley Mordaza, una evidencia más de la persecución que sufren los activistas sociales y la disidencia política.
