No es sequia es saqueo. Concesiones y escasez de agua en Querétaro

Querétaro se encuentra entre los estados de la república mexicana que enfrentan la posibilidad de llegar al llamado "día cero". Se trata de una escasez tan grave que obliga a terminar con el suministro libre de agua para dar paso a un sistema de racionamiento [1], como ocurre ahora mismo en la ciudad de Monterrey [2].

La situación en Querétaro es preocupante ya que, de acuerdo con la CONAGUA, el 94% de los municipios enfrenta algún nivel de sequía, con un nivel promedio en las presas del 25% [3]. En esta situación, y con una declaratoria de emergencia por sequía, rige en la entidad, desde el pasado mes de mayo, la controvertida ley de aguas, que garantiza y regula la concesión de grandes cantidades del líquido al sector privado por hasta 40 años [4]. Está ley, como cínicamente han señalado algunos de sus impulsores, llegó para visibilizar y "regular" una situación ya existente, y es que el agua ya era concesionada desde tiempo atrás en el estado. Para la fecha en que se emitió la ley, había alrededor de 22 concesiones, en su mayoría otorgadas por los gobiernos municipales.

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Kimberly Clark, Manufacturas Kaltex, Bienes Raíces Juriquilla, Cartones Ponderosa, Michelín, Agrogen, Grupo Constructor ABDI, Fuentezuelas Agrícola, Ingredión México y Fomento Querétaro –vinculada a Coca Cola– son las 10 empresas que más agua consumen en Querétaro, beneficiándose enormemente del sistema de concesiones. Entre ellas, consumen un total de 39 millones 721 mil 356 metros cúbicos anuales [5].

Kimberly Clark, la empresa de la familia X Gonzáles, se posiciona como la empresa que más agua consume en el estado, teniendo una concesión por 15 millones 646 mil 535 metro cúbicos de agua al año, de los cuáles utiliza 14 millones 191 mil 200 metros cúbicos de agua. El segundo lugar lo ocupa Bienes Raíces Juriquilla, con un consumo anual de 5 millones 744 mil 808 metros cúbicos de agua. Tan solo entre ellas dos acaparan unos 21 millones 391 mil 343 litros de agua, suficientes para cubrir, por un año, el consumo de una población de más de 390 mil habitantes (suponiendo un consumo por persona de 150 litros al día).

A este acaparamiento, solapado por el gobierno del estado, se suma también la contaminación que dejan estas empresas. De acuerdo con una investigación de Contralínea [6], desde 2007, el diputado federal José Luis Aguilera Rico, integrante del Grupo Parlamentario Convergencia en la LX Legislatura, promovió un punto de acuerdo en el que acusaba que durante más de 10 años se habían denunciado anomalías ambientales en el río San Juan, ubicado en el municipio de San Juan del Río, Querétaro. En aquella denuncia se señalaba a la misma Kimberly Clark como responsable de rellenos clandestinos y contaminantes del río.

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En medio de esta crisis por la escasez de agua, se tiene que lidiar con empresas que no solo la acaparan en grandes cantidades, que dejan de estar disponible para las poblaciones que la necesitan, sino que también contaminan la que queda disponible, y en su alianza con los gobiernos, quedan impunes.

Semejante situación es intolerable, y es evidente que, ante ella, las acciones de otros partidos políticos como el Morena son insuficientes. Este partido, por ejemplo, se encuentra impulsando una nueva Ley de aguas nacionales en el senado que, según ellos, prohibiría las privatizaciones. Sin embargo, como dicha ley podría aprobarse hasta el mes de septiembre u octubre del presente año, y como declaró para Expansión el senador morenista Gilberto Herrera Ruiz, los estados pueden, como Querétaro, impulsar sus propias leyes o ceder concesiones antes de aquella fecha para proteger a sus amigos empresarios [7]. Al final, no existirá el marco legal para acabar con las concesiones, y aunque el Morena quiera culpar a la oposición de la situación actual, lo cierto es que cuando tuvieron la mayoría no fue un tema que les fuera prioridad, mientras seguramente intentaran traducir el descontento en nuevos votantes, manteniendo una retórica sobre "la defensa del agua".

Una verdadera solución solo puede venir de la movilización de todos los afectados, con la clase trabajadora a la cabeza. Y es que si alguien puede detener a estas empresas acaparadoras y contaminantes son sus propios trabajadores. Es importante luchar en las calles por una ley de aguas que de verdad beneficie a los queretanos, liquidando las concesiones y garantizando, para todos, el derecho al agua. Finalmente, es importante luchar por el control obrero sobre estas empresas acaparadoras, única medida capaz de poner fin al despilfarro y contaminación de los recursos, que pueda imponer límites y condiciones en beneficio de los trabajadores y el medio ambiente. Sólo así podrá lograrse imponer la voluntad de las mayorías sobre el deseo de ganancias de los empresarios.