Entre evasivas, acoso y una campaña mediática, concluye el trabajo de investigación del Grupo de Expertos Independientes de la CIDH sobre las desapariciones de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
Domingo 24 de abril de 2016
En el Claustro de Sor Juana, los cinco expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, presentaron el último informe sobre el caso de Ayotzinapa, donde han acudido familiares de los normalistas desaparecidos, defensores de derechos humanos y personas en general para escuchar las conclusiones.
Luego de un año y dos meses de trabajo, agradecieron a las madres y padres de los estudiantes desaparecidos por colaborar y hacerse parte del trabajo realizado durante ese periodo. Señalaron detalles que refutan las declaraciones del gobierno federal y han descartado que los jóvenes hayan sido calcinados en un basurero de Cocula.
A este informe, le antecede una reciente publicación de The New York Times, que en su edición del 23 de abril cita: “Las condiciones para llevar a cabo nuestro trabajo no existen” dijo Claudia Paz y Paz, miembro de la comisión, quien agregó en una entrevista para dicho diario internacional que “en México, la prueba es que el gobierno se opuso a la extensión de nuestro mandato”.
Denunciaron así, que la presión sobre sus investigaciones -descritas por cuatro de los cinco miembros de panel del grupo de expertos con The New York Times- ha minado las promesas que el gobierno mexicano coopera actualmente de manera plena para describir qué pasó con los estudiantes aquella noche del 26 de septiembre de 2014. A casi 20 meses de uno de los abusos más significativos para los derechos humanos en el país, no se quiere decir la verdad.
En la presentación del informe, han resaltado los mecanismos de monitoreo que mantuvieron las fuerzas de la policía federal hacia los normalistas. Es decir, hubo un control coordinado de seguridad pública que monitorearon las actividades de los estudiantes y que se dio con la participación del ejercito mexicano, de la policía estatal y municipal. Entre ellos el conocimiento de las actividades de los estudiantes por parte del Batallon 27 del ejército.
Hubo también presencia de patrullas en algunas calles aledañas, cuando se da la detención de los normalistas. “Todo esto esta registrado y es parte de los expedientes” dijo uno de los expertos. Fueron señalados también como elementos de relevancia, las evidencias sobre la línea de investigación del chofer del quinto autobús en el que se encontraban los estudiantes y quien ha formulado importantes declaraciones. Esta línea de investigación “no esta agotada y no debe cerrarse”, señalaron.
Por otra parte, las contradicciones del peritaje y versiones de los inculpados, son la prueba de que las líneas de investigación no se han agotado lo suficiente y por lo tanto, no hay evidencias del evento de cuerpos incinerados en el basurero de Cocula. Los estudios sobre evidencia de fuego y vegetación arrojan que la supuesta incineración de cuerpos en esa zona, no pudo darse como han declarado las autoridades del gobierno federal.
Finalmente, entre las recomendaciones del grupo de expertos se señala la necesidad de ubicar el autobús Estrella de Oro, realizar una segunda autopsia a Julio César Mondragón para replantear nuevas o diferentes líneas del caso, así como investigar a otros responsables y llevar capturas de las mismas, entre los que se encuentran Felipe Flores Velázquez, ex secretario de Seguridad en el municipio de Iguala, al Cabo Gil y miembros de la policía judicial, cuyos detalles se encuentran en el informe.
También incorporando a la investigación la posible ubicación y mapeo de hornos en entidades públicas y privadas, para evaluar la vinculación con los hechos.
Denunciaron las posibles obstrucciones que se están presentando en el caso y se pronunciaron por mantener los acuerdos de búsqueda y seguimiento en estas recomendaciones con la participación de los padres y madres, así como compañeros de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
