La sentencia será leída el 27 de enero, liberando de todos los cargos a los otros 6 imputados. “Una vez más el aparato judicial resguarda los intereses de la mafia empresarial y el sicariato en nuestros territorios”, señaló madre de la joven asesinada. El estado y los grandes empresarios son responsables de la muerte de Bau, así como también de la persecución política de activistas que levantan la causa del pueblo mapuche. El sistema judicial posee además un sesgo patriarcal que aplican para desestimar las causas que involucran a las personas LGBTIQ+, como es el caso de Emilia, Estefano, Anna Cook, por nombrar algunos.
Miércoles 25 de enero de 2023
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia dictó veredicto en contra del acusado Francisco Javier Jara Jarpa como autor de los delitos consumados de homicidio simple y porte ilegal de arma de fuego y municiones. Asimismo, el tribunal de forma unánime decretó la absolución por falta de acreditación de los otros 6 acusados: Carlos Alberto López Aguayo, Cristián Antonio Cisternas Larenas, Cristián Mauricio Larenas Cisternas, Jorge Valentín Ruiz Paz, Sergio José Miguel Larenas Paz y Jorge Eduardo Rodríguez Neira, a pesar de todas las pruebas que los situaban en el lugar, como cómplices y encubridores del asesinato.
Luego del dictamen del Tribunal, Denise Obrecht Samson, madre de Emilia Bau,declaró que “Se consideró sólo a Francisco Jara Jarpa como el culpable del homicidio de Emilia Milén (…) La sentencia será leída el 27 de enero, liberando de todos los cargos a los otros 6 imputados, con la razón de que «no existieron antecedentes suficientes para culparlos», entregándoles nuevamente la libertad”. Agrega que “Una vez más el aparato judicial resguarda los intereses de la mafia empresarial y el sicariato en nuestros territorios (…) No dejaremos nunca de luchar por y en memoria de Emilia Milen Bau.”
La abogada querellante, Karina Riquelme, a través del perfil de instagram @memoriaxbau, asegura que están conformes con la condena de Jara pero no con la absolución de los otros acusados. Asegura que el veredicto se dictó a pesar de que no declararon todos los testigos, y que, a pesar de que el mismo dictamen reconociera que habían 4 personas involucradas en los hechos, esto no se considera a la hora de dar condena. Tampoco se les da peso a las declaraciones de testigos que aseguran que el grupo de acusados, quienes se supone hacían labores de “seguridad privada”, son sicarios, así como tampoco se busca dilucidar la responsabilidad de quienes contrataron a estas personas para tales fines. Así mismo, tampoco se considera la responsabilidad de quien condujo la camioneta más de 100 km para huir del lugar, algo probado en juicio.
El asesinato de Emilia Milén, una investigación llena de irregularidades.
El 16 de febrero del 2021, la activista trans de 25 años que luchaba por la defensa y recuperación del territorio mapuche, recibió un disparo en la cabeza por parte de quienes se suponía eran “jardineros” del condominio Riñimapu, ubicado a orillas del Lago Riñihue, en Panguipulli, región de Los Ríos. Frente a los hechos, la comunidad mapuche aledaña denunció la presencia de sicarios en el territorio.
Desde un principio en la investigación se cometieron una serie de “errores” que jugaban a favor de los, en ese entonces, sospechosos. Denise Obrecht, en el mes de junio de ese año, solicitó a la fiscalía regional de Los Ríos el cambio del fiscal que lleva el caso, Marcelo Leal Contreras, por constantes errores, como no formalizar al responsable del disparo, sin embargo, se le negó esta reunión en dos ocasiones. Además, el fiscal no asistió a una de las audiencias de revisión de cautelares y no se comunicó con la familia de la víctima.
Luego, se realizaron dos reconstituciones de escena, la primera fue el 21 de diciembre del 2021 con los imputados, de la cual no fue informada la madre de Bau ni tampoco su abogada. La segunda, el 5 de mayo de 2022, se realizó a más de 300 km del lugar de los hechos, en la escuela de formación de carabineros de Puerto Mont, con la excusa de que la escena original del asesinato es parte de la “zona roja del conflico mapuche” y por lo tanto, insegura para realizar el procedimiento.
Justicia por Emlia Bau, una lucha que se levanta desde el frente de la diversidad y el pueblo mapuche.
Este caso es el reflejo de lo que el Estado y su sistema judicial buscan hacer con cada activista que vaya en contra de los intereses de las grandes empresas, en contra de la norma hetero – cisgénero y levante la lucha del pueblo mapuche por la recuperación de sus tierras ancestrales. El estado y los distintos gobiernos de turno, así como las mafias empresariales, son responsables por el asesinato de Bau y de tantos otres activistas: Macarena Valdés, Matías Catrileo, Camilo Catrillanca, por nombrar algunes. Así mismo, también son responsables de la persecusión política, montajes y encarcelamiento a otres luchadores como les machi Francisca Linconao y Celestino Córdoba, o peñis como Héctor Llaitul.
Para esto, el Estado chilen hace uso de una de las herencias de la dictadura de Pinochet, la legislación antiterrorista n°18.314 de 1984. En 1991, en la supuesta “vuelta a la democracia”, pleno gobierno de Patricio Aylwin (DC), la ley fue modificada con el fin de ampliar su aplicación. Originalmente, los delitos terroristas eran esencialmente de carácter político e ideológico; tras las modificaciones se re definieron los delitos de carácter terrorista como aquellos cometidos con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor, a través de un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas. Así se introdujo el delito de incendio y estragos, que es el que se ha aplicado de manera más común a las personas mapuche detenidas. Esta ley ha sido objeto de reformas parciales además en 2002, 2003, 2005 (gobierno de Ricardo Lagos), 2010 y 2011 (primer gobierno de Piñera).
Según el informe de 2004 “Indebido Proceso. Los juicios antiterroristas, los tribunales militares y los mapuches en el sur de Chile” de la ONG Human Rights Watch las personas mapuche, incluyendo menores de edad, que han sido acusadas de terrorismo se enfrentan a juicios desiguales por delitos que no constituyen un peligro directo para la vida, la libertad ni la integridad física de las personas. Además, sostiene que la aplicación de procedimientos excepcionales establecidos en la ley antiterrorista para confrontar casos de violencia extrema es totalmente injustificado si se trata de juzgar delitos mayoritariamente contra la propiedad de los que se acusa a los mapuche.
Así mismo, devela la ubicación del sistema judicial frente a los casos que comprometen a personas LGBTIQ+, donde se cometen irregularidades en la investigación y se desestiman pruebas y testigos claves. Un primer ejemplo es el caso de la muerte de Anna Cook, joven lesbiana asesinada correctivamente, que después de 6 años de ocurrido se autoriza a la exhumación del cuerpo para hacer nuevos peritajes, ya que en el primero no se consideró como relevante las pruebas que demostraban que fue un ataque de carácter sexual. También el caso de Estefano, joven trans que lleva 9 meses en prisión preventiva por ejercer autodefensa frente a un ataque trans odiante, donde el fiscal a cargo desestimó de los testimonios los insultos y amenazas de carácter transfóbico.
También el caso de Nicole Saavedra, agredida sexualmente y asesinada en junio de 2016, viene a la memoria, ya que estuvo 3 años sin ningún tipo de avance. Incluso, la familia y organizaciones feministas se tomaron el edificio de la Fiscalía de Quillota para exigir avances en el caso, donde cinco mujeres quedaron detenidas. Este mismo año, el Instituto Nacional de Derechos Humanos instó "al Estado de Chile a realizar todos los esfuerzos para que se realice una investigación rigurosa". Recién en 2019 identificó a través de una prueba de ADN al autor de los hechos, para luego ser condenado en 2021.
El sistema judicial se encarga de entorpecer y burocratizar todo tipo de investigación a favor de las grandes fortunas. Es necesario que distintos sectores, movimientos sociales y organizaciones se agrupen para mantener viva la lucha por justicia para Emilia Bau, así como de otres activistas y personas LGBTIQ+ ignoradas por el estado, y en contra de la impunidad de los autores materiales e intelectuales, para exigir justicia y reparación así como también el derecho a la autodeterminación del pueblo mapuche.
Aukan Galdames
Docente Transactivista - Militante de Pan y Rosas Chile
