Este jueves se dio a conocer que la Corte de Apelaciones de San Miguel condenó a 13 miembros del Ejército, con penas de entre 5 y 15 años de cárcel, por el delito de homicidio calificado de 38 campesinos de la comuna del Paine en la dictadura de Pinochet. Una condena que llega con más de 40 años de retraso, en un Chile que mantiene la impunidad de los genocidas y asesinos de parte del Estado.
Viernes 13 de noviembre de 2020
Este hecho escalofriante se repitió en la dictadura incontables veces. A 47 años del Golpe Militar seguimos sin encontrar el paradero de trabajadores, mujeres, pobladores, jóvenes asesinados por los militares, enviados por el dictador Pinochet. Son incontables también los casos de militares libres, gozando de impunidad y de políticos de la dictadura que incluso siguen haciendo política abiertamente, perpetuando la herencia de la dictadura.
La presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, en El Mostrador, dijo que "uno no puede hablar de que en Chile hay justicia. Distinto es que siempre vamos a luchar para que los tribunales de justicia cumplan con su deber, pero esta justicia es tardía, donde muchos de los familiares han fallecido, donde además es una verdad donde siempre se excluye a los civiles políticos responsables del genocidio, donde las condenas no tienen correlato con la magnitud del delito cometido".
Esta “injusticia” que ella menciona, es la que se vive hasta el día de hoy, con una justicia solo para los ricos, con jueces que son elegidos por el Presidente de la República solamente, nadie más participa en ello; un sistema judicial que mantiene en impunidad los crímenes cometidos por el Estado hacia las y los que se manifiestan por sus derechos como el pueblo mapuche, y los trabajadores, pobladores, estudiantes que salieron a manifestarse en la rebelión popular contra los 30 años de miseria y abuso, en el que hay un saldo de 33 “muertes” registradas por las autoridades del Gobierno hasta marzo del 2020. Sin contar el joven asesinado por Carabineros este pasado 18O.
A esto se suman los mutilados oculares, torturados y los más de 640 presos políticos que se encuentran en prisión preventiva o con arresto domiciliario desde las manifestaciones del 18 de octubre del 2019, sin prueba alguna sobre su participación real en los hechos. Mientras el gobierno criminal de Piñera hace vista gorda a la existencia de prisioneros políticos, burlándose del dolor de familias que se han atrevido a salir a la calle a visibilizar lo ocurrido y exigir libertad inmediata para las y los presos políticos, y en muchos casos a exigir un derecho mínimo como las visitas a sus hijos, hermanos, sobrinos, que no ven durante meses.
Es necesario echar abajo las leyes represivas como la maldita Ley Antiprotesta, que haya juicio y castigo para todos los responsables políticos y materiales de las violaciones a los DDHH, y para acabar con la represión e impunidad de ayer y hoy es necesario movilizarnos con un plan serio.
La CUT, Colegio de Profesores, y demás sindicatos, organizaciones obreras, CONFECH, Coordinadoras secundarias, deben llamar a organizar un plan de lucha hacia el paro nacional, para echar abajo toda la herencia de la dictadura por la que salimos a las calles en octubre, y a este gobierno criminal y todo este régimen construido sobre la sangre de millones de luchadores y luchadoras.
Nancy Lanzarini
Profesora de Lenguaje y Comunicación.
