Jueves 26 de marzo de 2015
La Sala V de la Cámara del Trabajo aprobó en días pasados la demanda de María Gimena Ingegnieros, enmarcada en la Ley de accidentes de trabajo vigente en 1977, por el secuestro y la desaparición forzada de su padre, en la misma planta ex - Dalmine de Campana, conocida y rebautizada como Tenaris Siderca. El fallo prevé un resarcimiento para la hija de Enrique Ingegnieros, pero además podría sentar un precedente para la investigación de la complicidad y responsabilidad de los Roca, y de los empresarios en general.
Cuando Ingegnieros fue secuestrado, en el interior de la planta de Campana el 5 de mayo de 1977, tenía 28 años y trabajaba allí como dibujante técnico, era militante de Montoneros y al mismo tiempo tenía una fuerte actividad sindical dentro de la misma planta. Según los testigos de la causa, fue citado a la oficina de personal de la empresa en donde lo esperaban efectivos uniformados del ejército para detenerlo. Aunque según el voto de uno de los camaristas, en realidad "fue entregado a unas personas vestidas de civil" que responderían a los grupos de tareas que operaban en la zona fabril Zárate-Campana.
El fallo, dividido entre los camaristas, sienta un precedente para avanzar en el juzgamiento de la responsabilidad empresarial con la dictadura, aunque lo hace por fuera de la figura de genocidio. Como es el caso de esta corporación dirigida por Paolo Rocca que en los años de reacción de la dictadura emergió como potencia siderúrgica al punto de estar hoy entre uno de los principales, y medulares, empresarios de la Argentina con mayor peso económico.
La demanda fue iniciada por la hija de Ingegnieros, Maria Gimena, quien en 1977 tenía apenas 1 año y vivía con ambos padres en un barrio en las cercanías de la planta. También su madre, Irma Pompa, fue secuestrada el mismo 5 de mayo. Para llevar adelante esta acusación, se basó en la ley de Trabajo vigente por entonces (Ley 9688), que establecía textualmente que "Todo empleador será responsable de los accidentes ocurridos a sus empleados u obreros durante el tiempo de prestación de los servicios, ya sea por el hecho o en ocasión del trabajo, o por caso fortuito, o fuerza mayor inherente al mismo". A lo largo de todo el proceso que la hija de Ingegnieros inició en 2008, varios testigos fueron reflejando la actuación de los empresarios, gerentes y jerárquicos de Siderca en los años de la "Triple A" y tras el golpe del 76; años en que los empresarios de la zona trabajaron en conjunto con los grupos de tarea para identificar a los obreros marcados como "peligrosos", según los testigos.
Otro testigo declaró en la causa que "había gente con ropa de Dálmine que eran militares que trabajaban para los militares, y que llevaban y traían los comentarios que se hacían en el comedor sobre cuestiones gremiales y políticas".
Este fallo contiene además un elemento incriminatorio muy duro contra el grupo Techint, ya que cuando la CONADEP presidida por Sábato requirió respuestas sobre la historia laboral de Enrique Ingegnieros a la empresa, desde Siderca respondieron con una mentira difícil de sostener en la que aseveraban que "Ingegnieros ingresó a la empresa el día 10 de marzo de 1971 y renunció el 21 de mayo de 1973".
Guillermo Bentancourt, dirigente del PTS en el Frente de Izquierda, obrero de Siderca y delegado de hecho en la actualidad, expulsado en el 2009 del sindicado por los históricos dirigentes de la UOM en complicidad con los directivos de la empresa, consultado respecto de la posibilidad de que la empresa le interponga ahora al fallo un recurso extraordinario para dilatar su efectivización, declaró que "Se trata de un cinismo insostenible que, a 39 años del golpe y tras el fin de 12 años del supuesto ’gobierno de los DDHH’ sigue estando totalmente impune al punto de que para encontrar cierto resarcimiento los familiares de Ingegnieros deben remitirse a la ley laboral vigente entonces cuando en realidad las desapariciones fueron parte del plan genocida de las patronales junto a los militares. Como queda demostrado con el centro clandestino que funcionó lindante a la fábrica en el Tiro Federal de Campana".
"Los Rocca continúan hoy con la explotación y la extracción de cuantiosas ganancias facilitadas por los favores de los militares y los gobiernos que los han sucedido y mantienen las leyes de la dictadura y del neoliberalismo, mientras continúa con la persecución ideológica y explotación desmedida de sus trabajadores, por eso el 24 de marzo marchamos para terminar con la impunidad que continúa y por justicia para los desaparecidos de Techint que ascienden a 275 en todo el grupo".
