En ese centro clandestino de detención hubo una articulación entre la Side, la Policía Federal y la Triple A. Los represores no fueron condenados en el marco de un genocidio.
Martes 12 de septiembre de 2017 12:52
Concluyó ayer un nuevo juicio oral por crímenes vinculados al centro clandestino -hoy espacio para la memoria- Automotores Orletti. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 condenó a cuatro imputados, quienes nunca habían recibido sentencia, a penas de entre 25 y 6 años de prisión.
Los acusados son tres policías federales y César Alejandro Enciso, un agente de la SIDE extraditado de Brasil, condenado a 16 años de prisión. Uno de los aportes de este juicio fue la cantidad de información aportada por los testigos que permitió entender la responsabilidad de los acusados como parte de una articulación entre SIDE, Policía Federal, la Triple A, la banda de Aníbal Gordon y el Plan Cóndor. Es decir, dijo Palmas Zaldúa en su alegato, “hilvanar las distintas instancias del plan sistemático”.
Entre ellos fue condenado a la pena máxima José Nestor Ferrer, de la División de Asuntos Extranjeros de la Superintendencia de la Policía Federal, por el homicidio de Estela Moya de Gayá, asesinada frente a su hijo de dos años, un caso que también llegó a juicio por primera vez.
Tanto el Ministerio Público fiscal como las querellas del Cels y la secretaría de Derechos Humanos de Nación habían pedido para ellos prisión perpetua por el asesinato del uruguayo Mario Roger Julian, por este motivo, la querella recurrirá a las condenas a 6 años de prisión de Rolando Nerone y Oscar Gutiérrez, también del Departamento de Asuntos Extranjeros.
Los jueces sólo los condenaron por la privación ilegal de la libertad de su esposa, Victoria Grisonas. Ahora ambos están en condiciones de pedir la libertad, ya que llevan cinco años detenidos.
Hay que celebrar una sentencia más que reconoce a los crímenes que se cometieron en Orletti como delitos de lesa humanidad en la que además resultan condenados cuatro imputados que nunca habían recibido ninguna sentencia”, dice Luz Palmas Zaldúa, coordinadora del área Memoria, Verdad y Justicia del CELS y cabeza de la querella unificada que integró la Fundación Liga por los Derechos Humanos.
La abogada adelantó que una de las cuestiones por las que presentarán un recurso de Casación es por la absolución del homicidio de Mario Roger Julien. “Habíamos acusado a Nerone y Gutierrez como coautores del homicidio. Este es el punto más complicado del veredicto porque acá no hubo una cuestión de calificación legal, hubo una absolución directamente”.
El juicio que comenzó en octubre del año pasado, estuvo integrado por los jueces Adrián Federico Grünberg, José Antonio Michilini y Daniel Horacio Obligado. Grünberg leyó la sentencia en el auditorio AMIA de los tribunales de Comodoro Py ante los cuatro acusados.
Uno de los casos más trabajados por fiscales y querellas fueron las pruebas del homicidio de Roger Julien, esposo de Victoria Grisonas, aun desaparecida, y padre de los hermanos Julien Grisonas, trasladados clandestinamente a Chile por la dictadura. Querellas y fiscalía sostuvieron que a Roger Julién lo mataron durante el operativo en el que fue capturada su esposa y sus hijos, realizado el 26 de septiembre de 1976.
“Señores jueces: Nerone y Gutiérrez participaron en la producción de inteligencia que dio lugar a este operativo, en su planificación”, dijo el fiscal Pablo Ouviña en su alegato. “Estuvieron allí con la específica función de capturar ellos mismos a las víctimas, y dispararon contra ellos”.
El ataque de fuerzas conjuntas, integradas por el Ejército, las Policías Bonaerense y Federal y el grupo de tareas 5 de la SIDE, fue dirigido contra la casa en la que vivía la pareja junto a los niños, ubicada en la localidad de San Martín. Para la reconstrucción de los hechos fueron fundamentales las declaraciones de tres vecinos que brindaron una secuencia del accionar criminal, que se desarrolló en cuestión de minutos.
Según los vecinos, “el joven uruguayo de 33 años les pidió que mantuvieran la calma para que no hubiera disparos, se quitó la ropa que llevaba sobre el torso, se colocó una toalla y se mojó el rostro para salir a atender a los militares y policías que estaban golpeando las puertas de todas las casas de la manzana. Intentó despistarlos, pero aparentemente los represores lo tenían individualizado, contaban con imágenes de su rostro y rápidamente lo detuvieron. Instantes después, una balacera terminó con su vida”.
Dieron por probado el homicidio, pero consideraron que no se pudo tener por probada la participación de los imputados en el crimen. Ahora esperan los fundamentos para entender cómo dieron por probado la participación en el secuestro de Victoria, explica Palmas Zaldúa, pero “inexplicablemente” los absolvieron por el crimen que forma parte del mismo operativo.
Pese a que las condenas son por homicidio simple y homicidio en algunos casos, los mismos testimonios permitieron poner en evidencia que existió un plan sistemático de exterminio con responsabilidad de distintos Estados nacionales. Un genocidio de clase.
