BASE NAVAL ALMIRANTE ZAR. Condenan por espía al almirante K Jorge Godoy

En los tribunales de Comodoro Py, se dictó en el día de ayer la sentencia a los imputados de la Armada por realizar espionaje ilegal, entre 2003 a 2006. El juez federal Sebastián Casanello condenó a dos años de prisión en suspenso al almirante retirado Jorge Godoy, y a un año y ocho meses a su segundo en la Armada, Benito Rótolo por incumplimiento de deberes de funcionario público. El acta se puede leer también en este diario.

El fiscal federal Fernando Gelvez y los abogados de la querella a cargo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) habían pedido las penas máximas. Dos años de prisión efectiva para Godoy y en suspenso para Rótolo.

Al finalizar la audiencia La Izquierda Diario dialogó con Lucía de la Vega, una de las abogadas querellante, junto a Rodrigo Borda y Tomás Griffa, miembros del CELS.

De la Vega sostuvo “estamos conformes con la pena, que es el máximo estipulado por el Código Penal, aunque en el caso de Godoy solicitamos prisión efectiva. A los dos se los pena, además, a cincuenta horas de formación en derechos humanos y Derechos Constitucionales. Si bien la pena es muy reducida, porque con la nueva ley de Inteligencia hubiera correspondido diez años de prisión, nos parece acertado que el veredicto aplique el máximo de condena por la gravedad institucional”.

Recordemos a los lectores que el almirante Godoy fue nombrado en su cargo por el entones presidente, Néstor Kirchner, que lo consideró un militar de la democracia. El mismo Godoy se presentaba como alguien comprometido con la verdad, haciendo alusión a su hermana desaparecida durante la dictadura. Así pudimos escuchar al exfuncionario K, Alberto Fernández, en su calidad de testigo, cuando afirmó “con Néstor (Kirchner) lo nombramos a Godoy por sus cualidades democráticas. Fue una persona central para llevar adelante la política de derechos humanos (…) Tengo el más alto concepto del almirante Godoy, con quien me tocó trabajar en la entrega de la ESMA”. Lo que muestra a las claras qué entienden los K por democráticos, ya que el almirante Godoy hace tiempo debería haber sido procesado por ser parte de la última dictadura, ejerciendo su cargo en la Base Naval de Mar del Plata, donde funcionaba un enorme centro clandestino.

Por su parte, la letrada sostuvo que “es valorable que durante el veredicto se refirieran a la necesidad que se legisle sobre el deber de los funcionarios de controlar. Pero que no estaba penada por la anterior ley de Inteligencia, así como tampoco lo incorporaron en la ley vigente”. La abogada señaló que “el CELS había insistido en que esta figura fuera incorporada a la nueva ley”. El juez Casanello, a su vez, envió oficios al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para que contemple nuevas legislaciones vinculadas a las omisiones de deberes de los funcionarios públicos.

Para la abogada querellante este accionar de los jefes máximos de la Armada, muestra la continuidad con las prácticas que se realizaban durante la dictadura. De la Vega afirmó que durante el juicio se demostró que “en los años que Godoy y Rótolo estuvieron en la Base Naval Almirante Zar (Chubut) se espiaban a todos los que consideraban peligrosos”, y agregó “Continuaron con la lógica de la dictadura, porque ordenaron tareas de inteligencia a referentes locales de las comunidades galesas, bolivianas, piqueteros, organizaciones de izquierda, periodistas. Relevaban qué actividades se realizaban en las facultades por el aniversario de la masacre de Trelew y por el aniversario del golpe.”

Entre las pruebas presentada durante el juicio están los registros sobre las personas u organización que persiguieron entre la década del 99 hasta 2006, en que tomó estado público este accionar. Se encontró, entre los informes secuestrados, datos sobre el abogado Eduardo Hualpa, que impulsó la reapertura de la causa por la masacre de Trelew (agosto de 1972), donde fueron fusilados diecinueve militantes en la misma base desde donde se realizaron los actuales espionajes. Al mismo tiempo, durante el juicio, se pudo probar que estos espionajes estaban inscripto en una práctica institucional del Sistema de Inteligencia Naval. Que clasificaba la información como secreta entre la jerarquía de la Armada y los subalternos.

Entre las actividades de los navales, se encuentra, además, haber organizado el Grupo de Contención de la Armada. En el cuarto piso del Edificio Libertad trabajan los oficiales encargados de informar y asesorar a sus camaradas procesados por delitos de lesa humanidad. El almirante Jorge Godoy tuvo que responder sobre la actividad de esa oficina, que reportaba a la Subsecretaría de Relaciones Institucionales y que dependía de la Secretaría General Naval. Según el testimonio del cabo Carlos Amadeo Marandino, uno de los detenidos por el fusilamiento de la masacre de Trelew, el capitán de navío Juan Martín Poggi lo había citado en el Edificio Libertad, donde le informó sobre su posible citación en el proceso que se instruía en Chubut. Cuando se hizo público la existencia de este ‘servicio’ de ayuda al represor, Poggi fue desplazado de su cargo.

Lo que demuestra que bajo las órdenes de Godoy las políticas militares estaban destinadas a encubrir a sus camaradas de armas, que como él, fueron parte de la violación a los derechos humanos y del genocidio. Todos los miembros de las Fuerzas Armadas, si no fueron parte del genocidio, están a favor de encubrir estos crímenes.

Las máximas penas, a la que pudieron apelar la fiscalía y la querella, demuestran que tanto la anterior ley de Inteligencia, como la actual, están diseñadas para garantizar la libertad de acción del aparato represivo del Estado. Demuestra que lo ilícito de estas prácticas está amparado por las leyes.

Las organizaciones obreras y sociales que fueron espiadas por gendarmería, a través del Proyecto X, o por el agente de la Federal, Américo Balbuena, que denunció oportunamente la abogada Myriam Bregman, el CeProDH, y varios organismos de derechos humanos, tendrán que enfrentar este accionar, no sólo en la justicia, sino, y sobre todo, a través de la movilización popular. Porque estas prácticas están dirigidas a reprimir y armar causas contra los luchadores. Por eso, este 24 de marzo, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, se moviliza para exigir que se abran todos los archivos secretos. Que se vaya el jefe del Ejército, César Milani, responsable de crímenes de la dictadura, quien además es uno de los garante del espionaje de hoy. Y como en cada a aniversario del golpe, se exigirá, Juicio y castigo a todos los genocidas.