Darío Amín fue condenado a 22 años de prisión, Luis “El Niño” Gómez a 18 años y Eduardo Valdivieso a 10 años. El crimen del comunero ocurrió en 2009 cuando defendía las tierras de la comunidad indígena de los Chuschagasta.
Miércoles 24 de octubre de 2018 21:00
Luego de 13 audiencias y más de 9 años de espera, hoy se conoció la sentencia por el asesinato del comunero Javier Chocobar. El empresario Darío Luis Amín fue condenado a 22 años de prisión, los expolicías Luis Humberto Gómez y Eduardo José Valdivieso a 18 y 10 años de prisión, respectivamente, por ser encontrados culpables por el crimen cometido el 12 de octubre de 2009. En aquella fecha, Amín pretendía ocupar por la fuerza un territorio habitado por la comunidad diaguíta Chuschagasta, zona donde hay una cantera de piedra laja. Amín estaba secundado por El Niño Gómez y Valdivieso. Los dos expolicías pertenecieron al grupo parapolicial “Comando Atila” liderado por el Mario “el Malevo” Ferreyra, con vínculos con la represión en tiempos de la dictadura. El asesinato de Chocobar quedó registrado en una filmación, prueba fundamental en el juicio.
El tribunal -integrado por Wendy Kassar, Emilio Páez de la Torre y Gustavo Romagnolli- condenó a Amín por homicidio agravado y tentativa de homicidio, Gómez como partícipe secundario del delito de homicidio, tentativa de homicidio y portación ilegal de armas, y Valdivieso por partícipe secundario por homicidio agravado por el uso de armas de fuego, tentativa de homicidio y portación ilegal de armas. Desde las querellas se había solicitado la prisión perpetua para los tres acusados.
El tribunal además dispuso la prisión preventiva para los tres condenados por 18 meses o hasta que quede firme la sentencia. La sentencia además incluye una condena por la acción civil a favor de la viuda de Chocobar y por la demanda civil de Emilio y Andrés Mamaní, quienes también fueron heridos de bala.
La lucha de las comunidades originarias, junto a organismos de derechos humanos, fue clave para llegar al juicio, eludiendo las chicanas judiciales que demoraron el juicio. En el caso de Chocobar se entrelaza por un lado el reclamo por la defensa de las tierras de las comunidades originarias y, por el otro, una alianza criminal con sectores surgidos desde el Estado.
