La misma será este miércoles en la Plaza Libertad a las 18 horas en donde se hará un informe jurídico e intervendrán los seis re procesados que denuncian la impunidad de los represores y la “grave judicialización y criminalización de la protesta”.
Martes 16 de noviembre de 2021
El miércoles a las 18 horas en Plaza Libertad los seis condenados por la manifestación en la Suprema Corte de Justicia en 2013, realizaran una conferencia de prensa abierta para denunciar la injusticia de ser “juzgados” por segunda vez por los mismos hechos y por la judicialización y criminalización de la protesta que se impone a través de esto.
Mientras la coalición de gobierno prepara un proyecto para habilitar la prisión domiciliaria para favorecer a los genocidas en la cárcel de Domingo Arena ( proyecto encabezado por Cabildo Abierto y respaldado por el partido Nacional del presidente Lacalle Pou), con el que se intenta dar nuevos pasos en la impunidad de los represores de la dictadura y reimponer la teoría de los dos demonios. Esta iniciativa está acompañada por la campaña encabezada por la intelectual derechista Mercedes Vigil para liberar a los genocidas.
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Esta ofensiva contra los manifestantes no es inocente, sino que es parte de la política del gobierno de Lacalle Pou de criminalizar la protesta y las medidas de lucha de los sectores populares, como se puede ver claramente con la LUC y el ataque al derecho de huelga que plantea, entre otras normas autoritarias.
En 2013 el poder judicial había decidido trasladar a la jueza Mariana Mota de la órbita penal a la órbita civil. En esa época dicha jueza tenía a su cargo múltiples causas de violación de los DDHH cometidos por la dictadura, por lo que dicho traslado era claramente una maniobra política para congelar las causas de DDHH que se habían podido abrir hasta ese momento.
En protesta miles de manifestantes concurrieron hacia la SCJ para repudiar dicha decisión, convocados por el Pit-Cnt, FEUU, Crysol, Familiares y otras organizaciones. Protesta que fue respondida con represión mediante un desalojo violento, para posteriormente iniciar una caza de brujas selectiva en contra de determinados manifestantes, reconocidos militantes sociales y de los DDHH.
La reactivación de este caso es una grave amenaza contra los intereses y derechos de los organismos de derechos humanos, las organizaciones de trabajadores, estudiantiles y populares en general. También es una clara advertencia que muestra la creciente necesidad de la lucha unida y en las calles de los trabajadores y distintos sectores populares, para pararle la mano a esta ofensiva derechista del gobierno.
