Derecho a la vivienda. Inmobiliaria desaloja ilegalmente a familia en Ciudad Juárez

El pasado 28 de mayo, luego de un primer intento fallido el 7 del mismo mes, la familia Contreras Morales, integrada por militantes del MTS y su hija menor, fue desalojada de manera ilegal y arbitraria de su vivienda en Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, Chihuahua.

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Detrás de los desalojos en Ciudad Juárez, que son cosa de todos los días, están los intereses de las inmobiliarias, que cuentan con el apoyo del gobierno para hacer negocios fraudulentos a costa del derecho a la vivienda para las familias trabajadoras.

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En el caso de los compañeros, además, todo indica que se trata de una medida represiva por su actividad política contra la privatización del parque El Chamizal.

Presentamos el video completo de la conferencia de prensa, así como el pronunciamiento elaborado por la Coordinadora de Lucha por el Derecho a la Vivienda.

Pronunciamiento de la Coordinadora de Lucha por el Derecho a la Vivienda

El problema de la vivienda en Ciudad Juárez, si bien se ha agudizado con la crisis sanitaria y económica, es de larga data en esta ciudad, así como la brutalidad con la que los gobiernos en turno deciden responder a los reclamos por este derecho elemental. En el último periodo la incapacidad de garantizar el derecho a la vivienda tiene como consecuencia el aumento del desalojo de familias enteras en plena pandemia por covid-19.

Cifras del 2021 muestran que Ciudad Juárez se ha convertido en uno de los municipios más caros de la línea fronteriza. Está hasta 120% por encima de Nuevo Laredo o Reynosa. El costo de compra y renta de vivienda cada vez se vuelve más incosteable para trabajadores, principalmente industriales y del sector maquilador, toda vez que el valor promedio de una vivienda en Juárez ya ronda el millón de pesos.

Este proceder lleva largos años, existiendo un marcado aumento con la crisis de violencia y desplazamientos forzados que asoló el norte del país durante los últimos quince años lo que dejó tras de sí un fenómeno de "pueblos fantasmas". Recordamos, por ejemplo, el desalojo de febrero de 2003 por parte de la Policía Municipal y de la Judicial del Estado en contra de entre 8 y 10 personas instaladas en el sitio conocido como "Lote Bravo".

Este escenario se replica 18 años después. Lo que en su momento concretó el gobierno municipal de aquél entonces, encabezado por el panista Jesús Delgado Muñoz, lo replicó el gobierno de Carlos Ponce, cuando el pasado 5 de mayo, la misma Policía Municipal desalojó con violencia un predio que se encontraba habitado por varias familias. Del desmedido operativo resultó al menos una decena de detenidos.

Para 2017, autoridades y medios de comunicación mencionaban la "ocupación" y "vandalización" de espacios y viviendas, aunque no existían cifras oficiales ni censos de los predios en esta situación. Entonces Armando Cabada emprendió un convenio con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, convenio que, hasta el momento, sólo ha servido para justificar los violentos desalojos. Activistas denuncian que, al día, el Poder Judicial realiza por lo menos 10 desalojos en complicidad con empresas inmobiliarias y el mismo Infonavit.

Así, el desalojo de su vivienda a Julián Contreras Álvarez y Yessica Tzunalli Morales Castro, ambos integrantes del Frente en Defensa de El Chamizal, y militantes del Movimiento de las y los Trabajadores Socialistas, se da en Ciudad Juárez, Chihuahua, en medio de esta oleada de desahucios perpetrados por el gobierno municipal de Carlos Ponce Torres en contra de familias pobres y trabajadoras.

Ante estos hechos, es necesario señalar claramente que detrás de los desalojos en Ciudad Juárez se ha gestado un proyecto que ve en la frontera un dinámico corredor de intercambio comercial que resulta muy atractivo para nichos inmobiliarios. La compraventa de la llamada cartera vencida se da en un juego perverso donde los intereses legales e ilegales de estas inmobiliarias ningunean el derecho a la vivienda de miles de juarenses y migrantes.

Denunciamos que la imposición de estos proyectos de despojo cuenta con el pleno respaldo de gobiernos y de sus cuerpos represivos y que llevan instalándose en la ciudad los últimos veinte años, con fraccionamientos y ventas fraudulentas como en Riveras del Bravo, El Barreal, Las Alamedas, Villas del Sol y Los Arcos, entre muchos otros más. Casas inhabitables y verdadera usurpación de tierra por parte del gobierno y las empresas han sido una constante en la región. De igual manera, denunciamos las condiciones de precarización y desempleo que llevaron miles de familias a abandonar sus créditos víctimas del acoso de Infonavit que mediante convenios turbios pasaron decenas de miles de créditos a la banca privada que a su vez ha operado desalojos de manera reiterada por lo menos desde los últimos 13 años, pero que igual tienen un pasado reciente de despojo tras la crisis económica de 1994, que despertó un movimiento nacional contra los desahucios.

La corrupción que trasciende administraciones queda en evidencia con las denuncias de vecinos desalojados, que aseguraron que tenían un convenio con el exdirector de Asentamientos Humanos, Arturo Ayala, el cual se ha negado a dar la cara hasta el momento. La estigmatización de quienes son orillados a ocupar espacios deshabitados se articula con la criminalización y el ataque a las organizaciones y voces que denuncian cómo estos desalojos están lejos de ser un caso aislado.

Por ello desde el Movimiento de las y los Trabajadores Socialistas (MTS) y desde la Agrupación de mujeres y diversidad sexual Pan y Rosas, hacemos el llamado a la población trabajadora y popular a no quedarse quietos ante las imágenes que nos dejan estos desalojos de viviendas, ya que nos demuestran cómo es la misma población la que busca resolver, de manera desesperada, los problemas que no pueden resolver los gobiernos capitalistas debido a que sus intereses están ligados a las mismas empresas que se apropian a precios irrisorios y a veces sin derecho alguno de esas mismas viviendas para revenderlas. Un negocio turbio que se apropia de manera vil de los fraccionamientos construidos con el dinero del fondo para la vivienda de la clase trabajadora.

La legislación vigente que opera a favor de las empresas, los bajos salarios, el impacto de una reactivación económica forzada que posiciona a Ciudad Juárez como el segundo municipio de Chihuahua con más casos y muertes por covid-19, son elementos que constituyen la base de una situación en donde no hay discurso que valga: o se está del lado de las clases populares o se está con empresarios y sus proyectos de lujo.

En ese contexto, la entrega de los terrenos de El Chamizal a la voracidad empresarial es otro ejemplo del despojo que llevan a cabo los capitalistas en complicidad con los gobiernos en turno. No es gratuito el desalojo en contra de reconocidos activistas en contra de esta obra y que se llevara a cabo el mismo día en que se presentaría un amparo por parte de opositores a la privatización de este parque.

Declaramos que sólo la más amplia unidad de las organizaciones de las y los trabajadores y sectores populares, podrá hacer frente a estos golpes que afectan el derecho a la vivienda, al trabajo y a la salud, así como poner un alto a la depredación y despojo empresarial. Esta unidad debe ser sobre la base de la movilización en las calles y la auto organización desde las bases trabajadoras y populares, por ello planteamos la necesidad de impulsar comités por el derecho a la vivienda digna que desde asambleas impulsen un gran movimiento o frente por el derecho a la vivienda.

La crisis económica y sanitaria que está dejando a más familias en situaciones de pobreza, donde existe una gran cantidad de familias monomarentales y donde para niños, niñas y adolescentes esta realidad de los desalojos es peor, muestra que es un engaño la respuesta de planes de vivienda que no se llevan a cabo o están por fuera de la capacidad salarial de la población trabajadora y precarizada, mucho menos la supuesta promesa de que no habrá más desalojos.

Ante este chacaleo de inmobiliarias, financieras (estatales y privadas) y empresarios de la construcción, tampoco es una solución hasta el final, los planes de crédito que generan un endeudamiento por varios años. Por el contrario un verdadero plan de vivienda digna debe atentar contra la especulación inmobiliaria y expropiar estatalmente los predios y bajo un plan de acceso pleno a la vivienda y crédito barato, atentar contra el lucro de las empresas inmobiliarias.

Familias en la Calle Nunca Más

Por el derecho a la vivienda digna

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