A pesar de que Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador veracruzano, señaló que la acusación es una estrategia de desprestigio contra dos de sus hijos, no es la primera vez que se ve envuelto en investigaciones por corrupción, ejercicio indebido de su cargo y abuso de autoridad.
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Lunes 19 de abril de 2021
Durante 2019 otros tres exfuncionarios de la gestión del exgobernador panista (2016-2018) fueron señalados y arrestados por desviación de recursos públicos, asignados para institutos de salud del estado de Veracruz.
Miguel Ángel Yunes afirma ahora ser víctima de una "estrategia cobarde" detrás de la denuncia por corrupción presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que depende directamente del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este domingo por medio de un comunicado que investiga a Yunes por su gestión al frente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) entre 2006 y 2010 fruto de dos denuncias interpuestas por la UIF por enriquecimiento ilícito.
Ante la falta de rendición de cuentas que prevalece en el actual sistema de partidos del país, exfuncionarios como Yunes pretenden deslindarse de sus responsabilidades argumentado que se trata de calumnias bajo el trasfondo de las elecciones intermedias en puerta.
Así, denunció que la actual denuncia es "una estrategia para lastimar a dos de mis hijos que decidieron hacer carrera en el sector público, uno de ellos como candidato en esta etapa de elecciones y el otro como alcalde en funciones de la ciudad de Veracruz".
Cabe mencionar que durante la gestión de Yunes como gobernador emprendió una batalla legal contra su predecesor, Javier Duarte, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), actualmente encarcelado por corrupción y cuya ex esposa ha iniciado un proceso de extradición acusada de ser responsable del desvío de más de 100 millones de pesos del DIF de Veracruz, sin duda una de las entidades del país más golpeadas por la corrupción y saqueadas por los partidos patronales del régimen.
