El lunes 2 de noviembre, el Parlamento aprobó volver a discutir la propuesta de vacancia presidencial el próximo 9 de noviembre. Se podría en juego la destitución del presidente Martín Vizcarra acusado de haber recibido un soborno de 2 millones de soles cuando era gobernador de Moquegua.
Martes 3 de noviembre de 2020 10:53
Con 60 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones, el pleno del Congreso resolvió volver a discutir por segunda vez, en menos de un mes y medio, la vacancia del presidente Martin Vizcarra. Esto significa que se le quitaría el apoyo del parlamento por estar acusado de haber recibido un soborno de 2 millones y medio de soles (800 mil dólares aproximadamente), cuando este se desempeñaba como gobernador de la región Moquegua durante los años 2011-2015.
Quienes acusan al presidente Martin Vizcarra de haber recibido este soborno son tres aspirantes a colaboradores eficaces, los mismos que en su momento habrían estado muy cercanos al actual presidente peruano. Los mismos desempeñaban como funcionarios de las empresas que se postulaban a la construcción del Hospital de Moquegua y de la obra de irrigación denominada Lomas de Ilo.
Este nuevo escándalo, estalló hace dos semanas atrás cuando un programa periodístico dominical hizo pública la denuncia. Sin embargo, la cual ya venía siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción encargada del caso Lava Jato y del denominado “Club de la Construcción” que compromete a diversos empresarios de la construcción en actos de corrupción de funcionarios públicos. Estos actos de corrupción están orientados a hacer que los empresarios ganen millonarias licitaciones por realizar construcciones para el Estado en sus diversas variantes (nacional y sub nacional).
Esta forma de proceder de los empresarios privados de la construcción se ha convertido en una de las fuentes de enriquecimiento ilícito más recurrente de los últimos tiempos. Es la misma que ha terminado favoreciendo a dichos empresarios y a una casta de políticos y de técnicos vinculados a la gestión pública. Como se recuerda, uno de los casos más relevantes fue el promovido por la empresa Odebrecht, aunque no es el único.
El presidente Vizcarra, quien hasta ahora no ha podido demostrar su inocencia en este nuevo caso que lo compromete profundamente, ha acusado una vez más a quienes promueven la vacancia de querer “sembrar caos y desorden”. Con lo cual pretende descalificar el proceso en sí mismo, como lo hizo en la vacancia anterior.
Sin embargo, por la contundencia de las pruebas que se vienen presentando en su contra, las dudas sobre su inocencia han empezado a extenderse. Esto afecta la imagen que en su momento los grandes medios de comunicación edificaron del presidente a quien posicionaron como el baluarte contra la corrupción. De esta manera desviaron la lucha que el pueblo trabajadora había comenzado a librar en las calles - desde fines del 2016 - a raíz de la publicación de las denuncias contra ex presidentes, políticos y altos funcionarios del estado comprometidos con el caso Odebrecht.
Dentro de los grupos políticos que votaron para discutir la vacancia presidencial el próximo 9 de noviembre, se encuentran: la Unión Por el Perú UPP, del cual hace parte Antauro Humala, actualmente preso por la asonada de Andahuaylas y quien es también conocido por sus posiciones filo fascistas; los Congresistas de Podemos Perú y algunos del Frente Amplio; el grupo parlamentario fujimorista; y los congresistas de Acción Popular, entre otros. Votaron en contra de esta iniciativa los Parlamentarios de Alianza para el Progreso, un sector del Frente Amplio, el Partido Morado, algunos de Somos Perú, mientras que el FREPAP se abstuvo.
En cambio, los que en esta oportunidad votaron para que se discuta la vacancia presidencial en el pleno del Congreso, no están obligados a votar a favor de la vacancia cuando se vote formalmente el 9 de noviembre. Por esa razón, los próximos días serán cruciales para el Presidente de la Republica y para quienes sostienen la vacancia presidencial, ya que las nuevas denuncias y destapes periodísticos sobre este caso o las concesiones que pueda hacer el ejecutivo a sus opositores, definirán el futuro de Vizcarra.
Sin embargo, no podemos perder de vista que: ni la vacancia ni la permanencia de Vizcarra en el sillón presidencial garantizan una salida de fondo a la corrupción estructural del país, ya que ambas opciones mantienen incólumes los pilares del régimen de 1993 que es la base en la cual se sostiene el carácter pro empresarial del Estado capitalista peruano.
