Tras cuatro meses de deliberación, se contemplan en la Carta Magna el uso medicinal de la marihuana, la eutanasia, el derecho a las familias diversas, el respeto a derechos sexuales y reproductivos y la revocación de mandato. Quedaron fuera el ingreso básico y la jornada laboral máxima de 40 horas semanales.
Miércoles 1ro de febrero de 2017
Este martes 31 de enero finalizó la revisión y votación de los artículos transitorios, última fase de la Constitución de la CDMX. La redacción final de los 71 artículos y los 39 transitorios todavía debe ser revisada por la Conferencia de Armonización y votada por el pleno.
Se aprobó que cualquier modificación a la Constitución deberá ser aprobado por referéndum cuando se solicite por lo menos por 0.4% del padrón electoral de la entidad o por dos terceras partes del Congreso Local. También se estipula la legalidad de la revocación de mandato y se elimina el fuero político.
También se fortalecieron las facultades de las delegaciones políticas, se instauró el reconocimiento de los derechos de los jóvenes y comunidades indígenas así como pueblos originarios de la ciudad, la autonomía judicial y la “ciudadanización” del proceso de designación de los titulares de órganos autónomos.
El artículo 11 contempla la “muerte digna” en la ciudad, refiriéndose a la eutanasia, y hace referencia igualmente al pleno derecho de todo tipo de familias a acceder a la protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, refiriéndose a las familias diversas. Se reconocen también los derechos sexuales y reproductivos, el uso de la marihuana con fines medicinales o terapéuticos (aunque debe ser aprobada también por el Congreso de la Unión) y el derecho a la movilidad.
Hasta el final, los temas polémicos
Gracias al pacto entre el presidente Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno que llegó al poder de la mano del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que sólo obtuvo el 7% de los votos para redactar la nueva ley, alcanzó 22 curules, la misma representación de Morena que ganó el 33% del electorado, y sólo un candidato independiente afín a Miguel Ángel Mancera llegó a la Constituyente.
En declaraciones a El País, Imer B. Flores, investigador del instituto de ciencias jurídicas de la UNAM, “Lamentablemente todo el proceso fue muy desaseado. No quedó todo lo que se quería”. Es claro que la composición de la Asamblea Constituyente ni siquiera expresó la voluntad popular que se había manifestado en las urnas en las elecciones de junio de 2016.
Sin embargo, para algunos, el desarrollo de la Asamblea Constituyente permitió el diálogo y la superación de las diferencias frente a las que triunfó la voluntad política y la reflexión, creando una Constitución emanada de un amplio consenso, como declaró Dolores Padierna del PRD.
Bernardo Bátiz, del Morena, declaró haber encontrado camaradería entre los y las diputadas mientras todos los constituyentes se sumaron al reconocimiento de la mesa directiva, en particular de Alejandro Encinas, que encabezó Santiago Creel.
Curioso comentario si partimos de reconocer múltiples momentos de tensión en la construcción del contenido y redacción de la nueva Carta Magna de la entidad, como fue el debate suscitado por la petición de los constituyentes del PAN de incluir en la redacción del artículo 24 el concepto de “derecho a la vida”.
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Se esquivaron otros temas polémicos, dejando fuera de la redacción final la propuesta de legalizar el voto desde los 16 años, reconocer el derecho a una vida digna, un fondo de pensiones para trabajadores no asalariados, el derecho a voto de los reclusos no sentenciados, la atribución de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México de iniciar juicios políticos por violación a derechos humanos, el derecho a la edificación adicional y la obligación de inmobiliarias de mitigar las zonas de construcción para minimizar el impacto ambiental.
Así es que mariachis, albañiles, comerciantes, fotógrafos, plomeros, amas de casa, etc. quedarán impedidos de ahorrar ingresos para percibir jubilación durante su vejez. El derecho a la vida digna quedó fuera gracias a las maniobras de los partidos más conservadores (PRI, PAN, PVEM, PES) en tanto que abría pie a la discusión sobre el “derecho a la vida” y a la criminalización de mujeres que interrumpen sus embarazos.
Los magnates detrás de mega proyectos inmobiliarios están libres de normatividad que frene el despojo y contrarreste la elitización residencial (gentrificación), y los casos de violación de derechos humanos en múltiples escenarios de represión orquestados por el Gobierno de la Ciudad se mantienen impunes.
Asimismo se aprobó que la elección del próximo Fiscal General de Justicia de la Ciudad será a través de una terna presentada por el Consejo Judicial Ciudadano al jefe de Gobierno.
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