Jujuy. Conquistar una banca en el Congreso para que las demandas de los pueblos originarios cobren más fuerza

Jujuy es una provincia indígena. A diferencia de la expresión racista del presidente Alberto Fernández de que “los Argentinos venimos de los barcos” la historia de muchas de nosotras y nosotros está atravesada por migraciones del campo a la ciudad de nuestros abuelos, madres y padres, de distintos pueblos originarios, incluso de países como Bolivia. Del trabajo agrario, en el azúcar, tabaco, al trabajo en las ciudades, que no son los mejores para la mayoría. Limpieza de casas, construcción, cuentapropismo, changarines, feriantes, suelen tener color marrón.

No sólo la opresión se siente con fuerza en las comunidades indígenas, que a pesar de la conquista de derechos democráticos, no son garantizados por el Estado y gobiernos de turno. Sus integrantes engrosan los sectores más empobrecidos de la provincia, en el campo y la ciudad, la discriminación y peores condiciones de vida y trabajo se vive por el sólo hecho de ser indígena, y se agravan aún más si además sos mujer.

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Las instituciones creadas para garantizar derechos como la Secretaría de Pueblos Indígenas, o el INAI a nivel nacional, son puras cáscaras vacías que no tienen incidencia para dar respuesta a las problemáticas de fondo de los pueblos originarios. Queda claro que su función es maquillar a un Estado xenófobo y racista que oprime a los mismos todos los días con sus políticas.

Gobiernos de turno como el de Gerardo Morales hacen demagogia con la cuestión indígena, para solo legitimar y naturalizar la situación de quienes ni siquiera tienen ni agua como la comunidad La Fortaleza en la Quebrada de Humahuaca o derechos como la salud y educación como sucede con familias del pueblo guaraní. “Pachamama yo te cuido” es un slogan para que sólo unos pocos hagan importantes negocios.

A pesar de las promesas, el reclamo histórico de los pueblos originarios por el reconocimiento de su preexistencia en territorios donde viven desde tiempos ancestrales y la entrega de títulos de propiedad comunitaria de la tierra sigue pendiente. De hecho, el proyecto de ley presentado en el Congreso Nacional y en el Senado, de Propiedad Comunitaria Indígena en el 2015, por Legisladores como Alcira Argumedo (Proyecto Sur), Myriam Bregman (PTS/FIT), Pablo López (PO/FIT),y Gabriela Troiano (PS), entre otros, junto a referentes indígenas, y adhesión de las madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas y Mirta Baravalleno, fue rechazado por decisión política de Legisladores del kirchnerismo y de la oposición de derecha.

No es casual, porque los gobiernos de la UCR y el PJ son representantes de terratenientes, empresarios que expropiaron a lo largo de estos años tierras de las comunidades, y multinacionales que saquean y destruyen territorios. La megaminería contaminante, el extractivismo del litio, el negocio del turismo e inmobiliario de la tierra, el agronegocio se llevan adelante sobre territorio que pertenecen a los pueblos originarios y destruyen toda forma de vida.

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Los atropellos para las comunidades no dejan de multiplicarse. El Estado ni siquiera garantiza el derecho democrático sobre la consulta, previa, libre e informada sobre todo tipo de proyecto productivo y/o actividad que se realice en los lugares donde viven. Las 33 comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, La Quiaca Vieja, Villa Perchel, Rodero, Huacalera, Cueva del Inca, Tusca Pacha, Las Capillas, son ejemplos recientes que tomaron relevancia por las luchas de integrantes de la misma que resisten, incluso enfrentando la represión policial y la criminalización de la protesta.

Desde el Frente de Izquierda Unidad tomamos los reclamos y la agenda de los pueblos originarios y rechazamos toda forma de opresión que recae sobre sus integrantes como también la persecución y criminalización de sus protestas por el Gobierno de Morales y Fernández. Como hacemos en la Legislatura de Jujuy, y Concejos Deliberantes, hemos puesto las bancas conquistadas al servicio de acompañar cada reclamo y fortalecer las luchas en curso.

Invitamos a quienes son integrantes de comunidades indígenas y quienes toman en sus manos la defensa de estos derechos a dar esta pelea en común para conquistar por primera vez en la historia una banca en el Congreso con Ale Vilca. Junto a Nicolás del Caño y Myriam Bregman, para potenciar la voz de quienes durante generaciones fueron silenciados y fortalecer la lucha en las calles alianza con las y los trabajadores y sectores populares para terminar con toda forma de explotación y opresión como las cadenas que pesan sobre los pueblos originarios y sus integrantes.

• Apoyo a todas las luchas en curso en defensa de los derechos indígenas. Basta de persecución y criminalización a nuestras hermanas y hermanos de los pueblos originarios.

• Ley de propiedad comunitaria de tierras para la entrega inmediata de los títulos a comunidades indígenas de Jujuy y todo el país. Prohibición de desalojos de las comunidades indígenas de sus territorios. Ley 26.160 sin vencimiento.

• Derogación de la Ley de Servidumbre 5915 que permite el saqueo de los recursos naturales de los territorios indígenas. De la Ley 6235 aprobada recientemente en la Legislatura que posibilita el desojo de tierras fiscales a comunidades indígenas.

• Basta de terricidio. No a la megaminería, agronegocio y actividades extractivistas en territorio indígena.

• Presupuesto para el desarrollo de actividades productivas de las comunidades indígenas.

• Efectivización del derecho al Consentimiento, previo, libre e informado.
• Educación y Salud Intercultural Bilingüe. Iguales derechos para docentes y trabajadores que garantizan las mismas.

• Becas integrales para estudiantes que partan de media canasta familiar para quienes lo necesiten y sin restricciones.

• Acceso a la vivienda, servicios como agua, luz, gas, y trabajo genuino con plenos derechos.

• Plan contra la violencia de género que incorpore las demandas indígenas. No al chineo.