El plenario de comisiones empezó a debatir los distintos proyectos presentados por el oficialismo y Juntos por el Cambio el martes por la tarde, donde expuso el Ministro de Justicia Martín Soria. Hoy podría haber dictamen.
Miércoles 23 de marzo de 2022 10:43
El martes expusieron Martín Soria, el Ministro de Justicia, y Alberto Lugones, actual Presidente del Consejo. Para este miércoles fueron convocados Darío Kuzinski, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de José C. Paz, y a María Fernanda Vázquez, su par de Lomas de Zamora, desde la bancada del Frente de Todos, mientras que el interbloque de Juntos por el Cambio invitó a Alfredo Vítolo y Daniel Sabsay; Diego Spota y el consejero de la Magistratura Diego Marías.
Según fuentes oficialistas, la intención del Frente de Todos es emitir dictamen al término del encuentro de la jornada, para remitir el tratamiento de los proyectos en la semana próxima a la Cámara.
El ministro de Justicia fue el encargado de defender el proyecto del oficialismo en la primera jornada. En su exposición volvió a cargar duramente contra la Corte Suprema, calificando de “extorsión” el accionar de la Corte y de querer “meterse por la ventana” a presidir el Consejo, en referencia al fallo dictado en diciembre del 2021. Y agregó que “el mismo Congreso debería rechazar de pleno esta intromisión de la Corte", llamando a los y las senadoras a "no avalar" la decisión de la Corte porque sentaría "un grave precedente futuro", y terminó pidiendo que acompañen el proyecto presentado por el Ejecutivo.
El fallo de la Corte
La Corte Suprema declaró en diciembre pasado declaró la inconstitucionalidad de la actual conformación del Consejo (de 13 miembros), aprobada por ley en 2006, y dispuso que sea modificada en cuatro meses, de manera contraría se volvería a su vieja composición de 20 miembros bajo la presidencia del titular de la Corte.
El plazo para tratar la reforma se cumpliría el 15 de abril, una vez vencido sin nueva ley los actos que dicte el Consejo de la Magistratura con su actual composición podrían ser nulos, ya que entraría en vigencia la ley anterior e implicaría la elección de 7 nuevos miembros. Esto podría obstaculizar la función del Consejo, encargado de designar y sancionar a los jueces como parte de la administración del Poder Judicial.
Los proyectos en debate
Los senadores Alfredo Cornejo, Silvia Giacoppo y Eduardo Vischi unificaron una propuesta presentada como de todo el interbloque macrista de Juntos por el Cambio. En ella establecen una integración de 20 miembros: cuatro jueces elegidos por sistema D’Hont, ocho legisladores (cuatro por cada Cámara), cuatro abogados de la matrícula federal (dos del interior), un representante del Poder Ejecutivo y dos del sector académico, y la presidencia del Consejo en manos del presidente de la Corte Suprema.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, y sobre el que girará la discusión en las comisiones, propone en tanto elevar de 13 a 17 los miembros de ese organismo, que elegirán a su presidente. La propuesta del Gobierno no establece que el presidente de la Corte vuelva a tener la presidencia y el control del Consejo de la Magistratura, y ésta es la principal diferencia entre proyectos: la injerencia directa de la Corte en la designación y sanción de los jueces.
Propone que el Consejo esté integrado por cuatro jueces o juezas del Poder Judicial de la Nación; seis legisladores (tres senadores y tres diputados, dos de ellos por la mayoría y uno por la minoría de cada Cámara); cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal; un representante del Poder Ejecutivo; y dos de los ámbitos académico y científico. Además establece la paridad de género en todos los estamentos que elegirán sus representantes, en la composición general del Consejo y de todas sus comisiones.
Por otra parte, el senador rionegrino Alberto Weretilneck, y la senadora oficialista de Salta Nora Giménez también propusieron proyectos de reformas al organismo.
Preservando la casta judicial
Como queda expuesto, las diferencias entre proyectos y posiciones, que provocan incendiados discursos de un lado y otro de la grieta, en realidad no es más que alrededor de cuántos miembros hay en el Consejo y de qué instituciones provienen, pero es una cuestión que gana importancia al representar que sectores políticos podrían ganar más o menos influencia a la hora de designar jueces.
El funcionamiento de este organismo, de naturaleza antidemocrática desde su surgimiento, estuvo y está hecho a medida para que los partidos que se turnan en el Gobierno y se reparten el poder del Congreso puedan negociar qué jueces quedan a cargo de determinados juzgados y causas, siendo parte del juego de manejar el Poder Judicial para sus objetivos políticos: sea perseguir opositores, cajonear investigaciones desfavorables, o incluso garantizar la impunidad a funcionarios del gobierno.
La posibilidad de que la presidencia del Consejo vuelva a estar en manos de la Corte muestra de forma extrema cómo funciona la casta judicial: no es suficiente con cargos vitalicios, salarios y jubilaciones de privilegio, sino que también el máximo Tribunal decida quienes serán parte de esta clase selecta y poderosa. Una casta con todas las letras. Pero la oposición del Frente de Todos casi exclusivamente en este punto pone en evidencia la especulación política propia, debido a las causas donde está investigada o procesada Cristina Fernández y otros funcionarios, que deberán ser resueltas en última instancia por la Corte, y por lo cual buscan tener influencia en proponer o frenar jueces resulta clave.
Detrás de las banderas y discursos del Frente de Todos que critican los privilegios e intereses políticos del Poder Judicial, queda a la vista que nada de esto se cuestiona, sino que se preserva. El mecanismo por el cual se designan jueces siguen estando en manos de los partidos tradicionales, opuesto por el vértice a la necesidad de que éstos sean electos por el voto de forma democrática, el único poder que nunca se somete a la elección popular, ni tampoco a la posibilidad de ser removido por ésta. Entre los privilegios y cargos obtenidos por negociación política, se garantiza que el Poder Judicial siga defendiendo los intereses patronales y políticos de los gobiernos, totalmente alejados de las necesidades de los y las trabajadoras y mayorías populares. Sostener el Consejo de la Magistratura es preservar a esta casta, no cambiará su naturaleza por su cantidad de miembros.
El escenario para la votación
Con 10 senadores de 19 en la comisión de Asuntos Constitucionales, y 9 de 17 en la de Justicia, el Frente de Todos podría conseguir dictamen de mayoría y girar el proyecto al recinto la semana que viene. Sin embargo, la crisis del Frente de Todos expuesta a la hora de aprobar el acuerdo con el FMI la semana anterior, anticipa que si se lograra aprobar en el Senado, será fácilmente obstaculizada en la Cámara de Diputados donde dependerá de lograr nuevos acuerdos con la oposición. En lo que hace a modificar aspectos del Poder Judicial, a diferencia del consenso logrado con Juntos por el Cambio para votar el plan de ajuste, es un terreno más difícil, sumada a que la disputa interna dentro del Frente de Todos aún plantea un escenario de gran incertidumbre dentro del Congreso.
