Impuestos provinciales. Consenso fiscal: entre la demagogia política, los problemas de caja y el acuerdo de ajuste con el FMI

La demagogia sigue más allá de la campaña electoral. Este lunes se puso de manifiesto en relación a la firma del Consenso Fiscal 2022. Mientras que el oficialismo levantó la bandera de un impuesto a la herencia, la oposición de derecha -como lo viene haciendo desde hace semanas- hizo discurso en rechazo a cualquier suba de impuestos.

De fondo, como lo denunció hace poco más de una semana a diputada nacional Myriam Bregman (Frente de Izquierda Unidad) ninguna de las coaliciones mayoritarias cuestiona un sistema impositivo completamente regresivo que descansa, en un porcentaje nada menor, en los tributos que abona el conjunto de la población trabajadora al realizar sus compras cotidianas. Específicamente en el IVA.

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Cruces, ironías y medias verdades

El Consenso Fiscal 2022 fue firmado por la inmensa mayoría de las provincias. Con excepción de la Ciudad de Buenos Aires, que se negó a hacerlo, solo otros dos distritos no estamparon la firma porque no resultada necesario (San Luis y La Pampa), ya que no habían suscripto el convenio de 2017 que ahora se revisaba.

El Gobierno nacional presentó el acuerdo como un “paso en favor de garantizar un crecimiento equilibrado en toda la Argentina”, ya que establece un esquema donde libera a las provincias para aumentar determinados impuestos al tiempo que establece topes específicos para dichas subas. Entre los tributos provinciales, el más importante es el de Ingresos Brutos, que se paga por la actividad económica. Al mismo tiempo, el acuerdo habilita la posibilidad de que cada distrito discuta habilitar un impuesto a la herencia. De conjunto, da un margen importante para que cada provincia avance en aumentar impuestos en función de sus propias necesidades fiscales.

El impuesto a la herencia existía a nivel nacional hasta la dictadura militar de 1976 y fue el régimen genocida el que la eliminó. Hoy existe en la Provincia de Buenos Aires, donde fue establecido en 2011.

Como no podía ser de otra manera, la oposición de derecha puso el grito en el cielo ante esta posibilidad. Apelando al discurso que liberales y (falsos) libertarios utilizaron en campaña, se rasgó las vestiduras contra todo eventual aumento de impuestos. Fue Horacio Rodríguez Larreta uno de los primeros y principales voceros de esta cuestión.

Sin embargo, esa demagogia tiene patas cortas. En la misma Ciudad de Buenos Aires, la gestión de Juntos por el Cambio viene de imponer una suba notoria del ABL (impuesto por Alumbrado, Barrido y Limpieza), que golpea sobre los bolsillos de toda la población.

La negativa porteña a firmar el pacto también se sustenta en el hecho de que tendría que renunciar al juicio que sigue contra el Estado nacional por los cambios en la coparticipación que ocurrieron en 2020. Hay que recordar que en ese entonces, el Poder Ejecutivo nacional recortó un punto de coparticipación -que CABA había obtenido de manera arbitraria en la gestión presidencial de Macri- para otorgar un aumento de remuneraciones ante el chantaje armado que protagonizó la mafia de la Policía Bonaerense.

El discurso de la oposición de derecha tiene, sin embargo, sus contradicciones. Mientras Larreta rechaza firmar el pacto, los gobernadores radicales de Jujuy, Corrientes y Mendoza sí firmaron. Lo hicieron anunciando que no subirán impuestos. Difícilmente alguien pueda creerles. Pero la necesidad tiene cara de hereje.

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Un poco de hipocresía patronal

Quienes también sumaron su voz al rechazo fueron las patronales agrupadas en la Unión Industrial Argentina (UIA). En un comunicado acompañado de una dosis de hipocresía, las grandes empresas reclamaron contra la eventual suba de Ingresos Brutos en cada distrito dado que “tiene un efecto adverso sobre el sector productivo, al afectar el traslado de acciones de sociedades, que impacta sobre todo en las pequeñas y medianas empresas familiares”.

En el mismo comunicado, agregaron que “al igual que el IVA, su carácter regresivo se debe a que no sólo perjudica la competitividad de las empresas sino que su costo es afrontado por todos los consumidores, impactando en mayor medida en los sectores más vulnerables que destinan mayor parte de sus ingresos al consumo”.

No viene mal recordar que se trata de la misma cámara patronal que cada tanto pide flexibilización laboral y abaratar los despidos todo lo posible. De los mismos empresarios que rechazan cualquier mínimo control de precios con tal de seguir asegurando sus ganancias a costa del hambre o las necesidades del pueblo. Su “preocupación” por los sectores vulnerables o las empresas familiares es puro cinismo.

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De recursos, negociaciones y acuerdo con el FMI

Las provincias firmaron el Consenso Fiscal en el marco de las negociaciones con el Gobierno nacional. Dado las deudas que mantienen con el mismo, en parte están obligadas a adherir al acuerdo. Al mismo tiempo, éste les habilita la posibilidad de llevar a cabo aumentos de los impuestos que se cobran en cada distrito. Una vía para generar recursos propios mirando hacia un 2022 donde los recursos nacionales estarán fuertemente condicionados por lo que resulte del eventual acuerdo con el FMI.

Así quedó de manifiesto durante la firma misma del acuerdo. De hecho, Alberto Fernández lo explicitó al señalar que “este acuerdo nos sirve mucho en la discusión que tenemos con el Fondo. Nos muestra un país que proyecta el futuro en términos fiscales racionales y con el consenso de todos los gobiernos provinciales". Más claro, imposible.

No es un secreto para nadie que el organismo internacional exige un fuerte ajuste del gasto público como condición para cerrar un nuevo acuerdo que permite refinanciar el pago de la deuda ilegítima e ilegal contraída por Macri. El Frente de Todos, más allá de la demagogia y los discursos, ha garantizado que pagará la misma. Esto, lógicamente, traerá nuevos ajustes sobre las mayorías populares.