(...) Si bien despenalizar el aborto es una cuestión mínima, para la situación actual, representa un avance. Sin embargo, lo que realmente pone sobre la mesa esta votación, es la necesidad imperiosa de una ley de aborto libre, seguro y gratuito.
Domingo 22 de agosto de 2021
Desde hace décadas, el movimiento de mujeres y feministas viene en todo el mundo instalando el debate sobre el derecho al aborto. Pero fue la movilización de millones en las calles de Argentina, la "marea verde" del 2018 que trajo nuevamente a la discusión política el aborto, como un problema de salud pública en América Latina. El país vecino legalizó el aborto libre, seguro y gratuito hasta la semana 14 de gestación, en enero de este año. En Chile, por el contrario, abortar clandestinamente no sólo implica riesgos para nuestra salud, sino además el peligro de ser encarceladas por ejercer este derecho.
El día lunes 9 de agosto de este año, la Comisión de Mujeres y equidad de género de la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar la despenalización del aborto. La iniciativa consideraba modificar artículos específicos del Código Penal para evitar la persecución a las personas que aborten o faciliten un aborto, y fue impulsada por parlamentarias de oposición el 2018, contando con apoyo desde el Partido Comunista y el Frente Amplio al Partido Socialista. Con votos de la derecha más rancia y la Democracia Cristiana, nuevamente se pusieron trabas desde los sectores conservadores para frenar todo paso en la perspectiva de la legalización del aborto. Porque si bien despenalizar el aborto es una cuestión mínima, para la situación actual, representa un avance. Sin embargo, lo que realmente pone sobre la mesa esta votación, es la necesidad imperiosa de una ley de aborto libre, seguro y gratuito.
La pandemia ha demostrado la deuda histórica que existe con la salud sexual y reproductiva de mujeres y cuerpos gestantes, con millones de embarazos no deseados y mostrando que más de un 50% de nosotras se ha visto con dificultades para acceder a métodos anticonceptivos; responsabilidad que por lo demás, culturalmente se le asigna a las mujeres y personas susceptibles de quedar embarazadas. En el marco del proceso constituyente en curso, y con una importante presencia de militantes feministas en la Convención Constitucional, abrimos las siguientes preguntas: ¿Podemos constitucionalizar el derecho al aborto? ¿Cuál es la pelea que tenemos que dar, y por qué?
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Para nadie es una novedad que la constitución de Pinochet contiene los pilares del proyecto político y económico que trazó para Chile la derecha y los empresarios, junto a los militares. En la constituciòn actual, la prohibición del aborto está planteada a modo de subterfugio: no se refiere directamente al asunto sino que mandata al Estado a proteger la vida del que “está por nacer”. No obstante, no es solamente la constitución; lo prohíbe también el Código Penal y el código sanitario. Si bien en 2017 se aprobó aborto en tres causales (riesgo vital de la madre, violación o problemas letales del feto), estos corresponden solo a un 3% de los casos, según señalan desde la Mesa de Acción por el Aborto.
En Chile, se estima que se realizan alrededor de 200 mil abortos anuales, en la clandestinidad, dependiendo principalmente de redes feministas que durante años han acompañado abortos, pero que es imposible que puedan cubrir completamente la demanda. Muchas mujeres y cuerpos gestantes no logran acceder a esas redes y exponen su salud a métodos dudosos o artesanales, donde incluso pueden perder su vida: es un problema de salud y políticas públicas. Sumado a ello, la penalización del aborto opera no solo en términos judiciales, sino también culturales. Estar en contra del aborto legal es estar a favor del aborto clandestino, pues estos ocurrirán con leyes o sin ellas.
Tras el rechazo a la idea de legislar la despenalización del aborto, el Ejecutivo salió a celebrar este obstáculo para la autonomía de los cuerpos gestantes, planteando que “las personas tienen derecho sobre su propio cuerpo, no así sobre el de otras personas”. Estos dichos de Máximo Pavez, subsecretario de la Segpres, causan por lo bajo, desconcierto. ¿No son precisamente ellos quienes están decidiendo sobre el cuerpo de otras personas? Sobre los cuerpos de mujeres y personas gestantes que hoy no tienen el derecho a decidir.
Mientras la derecha esgrime este nivel de argumentos, causa también desconcierto que tanto la Plataforma Feminista Constituyente Plurinacional como la Bancada Feminista Transversal no se han pronunciado públicamente respecto de este debate, ni tampoco sobre cómo podemos efectivamente consagrar, tanto en la ley como en la carta magna, un derecho fundamental como lo es el de decidir si queremos o no ser madres.
La votación de la Democracia Cristiana en la comisión de la cámara demuestra dónde están situadas las coordenadas políticas de dicho sector, cuya misión es mantener el orden del viejo régimen político que millones rechazamos en la revuelta del 2019, fuerza que desplegamos en las calles y cuya potencia hoy se encuentra contenida bajo el dique de esta Convención llena de trampas.
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Las feministas al interior de la convención constitucional no tienen por qué subordinarse a este Estado capitalista, patriarcal y racista, ni al Pacto por la Paz, que en sus cimientos garantizó la impunidad a Piñera y a todos los violadores de los Derechos humanos durante la rebelión, asegurando además un marco importante de maniobra a los viejos partidos del règimen político. Pero supuestamente esos partidos hoy no son mayoría en la Convención, y aún así, las fuerzas políticas que se han declarado contrarias a este orden y que ven en dicho espacio un lugar de disputa programática, no han planteado cómo es posible conquistar las demandas populares, entendiendo que los millonarios y poderosos de este país no van a renunciar a sus privilegios de manera pacífica y apacible. Ni tampoco van a dejarse derrotar respecto de la imposición de su moral hipócrita, católica apostólica romana, completamente funcional al capitalismo.
Por ello no podemos suponer que en base a acuerdos vamos a llegar a conquistar el aborto legal. Debe estar consagrado en la constitución como un derecho político (decidir si ser madre o no), planteando como elemento fundamental que la decisión de llevar o no adelante un embarazo es exclusiva de quien se encuentra en dicha situaciòn, y que no le corresponde a nadie más que a esa persona tomar esa decisión. No pueden decidirlo ni el poder médico ni judicial, ni mucho menos este Estado al cual no le debemos nada.
Necesitamos exigir que la Convención Constitucional establezca el derecho a la autonomía de los cuerpos, y que se consagre el aborto libre, seguro y gratuito como un derecho político de las mujeres y cuerpos gestantes, para que la maternidad sea una opción y no una obligación. Necesitamos terminar con las vueltas eternas: en la Convención, quienes dicen estar por los derechos reproductivos de las mujeres, cuentan con una importante representación: hay que votar un decreto ahora en la Convención para que el aborto sea un derecho. No está el pretexto de que somos minoría. No hacerlo, es traicionar la lucha de las mujeres. Esperar que el Congreso nos de algo, es una ficción.
Esto exige que quienes se reivindican feministas en aquella Convención tramposa rompan con aquellos que votan con la derecha mantener los ⅔ antidemocráticos, como Fernando Atria del Frente Amplio, y hagan concreción de sus proclamas lilas y pañuelos verdes, constitucionalizando el derecho al aborto como una cuestión política y de salud pública. Para ello es fundamental que despleguemos una gran lucha, y que las compañeras feministas en las Federaciones Estudiantiles y Sindicales desplieguen llamados a movilizaciones para que conquistemos el derecho al aborto constitucionalmente y que se apruebe una ley de aborto libre, seguro y gratuito, donde sean las mujeres y personas gestantes quienes decidan dónde y cómo abortar; ya sea mediante procedimientos médicos quirúrgicos ambulatorios y respetuosos o mediante un aborto seguro con pastillas en la comodidad de sus hogares. Los parlamentarios de derecha y la Democracia Cristiana no cederán amablemente el control de nuestra sexualidad y capacidad reproductiva. Necesitamos de la movilización para derrotarlos. Y así mostrar de qué lado están. El debate sobre el aborto también tiene esa "gracia": muestra la verdadera cara de este sistema, anti mujeres y anti pobres.
A las compañeras feministas que miran con ilusiones aún la Convención Constitucional, les recordamos que el Estado chileno sigue siendo patriarcal, racista y capitalista; eso no va a terminar solamente echando abajo la constitución de Pinochet. Debemos proponernos un horizonte de expectativa radicalmente distinto, y alentar a que la clase trabajadora y las mujeres de los sectores populares, migrante, y de pueblos originarios, tomemos en nuestras manos la tarea de echar abajo este régimen político en su conjunto con nuestra lucha, y así avanzar en la perspectiva de construir otra sociedad, una verdaderamente sin explotación ni opresión.
