La discusión que ha conllevado la actual ley de retiro del 10% de los fondos de pensiones ha abierto una gran ola de debates en la población, produciéndose un reimpulso de la politización de las masas. Es así que las críticas hacia las AFP no sólo han sido acompañadas de protestas y barricadas en diversas poblaciones del país, o de acciones sindicales como las que han realizado las y los trabajadores portuarios a lo largo del país. Junto con la crítica a las AFP, se vuelve a hablar de Asamblea Constituyente en las mesas del pueblo trabajador y pobre, así como un cuestionamiento profundo al conjunto del régimen, mientras que desde el mundo empresarial se ha realizado una verdadera campaña del terror por instalar la idea catastrófica de que si se retiran los fondos, Chile viviría crisis económica enorme, puesto que mágicamente el Estado se quedaría sin fondos.

Es a esta idea completamente falsa, motivada por los intereses políticos e ideológicos del gobierno para resguardar la gran propiedad y las riquezas de los dueños del país, que en este artículo queremos oponerle una idea de cuestionamiento profundo a la economía capitalista chilena para actuar a favor de quienes verdaderamente están pagando la crisis: El impuesto a las fortunas de los empresarios del cobre, así como la necesidad de un paro de la minería –y de todos los trabajos no esenciales-, con la perspectiva de una renacionalización del metal rojo para que sus ganancias nos permitan no sólo solventar los gastos de la coronacrisis, sino que dar respuesta a las problemáticas y necesidades del pueblo.

Con esta intención por delante, adentrémonos pues al debate.

El norte del país como un matadero de las familias trabajadoras y pobres

La zona norte del país, y específicamente la región de Antofagasta, con los ejemplos de Calama, María Helena y la propia capital regional, se han transformado en verdaderas zonas de sacrificio, en verdaderos mataderos. Si antes de la pandemia y el estallido social el norte era noticia por sus altos grados de contaminación y enfermedades por cáncer a la piel, agua de alcantarillado con metales pesados, y hasta incluso altos índices de silicosis, el día de hoy hace noticia por ser uno de los focos de contagio. El virus se vino al norte, repiten algunos trabajadores mineros, mientras ven a sus compañeros de trabajo y sus familias contagiarse, perder el empleo, y en varios casos, la vida de familiares. Todo mientras el gobierno ha avalado el que las mineras no cierren ni un solo segundo, protegiendo la riqueza de grupos económicos como BHP Billiton, el grupo Antofagasta Minerals –perteneciente al grupo Luksic-, entre otros.

Sólo en Antofagasta entre el 30% y el 40% de los contagios corresponden a trabajadores mineros, ya sean de empresas privadas o estatales [1], lo que expresa esta política de matadero que han llevado adelante con el discurso de la “reactivación económica”, lo que sólo se ha transformado en un contagio en masa provocado por los intereses empresariales del gobierno. Se trata de una reacción en cadena, la cual puede presentar casos de contagio múltiples cuando la o el trabajador baja de la mina, contagiando a transportistas, personal de aseo, y hasta incluso sus propias familias y vecinos. Un ataque empresarial del trabajo a la casa. Si consideramos entonces que el 40% corresponden a contagios estrictamente por causa laboral, ¿cuántos serían los casos relacionados a esto? ¿Cuántos del total de los 12.800 contagios y 271 muertes a la fecha se han producido por tener contacto con un trabajador que fue contagiando producto de la codicia empresarial y del gobierno? Incluso en un estudio publicado por CIPER Chile se habla de 6.134 contagios acumulados en Antofagasta en base al Informe Epidemiológico emitido el 17 de julio por el Ministerio de Salud, seguida por la comuna de Calama, con 5.711 casos, hablándose incluso de una tasa de positividad entre 50% y 80%, siendo esta comuna aquella que concentra la mayor cantidad de industrias mineras de la región. [2]

Antofagasta, Calama y Rancagua son las comunas de regiones que más casos acumulan desde el inicio de la pandemia y, además, la cantidad de personas que iniciaron síntomas en las dos semanas previas a este reporte (casos activos) es alta e indica que la pandemia aún no está controlada en estos lugares. [3]

Estas son las consecuencias de mantener intactas las mineras del país. Sólo se enriquecen los más ricos, mientras que el pueblo trabajador se empobrece a costa de la vida de sus familias.

El proyecto de suspensión parcial de la actividad minera y la necesidad de salvar las vidas del pueblo

Frente a este escenario parlamentarios de la región de Antofagasta, O´Higgins e integrantes de la comisión de Minería del Congreso, como Catalina Pérez (RD), Raúl Soto (PPD), Marcela Hernando (PR), Pablo Vidal (RD), Juan Luis Castro (PS) y Esteban Velásquez (FRVS), presentaron un proyecto de ley titulado “Proyecto de ley que dispone la suspensión parcial de las faenas mineras en el territorio nacional, en las condiciones que indica y por el plazo de catorce días, como medida de prevención ante la pandemia del COVID19” [4], el cual busca la “suspensión parcial de las faenas mineras en el territorio nacional por un término de catorce días, así como establecer normas para el funcionamiento y operación de éstas durante la pandemia del COVID19.”, así como “limitar al máximo el traslado de trabajadores dentro de las comunas mineras y evitar completamente el traslado de trabajadores desde y hacia las comunas mineras.” Mientras que se apunte a un “equilibrio entre el desarrollo de una actividad fundamental para la economía, y el resguardo de la salud y la vida de los trabajadores, sus familias, así como también, los territorios y comunidades en que se desarrolla esta actividad.” [5]

Es así que los parlamentarios utilizaron el mismo argumento que el presidente Fernández de Argentina: “de la economía se vuelve, de las vidas no”. [6] Se cita la experiencia comparada de Perú. La Sociedad Nacional de Minería ha declarado que la actividad minera se encuentra suspendida y sólo permanecen funciones de “cuidado y mantenimiento”, es decir, tratamiento de aguas, tranques de relave y áreas de almacenamiento de explosivos, así como también el traslado de concentrados y cátodos.

Sin duda alguna, el paralizar la minería es una necesidad de primer orden si lo que se quiere es proteger las vidas del pueblo, sobre todo cuando los contagios alcanzan índices tan altos bajo la complicidad del fracaso rotundo del gobierno para enfrentar la pandemia. Sin embargo, uno de los flancos de este proyecto es que libra de responsabilidad al conjunto de los empresarios. ¿A qué nos referimos con esto? A que si la vida de las ciudades mineras gira en torno a la minería, tanto en la activación económica que produce en el comercio, como en la forma en que se han diseñado las ciudades, para que converjan al quehacer minero y trasladen constantemente trabajadores desde y hacia las faenas, podríamos decir que toda la economía que no es minera trabaja indirectamente para la minería. Transporte, hospedaje, servicios básicos y otras empresas asociadas. Si se decreta el cese de operaciones por 14 días ¿qué ocurrirá con estos trabajadores? Una medida así sin la prohibición regional del despido podría llevar a la incertidumbre a decenas de miles de trabajadores y trabajadoras. Es de esta forma que –pese a sus intenciones- esta ley de suspensión del trabajo minero o podrá ser utilizada como fundamento para invocar las causales de despido previstas en el artículo 159 N°6 o en el artículo 161 del Código del Trabajo.

Se torna así inevitable para una salida favorable al pueblo nortino una paralización total de la minería y de los trabajos no esenciales mientras dure la pandemia para defender sus vidas y no las billeteras de los grandes dueños –o saqueadores- del país, entregándose así rentas básicas de emergencia no sólo para quienes trabajen estrictamente en el área minera –en donde Antofagasta concentra un 52% de la producción nacional de cobre-, sino para quienes se encuentran relacionados a ésta prestando servicios. ¿Se puede realizar esto con las ganancias de las empresas mineras?

No hay plata: La farsa colosal del gobierno para justificar el matadero

Hay una cosa por la que debemos partir y es afirmando que la idea de que si la minería para un mes la economía chilena se cae. Plata hay. Incluso, si las empresas mineras pusieran de su patrimonio por todo lo que no se va a producir, sería prácticamente un beneficio para la economía, impidiendo así que sea la clase trabajadora y el pueblo quienes pongan los muertos para que los ricos se hagan aún más ricos.

Veamos para esto el caso de Minera Escondida Limitada (MEL) - faena controlada en un 60% por BHP Billiton grupo transnacional australiano-británica-, la cual es reconocida como una de las más importantes en la zona norte del país. Esta minera, la cual cuenta con una infinidad de empresas contratistas a su servicio, contando con un universo aproximado de 4.000 trabajadores y aun reduciendo su personal en un 20%, la megaminera aumentó su producción en un 8,2% en el periodo del primer trimestre del 2020 [7], y un aumento de un 4% en el periodo julio 2019 – junio 2020, obteniendo así 1.185.000 toneladas de cobre. [8]

Detengámonos en estas cifras de momento. Si nos situamos en este aumento del 4% en su producción de 1.185.000 toneladas, las cuales equivalen a unas 2.612.477.807 libras, y consideramos que el valor para el precio del cobre en dólares para el 3 de abril según la Comisión Chile del Cobre es de 2,4 dólares la libra, podemos afirmar que el total de ganancias en ventas es de $6.269.946.736,8 de dólares. Ahora, si a esta cifra le restamos los costos de producción, los cuales aproximadamente son 1,10 dólares por libra, considerando un total de 2.612.477.807 libras, obtendríamos una cifra general de ganancias de: US$5.982.574.178,8.

Es decir, en un año minera Escondida produjo alrededor de 5,9 mil millones de dólares. [9] Ahora, si a esto le imponemos un impuesto del 20%, que equivalen a 1,2 mil millones de dólares, y esta cifra la dividimos en 648 dólares –lo cual representa una renta de 500 mil pesos-, obtenemos que se podrían entregar 1.851.851,8 sueldos, es decir, que si para Antofagasta consideramos 250.000 familias, podrían costearse rentas de $500mil para cada una de ellas por 7 meses. Hasta incluso, con un impuesto del 20% se podrían construir 4 hospitales como el Hospital Regional de Antofagasta, considerando que su costo de inversión fue de US$247 millones. Es una completa mentira que no hay dinero para enfrentar la crisis. Una mentira completamente oportuna para los bolsillos empresariales, y una sentencia de muerte para el pueblo trabajador y pobre.

Aquí incluso podríamos tomar el caso de las AFP, a raíz de la polémica ley que permite el retiro del 10% de los fondos de pensiones, en donde el grupo Luksic recibe inversiones por $5.656 millones de dólares de las AFP de sus trabajadores de 8 de sus empresas, como CCU, Banco de Chile, Quiñenco, entre otras. [10] Esta cifra corresponde aproximadamente a $4.646.404 millones de pesos, lo que equivale a 464.640 ventiladores mecánicos de $10 millones cada uno.

En definitiva, y volviendo a la problematización anterior que abríamos a raíz del proyecto presentado por parlamentarios pertenecientes desde el Frente Amplio hasta la exNuevaMayoría, de lo que se trata es de afectar las ganancias de los grandes capitalistas que se llenan los bolsillos gracias al colapso sanitario y las muertes de trabajadores, y pueblo pobre. Ahora, esto con dos razones fundamentales. Por un lado en defensa de las vidas del pueblo, y por otra parte, para no afectar la economía de una manera en la que vuelvan a ser las y los de abajo que terminen pagando nuevamente los platos rotos de la crisis.

Fuerza social de trabajadores como estrategia para recuperar los recursos naturales y medidas anticapitalistas para que la crisis no la paguen los trabajadores

Durante la semana hubo un ejemplo de acción obrera que nos es muy importante destacar, y es el ejemplo que llevaron adelante las y los trabajadores portuarios, quienes fueron una verdadera presión para el conjunto del Congreso y el gobierno para aprobar el en ese entonces proyecto de retiro del 10% de los fondos de pensiones. Sin embargo, y aquí uno de los puntos más destacables de las protestas portuarias del último tiempo, es que afirmaban que había que mantenerse en lucha por el fin de las AFP, bajo el lema “la lucha no es sólo por el 10%, es por terminar con las AFP” [11]. Consideramos que esta es parte de la fuerza y la perspectiva que las y los trabajadores y el conjunto del pueblo y los sectores en lucha deben llevar adelante, en donde las y los trabajadores mineros cumplen un rol fundamental.

¿Qué pasaría si se desarrollara un paro nacional, coordinado con la fuerza portuaria y la paralización total de las mineras y de las y los transportistas, con el apoyo de las poblaciones movilizadas? Pensamos que si esto se llevase adelante se podría imponer, mediante la fuerza de la protesta, la movilización y la huelga obrera, no sólo la paralización definitiva de los trabajos no esenciales, sino que a su vez la prohibición de los despidos, y el pago de rentas para todas las familias que reciben sus ingresos desde trabajos no esenciales. Se trata de unificar y de articular bajo un plan de lucha común las posiciones estratégicas en las que está la clase trabajadora:

las posiciones estratégicas, y visto de una forma no sólo “económica”, se definen por los espacios de trabajo que no sólo tienen un papel fundamental en la economía de un país, sino que si una de estas posiciones paraliza, puede afectar cual efecto dominó a toda la economía capitalista, y generar desequilibrios profundos del régimen al afectar la cadena de valor capitalista. Las posiciones estratégicas se podrían representar también como las cartas que están en la base de un castillo de naipes. Si estas deciden caer, junto con ellas pueden movilizar a muchas otras cartas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la industria del transporte: Si los puertos paralizan, ya no se pueden transportar altas mercancías de gran tonelaje. Tanto es así, que si Chile produce toneladas y toneladas de cobre, no sirve de nada si no tiene cómo exportarlo. Lo mismo pasa con los aeropuertos y los traslados de mercancías, productos y personas. Sin embargo, si estas cartas no deciden caer, aunque las que estén en la punta así lo quieran, y sean más, tendrán menos posibilidad de echar abajo el castillo de naipes. Esta idea la explicaremos más adelante. [12]

La clase trabajadora, en unidad a las y los pobladores y diversos sectores en lucha, pueden tomar el sartén por el mango. Sin embargo, para esto es necesario que las dirigencias de estos lugares sindicales deben ponerse a disposición real de las necesidades y el clamor del pueblo, llamando y organizando un gran paro regional en la zona norte del país, bajo el horizonte de paralizar hasta el fin de la pandemia todos los trabajos no esenciales. Debemos impedir a toda costa que Chile se transforme en un cementerio de trabajadores y de pobres. Y bajo este riesgo latente la CUT, los sindicatos mineros, entre otras centrales sindicales, deben llamar a un paro coordinado para que las ganancias se saquen de los impuestos a los peces gordos y pulpos del país.

Esto a su vez debe ir acompañado de luchar por comisiones de higiene y seguridad, controladas por trabajadores con poder de decisión sobre planes de test masivos y medidas mínimas de higiene, las que hasta la fecha no se han aplicado.