El directorio de SQM llegó al acuerdo de indemnizar a Contesse con más de 2 mil millones de pesos para poner fin a la demanda laboral que el ex gerente general había puesto contra la empresa tras ser despedido en marzo del 2015.
Miércoles 29 de marzo de 2017
En septiembre del 2015, Patricio Contesse presentaba una demanda laboral contra la Sociedad Química y Minera (SQM), tras haber sido desvinculado de su puesto como gerente general de la misma en marzo del mismo año, por verse involucrado en casos de financiamiento irregular a la política.
Según lo informado a la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile (SVS), se llegó a la resolución durante la tarde del día lunes 27, en donde se estima que la empresa pague más de 2 mil millones de pesos al ex gerente general. Ante esto, SQM declara que esta cantidad de dinero corresponde a una cifra menor a lo que pedía el ejecutivo (cerca de 4 mil millones) y está dentro de las provisiones contables que hizo la compañía. Sin embargo, como primera instancia, la decisión del primer juzgado de Letras de Santiago fue la de favorecer la parte de SQM. Ante esto, Contesse eleva una apelación a la Corte, en donde esta se acogió a la postura del empresario.
Leyes e instituciones a la medida de los empresarios
Nuevamente, nos enfrentamos a un caso en donde los empresarios no cumplen ningún tipo de pena efectiva, como el caso de Contesse, en donde al estar involucrado en los casos de corrupción que se han mantenido en boga durante los últimos años, de igual manera es indemnizado por su desvinculación por más de 2 mil millones de pesos. Mientras que un trabajador es despedido por "necesidades de la empresa", sin mayores razones de peso, sin ningún respaldo de las instituciones y con un Código Laboral acuestas que favorece a la patronal, permitiendo que dilate el proceso de finiquito, sin preocuparse por las condiciones de los trabajadores y sus familias.
Ante este escenario, en donde los empresarios y sus políticos crean leyes a su medida, cobra vital importancia que toda empresa que quiebre o que se vea involucrada en casos de desfalco o vinculada a casos de corrupción, sea expropiada sin indemnización y bajo administración de sus propios trabajadores, ya que si una empresa quiebra, los costos no los pagan los empresarios que seguirán otros negocios, sino sus trabajadores.
