Mientras el país centroamericano se encuentra sumido por el luto de más de 200 muertos por el alud del fin de semana pasado, siguen las pesquisas para identificar a los implicados de la red de defraudación aduanera, conocido como el caso “La línea”. La novedad es la aparición del prófugo y ex funcionario, Juan Carlos Monzón Rojas, mano derecha de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y a quién han señalado como principal líder de la red criminal.
Viernes 9 de octubre de 2015
La noche del pasado domingo, Juan Carlos Monzón Rojas, quien hasta el momento había permanecido prófugo desde el mes de abril cuando se da inicio a la apertura del caso “La línea”, se presentó en el juzgado B de Mayor Riesgo para afrontar los cargos que se le imputan por defraudación aduanera, asociación ilícita y cohecho pasivo.
Desde entonces, han sido variadas y contradictorias las declaraciones que el ex funcionario ha rendido en la Torre de Tribunales ante las autoridades. Sin embargo, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) ha presentado algunas de las grabaciones de las conversaciones sostenidas entre el imputado y una serie de personajes involucrados en la organización criminal, logrando además la identificación del entonces Superintendente de Administración Tributaria (SAT), Carlos Enrique Muñoz Roldán, a quien Monzón dirigía sus instrucciones y de Claudia Azucena Méndez Asencio quien ocupaba un mando medio dentro de la estructura.
Con Monzón en la cúspide de esta red dedicada a cobrar sobornos a cambio de evadir el pago de tributos en las principales aduanas de Guatemala, se suman otros personajes conocidos. Tal es el caso, de Salvador Estuardo González y Francisco Javier Ortiz Arriaga, éste último mejor conocido como el “Teniente Jerez”, cuyos antecedentes por contrabando se pueden rastrear desde la década de los noventa, cuando lideraba la conocida “Red Moreno”, y de la cual se sostiene el argumento del “reciclaje de bandas” comandadas por ex militares.
Con este destape de vínculos entre ex funcionarios y militares, se rectifica como máximos beneficiarios al ex presidente y militar Otto Pérez Molina y a Roxana Baldetti, a quienes se les ha podido comprobar que recibían el 61% de los sobornos, mediante los audios telefónicos que sostenían y la documentación incautada en los inmuebles que habían sido de su pertenencia.
Mientras Monzón Rojas, ha negado débilmente los datos que lo implican, alegando que no era de su competencia denunciar las irregularidades, así como que “el objetivo de La línea era incrementar las recaudación fiscal y que la estructura llevaba 20 años trabajando” las autoridades ya lo han trasladado a la prisión preventiva El Pavoncito, en donde se encuentra junto con otros reos, declarando que teme por su integridad.
La investigación seguirá, ya que según el Ministerio Público confirmó la solicitud al juez Miguel Ángel Gálvez, para citar a empresarios señalados de haber cometido cohecho activo y falsificación de documentos, de los más de 300 importadores que estarían implicados en el caso La Línea.
Todo esto es una muestra más de que la clase política guatemalteca -algunos de cuyos exponentes fueron repudiados por miles de manifestantes en los meses previos- está metida hasta el cuello en los escándalos de corrupción. Estos “negociados” muestran que se ha beneficiado enormemente de su rol como administradora de los planes capitalistas. Los trabajadores y el pueblo no pueden esperar nada favorable de un régimen político que sólo sirve a los grandes empresarios y las trasnacionales imperialistas.
Con información de Prensa Libre/ Nodal
