Criminalización a derecho a la vivienda. Continúa la persecusión judicial contra los ocupantes de Santa Catalina

El día miércoles 15 de junio nos enteramos de un hecho bochornoso que sucedió en el Instituto Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales, un compa ocupante del Barrio Nuevo Comienzo en Santa Catalina fue sorprendido con una orden de detención contra él en el medio de una supuesta mesa de diálogo en la que famoso negociador Leonel Groisman fue uno de los facilitadores, el “Proceso de Diálogo Colaborativo entre todos los actores involucrados” resultó ser un operativo para detener a un compañero; el Fiscal Diego Pérez dió la orden, este sujeto le dijo a Adrián que queda detenido y que en la puerta hay Policías para llevárselo. El lamentable hecho utilizando como excusa una mesa de negociación fue una trampa, y representa un capítulo más del proceso de persecución judicial contra las y los vecinos ocupantes.

A partir de enero varias personas que por distintos motivos necesitan una vivienda llegaron a una ocupación reciente ubicada en un terreno que estaba totalmente vacío desde hace muchas décadas; llegaron a ser más de 700 familias, con toda heterogeneidad de problemáticas que implican algo tan masivo pero con tantas ganas de construir una vivienda y dar vida a una tierra abandonada. El dìa 22 de enero se hicieron 114 intimaciones de desalojo por orden de la Fiscalía de 8° Turno a cargo del Dr., Morales. Esas intimaciones quedaron “suspendidas” hasta que en abril comenzaron a ser hostigados por parte de la Policía con órdenes del Fiscal tratante Diego Pérez, a partir de las solicitudes de desalojo presentada por la Intendencia de Montevideo y Dervalix S.A (empresa Utilaje) que las habían realizado ya en enero. El objetivo por parte de los poderosos está trazado: que todos desocupen.

Las reacciones comenzaron intensamente con la judicialización contra las y los ocupantes, la mira quedó puesta contra las y los vecinos. El miedo a ser llevados a una comisaría y poder terminar formalizadas (así es la nueva denominación del Código de Proceso Penal, antes eran procesados) está latente, a su vez el sueño de una vivienda para poder vivir dignamente está presente.

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Luego de ser detenido en un “proceso de diálogo colaborativo” Adrián fue llevado a la Zona de Operaciones IV del Oeste de Montevideo, para que declare en Fiscalía. El Fiscal Diego Pérez lo acusó (cómo no puede ser de otra manera) del delito de Usurpación y de Asociación Delinquir; similar a lo que se los acusaba al resto de los vecinos que decidieron ocupar un terreno en desuso desde hace más de 50 años para poder construir una vivienda y vivir en mejores condiciones.

La decisión de la justicia, basada exclusivamente en la propiedad privada sagrada para este orden de las cosas, es de quedar formalizado con prisión domiciliaria por 60 días y tiene 15 días tanto él como su compañera para abandonar la ocupación, y además se le agrega algo sumamente grave cómo es tener prohibido ir aunque sea de visita los terrenos ocupados. El ensañamiento del Fiscal fue tal que proponía pena de prisión en un centro penitenciario.

Sigue el invierno y se siente profundamente, la hostilidad del Fiscal acecha todos los días. Las y los vecinos simplemente quieren tener un lugar para vivir dignamente y poder construir de manera inmediata. La Intendencia y el Estado criminalizan y no están otorgando alternativas inmediatas. Una vez más la propiedad de una empresa en un terreno que sigue en un total abandono pesa más que el derecho a una vivienda digna y la construcción de un barrio.

Las y los vecinos no se dan por vencidos, de una forma u otra siguen juntándose para salir a luchar por un techo y por tierra para vivir dignamente.