No hay leyes perfectas y ninguna ley es sinónimo de garantía de derechos. La educación es ahora en tiempos de pandemia y crisis, un derecho que debe defenderse en sociedad, desde lo colectivo y para la colectividad.
Jueves 10 de diciembre de 2020
El tema de las contrataciones de profesores temporales o de asignatura en el nivel superior han representado un problema laboral desde hace años y con la pandemia, esto no ha sido distinto, por el contrario con las actividades remotas y las prácticas de contratación precarizada de las y los profesores temporales en las universidades, continúan sin tener reglas claras.
A este panorama de inestabilidad en el empleo, se suma la Ley General de Educación Superior que fue publicada por el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de septiembre pasado. Vale la pena analizar los contras que se leen entre líneas en esta ley, aprobada un día después de que se cancelaran los fideicomisos en México.
Incertidumbre en el financiamiento
El punto crucial que debe analizarse es sobre el financiamiento de la educación superior, donde, para cumplir esta nueva ley, se señala que se usarán recursos de un fondo federal especial. Ante este mandato, la incertidumbre es que esos fondos especiales, de los cuales muchas universidades completaban desde hace años los presupuestos incompletos que la federación y las diferentes entidades proporcionaban a las universidades, tal es el caso de las Universidades Tecnológicas cuyo presupuesto se establece con aportaciones paritarias entre el presupuesto federal y el estatal, propuesta que es sumamente inequitativa porque no todos los estados tienen las mismas necesidades ni el mismo presupuesto. Las entidades más golpeadas serán aquellas que, históricamente, presentan mayores rezagos y pobreza social.
Ahora bien, con la desaparición de los fideicomisos y ante la falta de incrementos necesarios de presupuesto para educación, la incertidumbre crece. La pregunta es: si esta ley prevé la creación de instrumentos para la gratuidad de la educación superior, ¿por qué el presupuesto de egresos de la federación no contempla aumentos para educación? Entonces ¿la federación estará o no en condiciones de cumplir con esta nueva ley? Y si el Estado no cumple, ¿cuál será la solución que propondrán las cámaras de diputados y senadores?
Sin trabajadores no hay educación superior
Además, parte fundamental de las escuelas de educación superior es la plantilla de profesores que se encargan de impartir los diversos planes de estudios y este sector, nuevamente, con todo y la ley que dice garantizar la gratuidad, no garantiza sus derechos laborales, ni la estabilidad en el empleo, porque simplemente no hay aumento de presupuesto para la educación y los trabajadores de la educación son parte de esta. No se puede concebir la educación sin tomar en cuenta a las y los trabajadores que la sostienen y que la hacen posible.
Por otro lado, la tendencia que se puede observar a través de los cambios en las contrataciones es la tendencia a la precarización de la plantilla docente hasta lograr un modelo como el que la UNAM cuenta: 30% de los profesores tienen plaza, 70% son eventuales y no tienen estabilidad laboral ni salarios dignos que permitan el goce de los derechos humanos básicos como trabajo, salud y vivienda. Situación que, hasta ahora, el gobierno de la 4T no está dispuesto a cambiar, pues en lugar de aumentar el presupuesto a la educación, lo disminuye y el aumento del dinero se destinó a las fuerzas armadas.
Derecho a la educación
Esta ley merece ser estudiada a profundidad y desde perspectivas multidisciplinarias que permitan un análisis mucho más completo y que dejen ver los huecos que toda ley genera o permite. No hay leyes perfectas y ninguna ley es sinónimo de garantía de derechos. El derecho a la educación es, ahora más que nunca, un derecho que debe defenderse en sociedad, de lo colectivo y para la colectividad.
Cualquier proyecto de ley para la educación superior que no contemple un aumento presupuestal de emergencia de por lo menos el 10% para la educación en general, será completamente impotente para resolver de fondo la enorme crisis por la que está atravesando el sector y que recae no sobre los hombros de los altos funcionarios que votan en las cámaras a puerta cerrada ni de los rectores que han protagonizado millonarios desvíos de fondos.
Para lograr el respeto al derecho a la educación y de los derechos laborales de trabajadores académicos, es necesario construir una gran fuerza social que lo imponga en las calles y a las burocracias que dirigen actualmente los sindicatos universitarios. En este sentido, es que se viene impulsando el Movimiento Nacional Contra la Precarización y los Despidos, que apuesta por constituir comités en todos los centros de trabajo del país para conquistar derechos humanos laborales, de forma independiente de los partidos del régimen y de manera combativa.
