Finalmente Telmex entregó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el plan bajo el cual ejecutará su “separación funcional” con el aval, en los hechos, de la Convención Nacional del STRM. ¿Qué sigue para los telefonistas?
Viernes 11 de octubre de 2019
El 30 de septiembre Telmex proporcionó el proyecto con el que “transferirá” recursos, infraestructura, redes y personal a la nueva razón social que surgiría de la separación. Las siguientes fechas críticas impuestas por el al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) son el 31 de enero y marzo del 2020, cuando la “transferencia” debe estar realizada y la división completada.
Por su parte la 44va. Convención Nacional Ordinaria del STRM decidió permitir que la empresa entregará dicha información, bajo el argumento de que si se lo impedía ocasionará que el IFT cancelara su título de concesión y con la promesa de llegar a un acuerdo con AMLO en la “mesa intersecretarial”, que esperan se reúna en los próximos días.
Hasta el 23 de enero del 2020 Telmex no podrá separar “funcionalmente” sus activos, tal como lo afirmó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) a causa del emplazamiento a huelga que el STRM mantiene vigente y que vence esa fecha. Este es el margen de tiempo que la dirección sindical telefonista busca usar para dialogar con López Obrador y convencerlo de cancelar esta medida del IFT.
Sin embargo, es clara la intención del gobierno por respetar el asentamiento de más compañías internacionales en el sector, manteniendo la neoliberal “reforma en telecomunicaciones” de Peña Nieto. La cancelación de la “separación funcional” lo llevaría a generar fricciones con esas compañías y con instituciones financieras internacionales, que alegarían “proteccionismo” hacia la empresa de Carlos Slim y amenazarían con llevarse sus capitales del país; a menos de que exista una fuerza política más fuerte por parte del STRM que obligue a AMLO a optar por la cancelación.
La posible resolución de este conflicto se reduce así a dos escenarios: o la “separación funcional” se cancela producto de la presión política de los telefonistas, logrando frenar la amenaza que se cierne sobre su Contrato Colectivo de Trabajo (CCT); o se aplica la medida bajo un esquema que en lo inmediato no implique un ataque drástico al CCT, pero que abre la posibilidad para que el patrón avance paulatinamente sobre algunas conquistas laborales.
El conflicto seguirá abierto y la moneda en el aire. Si el Sindicato de Telefonistas logra ejercer la suficiente presión política tendrá la relación de fuerzas a su favor y podrá frenar la separación; de lo contrario, si pesa más la pasividad, en la “mesa intersecretarial” primaran los intereses de las empresas competidoras y de organismos como la OCDE, así como los del propio Slim quien está dispuesto a ejecutar la división a cambio de entrar al negocio de la tv. de paga.
