Contra el ataque de la judicatura española a la inmersión lingüística, hacemos un llamamiento a movilizarnos y desobedecer la sentencia y defendemos una educación pública en catalán para los hijos e hijas de clase trabajadora suficientemente financiada.
Domingo 23 de enero de 2022
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dado por firme la sentencia que obliga a las escuelas e institutos catalanes a impartir un 25% de las clases en castellano. Desde Contracorriente rechazamos este ataque a la inmersión lingüística, representativo de la persecución continua por parte de la judicatura del Estado Español.
Como parte del movimiento estudiantil, nos sumamos al llamamiento a desobedecer la sentencia que se ha impulsado desde organizaciones como el SEPC en defensa de la escuela pública catalana. Así, denunciamos que ir contra el catalán en las aulas no solo supone perseguir una parte esencial de nuestra cultura, sino también perjudicar a los hijos e hijas de la clase trabajadora que estudiamos en la red de enseñanza pública.
No olvidamos que el catalán como lengua vehicular en la educación fue una conquista del movimiento obrero en Catalunya durante la Transición contra la iniciativa del modelo de doble red defendida por la derecha catalanista.
Lejos del relato de la derecha españolista, el catalán está en retroceso y la hegemonía del castellano en Catalunya sigue acompañada por la televisión, las plataformas digitales o el cine, simplemente por mencionar algunos espacios que contribuyen a la situación. Combinado con la infrafinanciación de los centros educativos por parte de la Generalitat, la inmersión lingüística ha sido totalmente parcial y está en retroceso tras una década de recortes.
Desde Contracorriente nos sumamos a todas las iniciativas de movilización y desobediencia que se impulsen desde las organizaciones de la comunidad educativa. A su vez, exigimos al Departamento de Educación que no aplique la sentencia; es decir, que no se apruebe ni una sola instrucción hacia los centros y la Inspección que obliguen a cambiar los proyectos lingüísticos de centro.
Apostamos por una escuela totalmente pública donde el catalán sea la lengua vehicular. Por eso, defendemos un aumento de la financiación y la contratación de profesorado en la enseñanza pública, gravemente afectada por los recortes de los últimos años. Una de las partidas más insuficientes es la que se dedica en las aulas de acogida, las cuales representan horas y profesionales indispensables para garantizar que la inmersión no genere nuevas brechas contra los alumnos recién llegados.
Es necesario acabar también con los conciertos educativos y desplegar una gran red de centros públicos, evitando la segregación de los barrios populares que perjudica a los hijos e hijas de la clase trabajadora a nivel de lengua y de calidad educativa.
