La lucha de los interinos y los aspirantes sigue para establecer un sistema de selección justo. Sin embargo, hace falta levantar un programa obrero radical para recoger las consignas de todo el sector y no limitarnos a conquistas parciales.
Lunes 23 de mayo de 2022
El pasado jueves se realizó una concentración frente a la Asamblea de Madrid contra la temporalidad, exigiendo la fijeza de los interinos. La localización y la fecha no eran fortuitas. Ese mismo día, a esas horas, se discutía en la Asamblea de Madrid una Proposición No de Ley que estipulara nuevas condiciones para la estabilización del empleo temporal en el sector público.
Esta PNL proponía revertir los distintos procesos selectivos para personal interino que la Comunidad de Madrid definió previo a la implantación del Plan de Estabilización impulsado por el Gobierno «progresista». Esta jugada de Ayuso trato de aprovechar el resentimiento de los interinos ante la Ley Iceta, la cual era muy limitada y no garantizaba la plena fijeza. Esta ley establecía distintas vías: una para hacer fijos a interinos crónicos, otra para interinos más recientes y otra para aspirantes.
Su ineficacia partía de que los requisitos para optar a la fijeza eran tales que muy pocos se beneficiaban de esto. En la inmensa mayoría de los casos, todos tendrían que ir a oposición. Ahora bien, la nueva ley jugaba también con los baremos, estableciendo claras diferencias entre interinos y aspirantes. De hecho, la apertura de distintas vías ha forzado a las comunidades, no sólo a Madrid, ha reservar porcentajes de plaza para aspirantes, aparentando repartir las plazas de forma equitativa.
Muchos sindicatos, como el STEA, apuntaban a que esta nueva oleada de oposiciones, lejos de estabilizar el empleo, sólo favorecerían a dos tercios del personal interino, manteniendo al otro tercio en la temporalidad. Hay que recordar, no obstante, que la Ley Iceta sólo pretende bajar la temporalidad de 25% a 8%.
Esta situación ha hecho que un sector que, de forma organizada, podría imponer la fijeza en el sector público, ya sea en educación, sanidad o en la administración, esté profundamente dividido. La Ley Iceta ha sido el catalizador de una reconversión laboral que ha mermado la lucha de los trabajadores: ha reforzado los lazos con la UE sin haber modificado la precariedad en el empleo público al mismo tiempo que ha dado un mazazo para desarticular la lucha en las calles. ¿En qué se expresa esto?
En múltiples movilizaciones mínimas que siguen dependiendo del beneplácito de los mismos que hicieron la trampa. Durante todo este curso se han realizado distintas concentraciones aisladas: unas de interinos de poca experiencia de un sector; otras, interinos de otro sector; otras, interinos más veteranos; otras, aspirantes de un sector; otras, aspirantes de otro…
El primer gran éxito del Plan de Estabilización ha sido que los trabajadores y aspirantes han sabido ver que apoyarse entre sí es lanzar piedras sobre su propio tejado. Esta división, además, ha sido fomentada por los sindicatos mayoritarios. En un alarde de oportunismo de corto recorrido, tanto CCOO como UGT denunciaban en el papel cualquier nuevo ataque al tiempo que retenían y no convocaban una huelga en el sector. De cara al Gobierno, firmaban y pactaban la Ley Iceta como ya hicieran con la No-Reforma Laboral de Díaz; de cara a los trabajadores, denuncias estériles que no representaban a nadie y que no buscan ningún éxito para los trabajadores de sector.
Esto sólo ha conducido a una dura crítica a las burocracias sindicales que se ha convertido en autonomismo, pero que no ha mermado la confianza en el Gobierno. Los escuetos movimientos que cada grupo específico a creado aspiran constantemente a un reconocimiento por parte de los mismos que han sembrado la discordia entre los trabajadores público. Esto se aprecia en la consigna de la concentración, la cual tenía por objetivo trasladar la indignación al interior de la Asamblea. Objetivo que consiguieron, ya que varios diputados y diputadas, entre ella Mónica García se acercaron a la concentración a mostrar su apoyo.
Esto se traduce en las consignas. No se ha llevado a cabo una auténtica crítica al Gobierno central y autonómico cuando todavía se depende de su bendición para que la lucha tenga algún éxito. Se pide la fijeza de unos pocos en lugar de exigir una apertura de las listas de modo que los interinos sean fijos y los nuevos aspirantes también.
Pensémoslo, por ejemplo, en el sector en el que soy interino, en educación: en lugar de luchar por los restos, ¿no es una consigna más amplia y radical exigir una sustancial bajada de ratios y una contratación masiva que, no sólo garantice la fijeza de los ya interinos, sino también la de los aspirantes? ¿No generaría más fuerza y unidad un plan de lucha que modifique estructuralmente el tejido público de modo que las reivindicaciones parciales queden resueltas en un plan mayor?
Es una falta de perspectiva no apostar por la unidad de lucha, pero sí hacerlo por un Gobierno que podría abandonar la carrera armamentística, dejar de financiar con subvenciones al sector privado, dejar de mantener una monarquía corrupta y dejar de salvaguardar los beneficios de la banca, y que, por la contra, prefiere mantener el sector público bajo mínimos y dejar que los interinos se maten entre sí por aspirar a un puesto fijo. Esta confianza ciega es la que mina la moral de los trabajadores, la que los fragmenta en plataformas y sindicatos reducidos que se ven sin fuerza para convocar una huelga necesaria para defender el empleo público en todos los niveles.
Hay que levantar un movimiento unido que luche por estas conquistas y defina un programa de lucha. Para esto, hay que ser audaces y, sobre todo, críticos. Hay que reconocer que la ausencia de lucha no se debe a la fragmentación de la clase trabajadora ni a su «aburguesamiento», sino que es esta fragmentación la consecuencia de la pasividad y falta de programa de las direcciones de movimiento obrero, las cuales no construyen alternativa, lo dividen y lo abocan a confiar en sus verdugos antes que en sus propias fuerzas.
