CRISIS VACUNA. Contra la dictadura de la Farmaindustria: supresión de las patentes y nacionalización de todos los laboratorios

Más de 700 mil personas que han recibido la primera dosis de la vacuna contra la covid19 en el Estado español podrían no recibir a tiempo la segunda. Madrid paraliza este jueves la vacunación y Catalunya lo hará el viernes. Pero no es una excepción hispana, el desabastecimiento de viales se replica en otros muchos países europeos. Mientras, la inmensa mayoría de la humanidad sigue al margen de todo programa de vacunación.

Estos son solo algunos de los ribetes de la desastrosa campaña de vacunación puesta en marcha por los diferentes gobiernos de la UE, en el marco de la ausencia del más mínimo plan racional y científico para lograr la inmunidad general de la humanidad. Si en la primera ola vimos como el mercado de respiradores y EPIs se convertía en una macabra subasta, ahora la barbarie capitalista amenaza directamente el poder poner fin a la pandemia aún cuando se dispondrían de los medios para poder hacerlo.

A la ineficacia manifiesta de los gobiernos, que en el caso español llega al ridículo de no haberse avituallado del número suficiente de jeringuillas adecuadas, se suma la dictadura de la industria farmacéutica, que impone sus ritmos, precios y condiciones a costa de la salud de miles de millones de personas. El enfrentamiento entre la UE y AstraZeneca y el secreto bajo el que se encuentran los diferentes contratos entre gobiernos y farmacéuticas, son la constatación de que se han puesto por delante la protección de los intereses y beneficios de los grandes laboratorios antes que el objetivo de suministrar la vacuna masivamente y a nivel mundial, la única solución para atajar la pandemia.

La crisis del coronavirus no ha sido una catástrofe sobrevenida. Nace de las consecuencias de un capitalismo depredador y extractivista, golpea sobre unos sistemas de salud desmantelados y se siguen sin tomar las medidas necesarias para combatirla si estas tocan los intereses de los grandes capitalistas, como la intervención y nacionalización de sectores como la sanidad privada, la farmaindustria y todas las empresas capaces de producir los insumos imprescindibles.

Estamos ante un crimen social a gran escala, responsabilidad de los gobiernos capitalistas de distinto color -también el “más progresista de la historia” de Moncloa- y las grandes corporaciones que han seguido haciendo negocio. En el caso de la vacuna está siendo así de una manera aún más flagrante. A pesar de que gran parte de los recursos de investigación han sido suministrados por los Estados, la producción, distribución y explotación comercial de los viales recae en un puñado de grandes laboratorios que esperan hacer el "pelotazo" del siglo.

Esto ha llevado a que el plan no esté regido por un criterio racional o científico, sino por la lógica de maximizar beneficios. Por eso la distribución ha comenzado solo en los países centrales y, muy por detrás, en algunos otros con cierta capacidad para asumir el coste. Miles de millones de seres humanos de África, Asia o América Latina quedan por fuera, lo cual, además de poner en evidencia la barbarie imperialista, pone en jaque el éxito de la propia campaña de inmunización. Si el virus sigue circulando libremente durante meses por todo el globo, las posibles mutaciones pueden acabar generando nuevas cepas para las que todo lo vacunado hasta la fecha no sirva de nada.

Esta posibilidad está ya planteada y en investigación para la cepa sudafricana. Uno de los laboratorios monopolistas que está haciendo negocio con la vacuna, Moderna, respondió con un anuncio que alegró los oídos a sus accionistas: comenzaban a trabajar en una versión de vacuna eficaz contra la nueva cepa. Qué mejor negocio que estar a la cabeza, no de una campaña mundial de vacunación, sino de dos.

Hoy la Comisión Europea, los gobiernos de la UE y los grandes medios de comunicación ponen el grito en el cielo ante el comportamiento de las multinacionales implicadas. Unos aspavientos cínicos e hipócritas. Se quejan de que Reino Unido acapare las dosis producidas en su territorio, pero es exactamente lo mismo que pretenden hacer los gobiernos europeos respecto al resto de países dependientes. Se lamentan de que el lucro guíe el plan, pero son ellos los que han defendido en todo momento los intereses de estos grandes grupos capitalistas para dejarles el monopolio de este tenebroso negocio.

No hay salida nacional para una crisis así, y no hay una salida, que no sea a costa de alargar la pandemia y generar decenas de miles de muertes evitables, que no pase por medidas que expropien a estos gigantes de la farmaindustria. Es hora de que en todos los países, y especialmente en los centrales, las organizaciones obreras y la izquierda peleemos por el fin de las patentes, la nacionalización sin compensación de toda la industria farmacéutica y laboratorios y la puesta en marcha de un plan de producción masiva de viales controlado por los trabajadores del sector, expertos científicos y usuarios, que garantice un plan de inmunización eficaz no solo en Europa sino en el conjunto del planeta. Pelear hoy por una demanda anticapitalista e internacionalista como esta es cuestión de vida o muerte para cientos de miles de personas.