Más de 600.000 personas en todo el Estado esperan una intervención quirúrgica y más de 2 millones una consulta para el especialista. Son datos aportados por la Administración Sanitaria.
Martes 23 de abril de 2019
Foto: Pablo Ibañez (AraInfo)
Aun siendo por sí mismos alarmantes, estos datos son maquillados con distintas estrategias: expulsando, por ejemplo, a las personas que no aceptan ser intervenidas en centros privados u ocultando pacientes que con los cambios de gobierno acaban aflorando en las listas oficiales.
Es por esto que la Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública (CAS) ha convocado el jueves 25 de abril la cuarta jornada de lucha estatal contra las listas de espera. Hay diversas movilizaciones convocadas en más de 10 comunidades y a las 19 horas tendrá lugar una manifestación en Madrid y otra en Zaragoza.
Un problema con solución
Desde los distintos colectivos se plantean una batería de medidas para acabar con las listas de espera:
· Creación del turno de tarde y supresión de las horas extra (medida que a su vez reduciría enormemente el paro y la emigración de profesionales sanitarios que se eleva por encima de 250.000 trabajadores sanitarios en el extranjero).
· Aumento de la transparencia del sistema. Se desconocen y ocultan sistemáticamente datos de actividad, gasto, servicio y adjudicaciones.
· Eliminación de los conciertos público-privados y la simultaneidad de trabajar en lo público y lo privado dado que favorece el interés privado, las adjudicaciones a dedo y la corrupción.
· Compromisos políticos de tiempos máximos de atención sanitaria e intervenciones quirúrgicas.
Un problema social y político
Las listas de espera son sin duda un problema social, pero también político. Catalunya, Extremadura, Murcia, Castilla la Mancha, Canarias y Asturias acumulan el mayor número de personas en espera por habitante. El número de personas en espera en el Estado español no ha dejado de incrementarse durante los últimos 30 años. Según el barómetro del Ministerio de Sanidad (1/02/2019), el 86,8% de las personas encuestadas califican de “grave” el problema de las listas de espera. En 2018, la media de espera para una cita con el especialista era de 1 año y para una operación la espera de 8 meses. ¿En qué repercute? En 2017, 11,5 millones de españoles ya se hicieron un seguro privado y la facturación de la sanidad privada, que se incrementa cada año, alcanzó el record de 8.520 millones de euros en 2018.
Por otro lado, cerca de dos millones de personas no pueden retirar sus medicamentos prescritos debido a que tienen que pagarlos por el copago.
Ya hace 22 años de que PP, PSOE, PNV, CiU y CC aprobaban la Ley 15/1997 sobre “La Habilitación de Nuevas Formas de Gestión”, permitiendo la entrada del copago farmacéutico y la gestión privada de lo público.
Desde entonces, cada año los gobiernos centrales y autonómicos, cada uno en su medida, van degradando lo público reduciendo el número de camas y el número de profesionales sanitarios.
Lejos de lo que pueda pensarse no se trata de un problema de “austeridad” ni un fenómeno temporal. El gasto sanitario ha aumentado desde 2006 con el artículo 90 de la Ley General de Sanidad que permite los conciertos público-privados. Actualmente 1 de cada 10 euros de gasto sanitario van a la esfera privada.
Conciertos público-privados y modelo neoliberal
Una de las ideas más extendidas de las alianzas público-privadas nace del cerebro de Milton Friedman, economista neoliberal, fundador de la escuela de Chicago y de la economía neoclásica defensora del modelo neoliberal. La Universidad de Chicago becó a decenas de estudiantes chilenos (Los Chicago Boys) que aprendieron de Milton Friedman las bases del modelo neoliberal y que, por primera vez en Chile, bajo la dictadura de Pinochet, introdujeron las ideas de Friedman con modificaciones en la Constitución chilena de 1980 para calificar el agua como bien económico. Esto propició la comercialización de la gestión del agua, la entrada de la inversión privada en lo público, con la excusa de propiciar la inversión privada para no aumentar la deuda, pero aumentó el gasto ordinario en la gestión, así como la pérdida de transparencia y la calidad, adjudicaciones a dedo y hubo un aumento de la corrupción en las contrataciones.
Este modelo público-privado es el que se profundizó a escala planetaria durante la etapa neoliberal. Y el Estado español no fue la excepción. Bajo los gobiernos del PP y del PSOE en las últimas cuatro décadas la privatización de la gestión de servicios autonómicos y municipales (ya sean sanitarios, de agua, de obras públicas, limpiezas y otros muchos más) se impuso, junto con la ampliación de la precariedad laboral, en el modelo del capitalismo español.
Si algo hemos aprendido estos últimos 4 años es que ni la derecha, ni una coalición con el PSOE neoliberal, ni los llamados “ayuntamientos del cambio”, han representado una alternativa al proceso creciente de privatización de los servicios públicos. O bien porque son firmes defensores de la economía neoliberal y los beneficios de las empresas que gestionan lo público, o porque se han subordinado a los poderes fácticos del capitalismo español. No decirlo es engañar al pueblo.
Una vez más, es necesaria la movilización de toda la población para acabar con las listas de espera y recuperar una sanidad pública, de calidad y universal de verdad.
