Las declaraciones de Miquel Samper contra Arran pueden ser el preludio de detenciones, montajes judiciales e incluso ilegalizaciones, como hemos visto en otros casos. Todo nuestro apoyo a los y las militantes de esta organización.
Martes 2 de marzo de 2021
Este lunes el conseller d’Interior de la Generalitat, Miquel Samper, de JxCat, puso en la diana a la organización juvenil de la izquierda independentista Arran. En una entrevista a la Cadena Ser culpó a los militantes de esta organización, así como a otros grupos que clasificó como “comunistas combativos” o “anarquistas”, de los disturbios de las últimas manifestaciones por la libertad de Pablo Hasél.
Desde Contracorrent queremos manifestar nuestra solidaridad con Arran ante esta campaña de criminalización que puso en marcha ayer Samper contra su organización y sus militantes, con el aval del Govern de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.
Nuestro compañero Pablo Castilla dejo claro ayer mismo en un debate en TeveCat que nosotros “no condenamos, no vamos a ponernos en el mismo lado que quienes están criminalizando a la juventud”. Contracorrent no nos sumarnos a este coro que quiere imponer el “consenso de la condena a la violencia” junto a los que la ejercen de una manera brutal por medio de la policía y sostienen una violencia estructural contra la juventud y la clase trabajadora en forma de precariedad, miseria y negación de derechos básicos como la vivienda.
Las declaraciones de Samper son parte de una campaña casi unánime de todo el arco político para criminalizar las protestas juveniles que se vienen produciendo desde hace hoy dos semanas. Desde el primer día estas manifestaciones han sufrido la agresión de los Mossos d’Esquadra de ERC y JxCat en Catalunya y la Policía Nacional del PSOE y Unidas Podemos en el resto del Estado.
Cargas indiscriminadas para evitar que las marchas transcurrieran por el recorrido, disparos de foam que costaron un ojo a una joven de 19 años o encerronas y pasillos para apalizar uno a uno a manifestantes como el que tuvo lugar el pasado jueves en el barrio de Gracia. Esta ha sido la respuesta de los diferentes gobiernos a las movilizaciones juveniles contra la represión, la Corona y las perspectivas nefastas de futuro a las que condenan a toda una generación con sus políticas de gestión de la pandemia y la crisis.
Con la ayuda de los grandes medios de comunicación, los partidos del régimen catalán, desde Vox hasta los Comunes con la alcaldesa Colau a la cabeza, encendieron ayer una campaña que abona el terreno para nuevos golpes represivos. Asentar la idea de que los que nos manifestamos somos poco menos que terroristas y criminalizar a organizaciones políticas sin la menor prueba, puede ser la antesala, como hemos visto en otros muchos casos, de detenciones, montajes policiales e incluso ilegalizaciones.
Así mismo manifestamos nuestro rechazo y crítica a las negociaciones en curso para que la CUP preste sus votos para facilitar una investidura de un govern de Aragonés, responsable directo de la represión y padrino de las peores políticas neoliberales de los últimos años, como la propia Ley Aragonés de privatización de servicios públicos. No concebimos que una formación que se reivindica anticapitalista pueda apoyar, y menos aún integrar, un gobierno de los partidos que llevan décadas demostrando que gobiernan para las grandes empresas.
