La acción legal iniciada por la Contraloría General de la República que involucra responsabilidades directamente a la alcaldesa Reginato en el uso fraudulento de fondos públicos.
Domingo 15 de septiembre de 2019
La Contraloría General de la República (CGR), tras una auditoría efectuada en Enero del presente año, inició un juicio de cuentas en contra de la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, involucrando a otros 24 funcionarios de la municipalidad.
Dicho juicio de cuentas busca la restitución de 138 millones de pesos, los cuales fueron “indebidamente pagados”, explica la CGR.
El estamento fiscalizador, en el documento del juicio de cuentas, menciona a la cabeza del municipio de Viña del Mar señalando: “Esa autoridad comunal no dió cumplimiento a su deber de supervigilancia, por cuanto no veló que sus subordinados dieran estricto cumplimiento a las normas legales que regulan los desembolsos que en definitiva resultaron objetados, por lo que corresponde perseguir su responsabilidad civil extracontractual, pues aquello configura una omisión culpable y actuar negligente”.
Cabe mencionar que el documento de Contraloría respalda el inicio de su causa judicial en seis argumentos, de los cuales se abarca puntos respecto a contratos a honorarios y pagos a empresas, principalmente.
Además la alcaldesa de la ciudad fue emplazada en los puntos del documento que tienen relación con los gastos en representación, protocolo y ceremonial, donde un ejemplo claro de esto fue la mención de la reparación del Reloj de Flores, debido a pagos irregulares a la empresa de Construcciones y Servicios Siglo Verde.
Estos hechos demuestran tanto el fraude como la corrupción dentro de un municipio en manos de políticos burgueses, los cuales desvergonzadamente utilizan fondos públicos aprovechándose de sus cargos, para hacer crecer sus ganancias y desarrollar sus negocios.
No obstante estos hechos de corrupción no son para nada nuevos, una historia similar recae en las manos de la alcaldesa de Antofagasta Karen Rojo, quien hace unos meses ha enfrentado una serie de juicios por usos irregulares de fondos públicos del municipio.
Y son estos mismos políticos corruptos que utilizan dineros del estado no sólo para sus negocios fraudulentos, sino también para oponerse a cualquiera de nuestros derechos, como para financiar medidas represivas en contra de la juventud, en contra de las y los estudiantes que se organizan.
