Desde el inicio de la crisis económica en el Estado español, Cataluña ha sido una de las comunidades autónomas más golpeadas, sin embargo desde que en 2012 Convergència i Unió -CiU- asumiera el gobierno de la Generalitat el impacto de la crisis se hizo sentir con mayor fuerza.
Arsen Sabaté Barcelona | @ArsenSabate
Miércoles 24 de diciembre de 2014
Fotografía: EFE-Andreu Dalmau
CiU ha liderado con el apoyo de ERC los mayores recortes presupuestarios de la historia, traducidos en durísimos recortes en el sector público y generado un aumento frenético de destrucción de empleo entre los trabajadores, sumiendo al conjunto de los sectores populares en un estado de miseria y pobreza.
Uno de las mayores consecuencias de todo esto, lo vemos a diario a través del drama de los desahucios.
Con los datos en la mano, en Cataluña se concentra el 22% de los desahucios en el Estado español. Un 55% del total de los desahucios surgen por la imposibilidad de pagar el alquiler, superando por primera vez los desahucios por impagos de la hipoteca -45%-, y según Cáritas, entidad de la Iglesia Católica para la acción social, este drama tendrá mayores proporciones durante 2015.
Desde 2008, se han producido en Cataluña más de cincuenta mil desahucios, la mayoría de primeras viviendas, dejando en papel mojado para miles de familias el artículo 47 de la constitución que garantiza el derecho a una vivienda digna.
Precisamente sobre el drama de la pobreza y los desahucios trató el último “.CAT”, programa de TV de análisis y debate sobre las cuestiones de actualidad que afectan al conjunto de los sectores populares.
Entre otros invitados, el programa contaba con la presencia de Santi Vila, Consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat.
Después de escuchar el testimonio de una familia que fue desahuciada en 2008, el consejero expuso en propias palabras “el absoluto compromiso del Gobierno de Cataluña con el tema de los desahucios y el derecho a la vivienda como cualquier buen Gobierno alrededor del mundo. En primer lugar creando las condiciones para generar riqueza y ocupación. Y en segundo lugar gobernando correctamente para garantizar que nadie en una situación de dificultad extrema quede desprotegido”.
Acto seguido, la conductora del programa interpeló al consejero argumentando que en la actualidad estas situaciones de dificultad extrema se estaban dando, y en un ejercicio de cinismo Vila respondió: “nunca se habían llevado a cabo tantas políticas sociales desde la Generalitat para proteger a los conciudadanos. Por primera vez tenemos la iniciativa de castigar económicamente las viviendas vacías y generar estímulos para que viviendas propiedad de empresas inmobiliarias o entidades bancarias puedan ser alquiladas”.
Sin embargo, esta política de la Generalitat todavía no ha sancionado ninguna entidad bancaria por mantener viviendas vacías, como tuvo que admitir el propio consejero, nuevamente reprendido por la presentadora. Es más, confirmó que esta política de sanciones y estímulos pregonada por Vila, no lleva ni una semana en vigor y que las sanciones serán a partir de los dos años de la vivienda vacía.
En respuesta a esto, Vanesa Valiño, directora del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -DESC-, desacreditó nuevamente al consejero, argumentando que la ley de la vivienda en Cataluña de 2007 ya establecía que los pisos vacíos son una anomalía y deben ser sancionados, denunciando que el Gobierno incumpla la Ley.
En la misma dirección intervino Cristina Fallarás, periodista y escritora que sufrió la experiencia de ser desahuciada. En propias palabras, le recriminó al consejero que: “me avergüenzo profundamente de un Gobierno que después de ocho años de miles y miles de desahucios, todavía dice que no sabe cuáles son las medidas a tomar, cuando ha habido un rescate bancario de muchos miles de millones. No entiendo como la administración pública puede permitirse el lujo de no impedir que miles de familias se vayan a la calle”. Para finalizar Fallarás le reprendió al consejero que el Gobierno no le haya exigido a los bancos abrir los 100.000 pisos vacíos al conjunto de sectores populares que se encuentran en la calle.
La respuesta de Santi Vila, no estuvo exenta de esa superioridad moral que se atribuye la clase política: “tenemos ocho programas sociales, más de 240 millones de euros invertidos, toda la red de servicios de atención primaria, todo dirigido a resolver este problema”.
Por otra parte, el mismo día se presentaba la nueva Iniciativa Legislativa Popular -ILP- a través de diferentes entidades y movimientos sociales como el DESC o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca -PAH- , sobre la emergencia de la vivienda, recogiendo firmas para llegar al Parlamento y adoptar medidas más eficaces para resolver el drama de los desahucios y las miles de viviendas vacías.
En Cataluña existen 450.000 viviendas vacías, de las cuales 100.000 son propiedad de entidades bancarias y 80.000 son construcciones nuevas que no han podido ser vendidas. Por contra, se ejerce una media de 60 desahucios diarios, 13.500 familias desahuciadas en tan solo los nueve primeros meses de 2014.
A la pregunta de si CiU daría apoyo a la ILP sobre la emergencia de la vivienda, el consejero de Territorialidad contestó sin reparo que él no venía al programa para hablar de su partido, pero que desde su grupo parlamentario se procurará “enriquecer” esta iniciativa.
En definitiva, la intervención del consejero Santi Vila y la política del Gobierno de la Generalitat para resolver los grandes problemas que afectan al conjunto de los sectores más oprimidos es un auténtico despropósito. Un Gobierno de vergüenza que profundiza en la miseria a miles de personas que viven el drama de los desahucios. Un drama en el que como decía la periodista Cristina Fallarás: “un día te levantas y el banco te dice hoy es el día… luego coges a tus hijos, te vas a la calle y no hay nada, no hay alguien que te dice ¿Dónde vas a dormir esta noche? Nada”.
