El pasado 18 de diciembre, un juzgado concedió el “amparo y protección” de la justicia federal al estudiante normalista Aldo Santos contra su expulsión de la Escuela Normal Superior de México. Sin embargo, el director de la ENSM busca burlar la sentencia y reiterar su represalia en contra del activista. Esta es otra violación del derecho a la educación pública.
Jueves 21 de enero de 2016
La represión contra el movimiento estudiantil normalista se ha incrementado en los últimos meses: las fuerzas armadas del gobierno mexicano se han encargado de golpear y encarcelar a estudiantes que quieren ser maestros y se manifiestan en defensa de sus escuelas, por su derecho al trabajo, así como en apoyo al movimiento magisterial en contra de la reforma educativa. Tan es así que los ojos de investigadores y periodistas se han posado sobre el Ejército –los miembros del 27 batallón de Iguala en particular- como principal sospechoso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014.
Pero la represión no sólo se da fuera de las instituciones educativas sino que, al interior, las mismas autoridades de las escuelas normales se suman al ataque, como es el caso del compañero Aldo Santos, a quien el director de la ENSM, Dr. Gonzalo López Rueda, le notificó su expulsión de la escuela el 24 de agosto del año pasado, negándole el derecho a revisión de un examen que le fue aplicado sin el respetar la normatividad establecida.
Como aquí denunciamos, no es la primera vez que en la ENSM se da de baja a alumnos que son reprobados en evaluaciones “de última oportunidad”, negándoles el derecho a defenderse; lo que es posible debido a la estructura vertical de la institución, carente de un órgano autónomo e imparcial que atienda los reclamos de los estudiantes.
El amparo otorgado por la juez al compañero Aldo, reconociendo que el director violó sus derechos humanos, muestra la necesidad de que la totalidad de la comunidad de las escuelas normales (estudiantes, docentes y trabajadores) intervengan de manera organizada en las decisiones de cada institución educativa de la que forman parte.
El director de la ENSM dice acatar la sentencia, pero busca reiterar mañosamente la expulsión de Aldo, permitiendo que sea “revisado” su examen pero por el mismo sínodo que lo calificó tendenciosamente, sin contar con la presencia de docentes que puedan garantizar la imparcialidad de la resolución final.
Además, López Rueda deja de lado las irregularidades que se presentaron durante todo el proceso de evaluación, como son que el compañero no tuvo tutoría (obligatoria en estos casos); la guía de estudios le fue entregada dos días antes; el examen no se apegó a la guía y no le fueron presentados los criterios de evaluación.
La arbitrariedad y el autoritarismo en las expulsiones decretadas por las autoridades de la ENSM son parte del ataque a la educación pública que implica la reforma educativa impuesta por el gobierno federal. Es por eso que desde la Agrupación Magisterial Nuestra Clase, consideramos que el triunfo por el reconocimiento del derecho de Aldo a tener una evaluación imparcial, conforme a la normatividad correspondiente, es un triunfo por el derecho a la educación pública, el cual involucra a toda la población mexicana.
Por ello convocamos a asistir al mitin en la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio (DGENAM), ubicada en la calle Fresno #15, a media cuadra del metro San Cosme, el próximo viernes 22 de enero a las 10 a.m., para manifestar que estamos en contra de la expulsión de Aldo, en defensa de las escuelas normales y su histórica tradición de lucha, por la educación pública, en contra de la criminalización y la represión a los que luchan y por la liberación de los presos políticos.
