Como en todo el país, el colectivo de discapacidad en Santa Fe viene movilizándose en los últimos años, denunciando la cruda realidad que viven las personas con discapacidad, familiares, profesionales de la salud y prestadores de servicios al sector.
Miércoles 29 de mayo 12:39
Esta mañana se realizó en Santa Fe, una marcha a casa de gobierno para decirle no al ajuste y a la desregulación del nomenclador y para defender una atención de calidad para todas las personas con discapacidad. Los reclamos fueron contra la desregulación del nomenclador, los pagos a mes vencido, en contra de la precarización laboral y el aumento de las pensiones por discapacidad.
La convocatoria se realizó para partir desde Avenida Freyre a las 9.45hs de la mañana hacia Plaza de Mayo. En ella participaron personas con discapacidad y sus familias, prestadores, profesionales, instituciones y transportistas. Su lucha persistente expone una problemática que lleva décadas y que se explica por la política de privatización, desfinanciamiento y desarticulación sistemática de la salud pública que viene desde el menemismo y que todos los gobiernos hasta el día de hoy profundizaron.
El desfinanciamiento sistemático que padece el sistema de salud público gobierno tras gobierno, se profundiza dramáticamente también ahora en el área de discapacidad, como consecuencia directa del objetivo tan proclamado por el gobierno de Milei de lograr el déficit cero, a costa de las condiciones de vida y laborales de las mayorías populares. La situación de crisis económica y la desregulación implementada en el sector de la salud mediante el DNU 70/2023, dejan desprotegidas a las personas con discapacidad, en una relación completamente desigual con las obras sociales y las empresas de medicina prepaga.
La concentración de hoy es la segunda actividad que se realiza este mes, debido a la urgencia y gravedad que implica el decreto destinado a eliminar la adhesión de las obras sociales al nomenclador nacional, dando libertad a que cada obra social estipule el valor de las prestaciones a cubrir. Las medidas que dejarían sin efecto la Ley N° 24.901 por la cual las personas con discapacidad tienen cobertura total sin perjuicio de la cobertura de salud que posean, sumados a los ajustes inflacionarios por el desfasaje económico existente alejan la posibilidad de una atención de calidad.
Mientras los manifestantes reclamaban frente a la casa de gobierno, se dio a conocer la Disposición 45 de Iapos (la obra social de los empleados públicos de la provincia de Santa Fe), según la cual desde el 1 de junio de 2024, incrementará el aporte que realizan sus afiliados para cubrir los costos de órdenes de consulta, bono asistencial, orden de internación y servicio complementario, del 20% del costo total de cada prestación, el aporte se elevará al 32.25%. Esto se plantea como necesario por la inflación en el sector salud, avances tecnológicos y nuevos tratamientos, más la crisis sanitaria global. De esa manera, la orden de consulta, que en estos momentos cuesta 900 pesos, pasará a costar 2.000 pesos; mientras que una orden de internación y el servicio complementario, que en estos momentos cuestan 3.600 pesos, costarán 8.000 pesos.
Por otra parte, en el día de ayer, las bancas del Frente de Izquierda presentaron en el Congreso de la Nación, un proyecto de Ley que propone elevar el valor mínimo de las pensiones al costo de la canasta básica familiar, actualización del valor nomenclador, convenios colectivos para prestadores y la reincorporación a fin de garantizar el cupo por discapacidad.
El contexto actual de profunda crisis social amerita más que nunca la total cobertura de todos los tratamientos, prestaciones y medicamentos necesarios (muchos de los cuales se encuentran congelados y demorados); el pago en término de las prestaciones; la recomposición salarial de trabajadores del sector y un aumento urgente de pensiones y asignaciones por discapacidad tiene que formar parte de la agenda de los trabajadores y las organizaciones sindicales.
Este proyecto pone sobre la mesa también la emergencia habitacional y la histórica demanda del cupo laboral, ya que comprende que la comunidad organizada alrededor de la discapacidad plantea sus demandas de manera transversal dando cuenta que no sólo exige la cobertura completa de sus tratamientos sino su inclusión integral a la vida en sociedad, no bajo el paradigma del encierro o el abordaje médico hegemónico, sino con una perspectiva integral de las vidas en sociedad.
