Opinión. "Cooperativas mineras": saqueo y explotación neoliberal en su máxima expresión

La explotación del oro, una vez más, pone en evidencia profundos problemas estructurales. Por un lado, una agravada situación de crisis ambiental, sanitaria y del agua debido a los métodos nocivos que son utilizados para la explotación aurífera. Y, por otro lado, un precario equilibrio de la economía nacional que se suponía que con la venta directa de oro contribuiría a la recuperación de las RIN (Reservas Internacionales Netas).

A esto se suma la reciente movilización de miles de cooperativistas que ha generado un gran repudio y rechazo. Primero porque entre sus demandas se encontraba la exigencia de explotar este mineral en zonas protegidas además de exigir una nueva reducción de impuestos/regalías todo esto mientras las divisas del oro que comercializan ni siquiera se quedan en el país.

Según información publicada en la prensa, con fuente proveniente del INE (Instituto Nacional de Estadística), las exportaciones de oro para el año 2022 superaron los 3.000 millones de dólares y las regalías que los mineros del oro pagaron representó apenas algo más del 1,5%, es decir, un monto aproximado de 40 millones de dólares. La voracidad del cooperativismo “empresarial” para avanzar en la destrucción de las áreas protegidas, ya ha provocado el rechazo de amplios sectores de la población que expresó un repudio casi generalizado y mucha indignación ante la sola idea de que esta actividad extractiva avance sobre el parque Madidi considerado el parque con mayor diversidad de fauna y flora de todo el mundo.

Por eso el oro es considerado como un gran negocio. Se trata de un sector bastante heterogéneo. Un sector donde todavía predomina la “minería artesanal”, es decir, con relativamente bajo desarrollo tecnológico. Hablamos de 2000 cooperativas organizadas, de las cuales, 1300 se encuentran en el departamento de La Paz. Como fue informado en un reciente programa de televisión “Desacuerdo” sobre la “fiebre del oro”, se estima que el oro es el ingreso directo e indirecto de 80.000 personas. En este marco, en algunos casos, se trata de una actividad económica de supervivencia, pero en otros casos, y se puede decir que cada vez en más casos, se trata de una actividad de acumulación de capital. De esta manera, muchas todavía mal llamadas cooperativas más bien deberían ser consideradas directamente como empresas privadas porque tienen altos excedentes y contratan mano de obra asalariada a la que explotan con métodos y tiempos de trabajo que lejos están de ser admitidos por la ley laboral.

La mayor victoria del Decreto Supremo 21.060 (1986) que impuso el modelo neoliberal en Bolivia, no fue solamente el desmantelamiento de la presencia estatal en la economía nacional (el remate de las empresas públicas), ni la aniquilación de los derechos laborales sino el haber logrado una internalización de las lógicas individualistas y de mercado en millones de trabajadoras y trabajadores precarizados. La transformación de trabajadores mineros en cooperativistas, de chóferes en pequeños empresarios del transporte no solo produce un deslinde de responsabilidades de la patronal ("yo soy mi propio jefe") sino que da lugar a la subcontratación sin las mínimas condiciones de derechos laborales a la par de procesos de centralización y concentración de capital.

La creación de pequeños enclaves de transnacionales chinas, hindúes, estadounidenses, canadienses, europeas con relaciones preferenciales logran una evasión de cargas impositivas. Con el surgimiento de estos enclaves, con capitales trasnacionales, también se fue desarrollando el modelo “cooperativista” empresarial. Es decir, un sector que maneja grandes capitales y que habla a título una supuesta “familia cooperativista”. Mientras algunos integrantes de esa llamada "familia cooperativista" se han constituido en los exportadores más grandes del país (el oro con más de 3.000 millones de dólares en exportación ya superó los hidrocarburos y el estaño), la mano invisible del mercado parece haber destinado a la miseria a otros integrantes de la misma familia. Las condiciones insalubres y sin seguridad industrial en la que trabajan miles de cooperativistas y sus hijos interior mina son la prueba clara de esta desigualdad.

Una de las promesas incumplidas del régimen de facto de Jeanine Áñez para con el propio sector empresarial fue de simplificar los procesos de inscripción de empresas y la telaraña de trámites e impuestos que conlleva, clasificado como el más complejo e engorroso de la región. Este punto figura en los informes y recomendaciones del Banco Mundial al país desde los años 90, y no se ha cumplido por un motivo básico - los monopolios necesitan del Estado para mantener su ventaja competitiva. Resulta llamativo que el sector cooperativo no solo ha logrado tremendas ventajas legales incluyendo la prohibición a los trabajadores dependientes de formar sindicatos, sino también una tasa impositiva drásticamente inferior a la del resto de la población; una empresa unipersonal tributa 13% de IVA, 3% a la transacción, mas 25% de IUE, mientras la cooperativa minera tributa 5% y ahora exigen bajar al 4,8%.

Lejos de encontrar la solución en medidas impositivas, las y los socialistas revolucionarios luchamos por la socialización de los medios de producción, las minas y la agroindustria, bajo control obrero. Exigimos que los bienes naturales sean industrializados de forma planificada y sostenible, que los réditos de nuestra riqueza mineral sean invertidos en salud, educación y viviendas para el pueblo trabajador, que no beneficien a un puñado de transnacionales y sus socios locales.

La falta de divisas que hasta ahora deja a la economía nacional colgando de un hilo no ha sido resuelta con la Ley de Oro pactado entre las bancadas oficialistas y opositoras, pues es estadísticamente poco significante la cantidad de oro vendido de forma directa al Banco Central. Se mantiene la fuga de oro, no solo se evaden impuestos sino que se precariza aún más el frágil equilibrio económico.

Mientras las dos principales fracciones del MAS (evistas y renovadores) buscan acuerdos con el cooperativismo aurífero y los agroindustriales, el primero genera la fuga de oro y el segundo aporta a la fuga de dólares, el MAS los considera como "socios y empresarios patriotas". Desde la LOR-CI, organización que impulsa La Izquierda Diario Bolivia, no tenemos duda alguna para caracterizar a estos empresarios como lo que son: saqueadores de nuestros bienes naturales, explotadores de nuestra clase y lacayos del capital transnacional.

La informalidad económica que vive nuestro país, lejos de las lecturas de "economía popular" que se hace desde la academia, no es más que la falta total de trabajos con derechos sociales. En un país en el que millones de trabajadores y trabajadoras jamás hemos conocido vacaciones pagadas, aguinaldos o finiquitos se van engrosando las filas de trabajadores informales cada vez más precarizados y sin derechos en todo espacio, cooperativas mineras incluidas. Es en ese sentido que las y los socialistas revolucionarios rechazamos los ataques racistas y clasistas contra los "trabajadores" que se han hecho presentes en la movilización de las mal llamadas cooperativas, pero dejamos en claro nuestra posición totalmente contraria al avasallamiento de áreas protegidas y de beneficios impositivos que solo sirven para enriquecer más a las transnacionales y las cúpulas empresariales "cooperativistas" a su servicio.

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Desde la Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional exigimos el derecho irrestricto a la organización sindical para la defensa de los derechos laborales, las y los trabajadores al interior de las empresas mal llamadas cooperativas deben organizarse y luchar para terminar con ese carácter reaccionario y atrasado de la producción “artesanal” e improductiva en condiciones insalubres. ¡Por plenos derechos de organización sindical para jornaleros y trabajadores precarios de las "empresas-cooperativas"!

Exigimos reorganizar el sistema cooperativo de tal manera que las utilidades y las ganancias se distribuyan entre todos los socios de las cooperativas, terminando así con un sector empresarial, explotador de sus propios compañeros y de jornaleros.

Rechazamos todo intento de desproteger los parques nacionales y áreas protegidas, ya sea desde la política desarrollista del MAS, de los intentos expansivos de la agroindustria y los intentos de avasallamiento de los empresarios mineros auríferos. El saqueo de los bienes naturales y la explotación laboral que responde al capitalismo, no ofrece un futuro a la humanidad, y es así que el conflicto de la minería aurífera pone en evidencia una vez más la disyuntiva de horizonte societario, entre socialismo y barbarie.