Nunca pierden. Copagos: extorsión de la medicina privada detrás del aumento que les autorizó el Gobierno

El anuncio fue publicado por el Gobierno en el Boletín Oficial (BO) el viernes 29 de abril. Las prepagas ya habían subido un 9% en enero, un 6% en marzo y otro 6% en abril.

Además la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) debe crear un índice para aumentos bimestrales futuros.

¿Cómo extorsionan las empresas de medicina privada?

El sistema de salud en Argentina está compuesto por 3 sectores:

Las prepagas (como OSDE, Swiss Medical, Galeno, etc) son grandes gestoras o “financiadoras” de servicios de salud mediante contrataciones de otras empresas de medicina privada. Brindan cobertura a través de prestadoras o prestadores (clínicas, sanatorios, hospitales privados, centros de diagnóstico, servicios de emergencias e internación), que muchas veces son empresas propiedad de los mismos dueños de las prepagas. Dentro de lo que se menciona como “prestadores”, también están los y las profesionales de la salud, que muchas veces trabajan en más de un sistema a la vez.

Según la Resolución 867/2022 las prepagas y las Obras Sociales deberán aumentar los aranceles que pagan a prestadoras y prestadores “en al menos un 90% del aumento porcentual" autorizado.

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Poco tiempo antes de que el Gobierno habilitara este aumento, el 17 de abril, Clarín publicó una nota sobre la fuga de médicos y profesionales de las prepagas: “No importó que fuera el plan más costoso de una de las coberturas mejor rankeadas del país. Muchos de los médicos de mayor prestigio o aquellos que pueden construirse una marca propia intentan abrirse de las prepagas hacia la atención particular, donde pueden poner una tarifa ‘razonable’ y solventar los costos de insumos o equipos importados”.

El 25 de abril Clarín publicó otra nota sobre el tema “los copagos blue”: “Un mes antes, el cardiólogo le había explicado a Pedro que su prepaga, a pesar de ser una de las más costosas, solo le pagaba $ 800 por consulta. Las opciones, según el médico, eran dos: empezar a atender únicamente de manera particular y cobrar $ 3.000 cada consulta, o pedirle ‘comprensión’ a los pacientes y seguir recibiéndolos a través de la prepaga, pero con un ‘bono extra’ de $ 1.000. Los profesionales de la salud entran en incumplimiento del contrato con las prepagas y se exponen a recibir sanciones. Pero argumentan que no hay más opción”.

Según un acuerdo con el Gobierno, estaba previsto que en enero de 2022 las prepagas debían trasladar el aumento que tenían autorizado a las prestadoras y hacerse cargo de pagarles un 9 % más. Pero las prepagas dijeron que no estaban en condiciones de hacer ese gasto. La Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) anunció entonces el cobro de un copago del 9% para usuarios de las prepagas.

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Marcelo Kauffman, presidente de la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio, explicó en los medios que se iba a “cobrar un 9 % sobre todo lo que se haga el paciente, por ejemplo, por hacerse un laboratorio que vale $ 5.000, va a tener que pagar $ 450. No es una amenaza para que nos permitan aumentar, en principio es un hecho”.

El 27 de diciembre de 2021 la SSS publicó un comunicado en el que recordaba la vigencia de la resolución 2125/2021, que establece el esquema de aumentos acordado a partir de enero y que no autoriza el cobro de copagos. Al día siguiente, Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y uno de los principales lobbistas de la medicina privada, aseguró: "No retrocedimos. Aceptamos una imposición legal. Somos respetuosos. Tenemos que hacer frente al pago de ese 9 % de los prestadores, que, en ese caso, deben levantar la medida (del copago)".

La Unión Argentina de Salud (UAS) es una entidad que nuclea a las prepagas. Belocopitt es su presidente. Publicó un comunicado rechazando la decisión oficial de no autorizar los copagos porque afectaría la atención de pacientes y los trabajadores del sector podrían ver “amenazadas sus fuentes laborales”.

Los “copagos blue” y la fuga de médicos de las prepagas que relata Clarín, se dan en medio de este tire y afloje entre las empresas de la medicina privada - sean prepagas o prestadoras - y el Gobierno. Los copagos de hecho que las empresas imponen en la ilegalidad, son presentados mediáticamente como una decisión de médicos y médicas empujada por la necesidad de sobrevivir, ante la realidad incuestionable de que las ganancias de las prepagas y las empresas de salud privada son intocables. Todo tiene que salir del bolsillo de trabajadores afiliados.

“Cuando vos pensás quién tiene la culpa en esto, mirás al que les paga a los médicos. Pero la medicina prepaga no te puede pagar más de lo que ya paga”, aseguró Juan Manuel Ibarguren, del Consejo Argentino de Oftalmología a Clarín.

¿Así que seguimos en emergencia sanitaria?

“En el delicado contexto actual de emergencia sanitaria sin precedentes, cuyos efectos sobre el sistema sanitario aún no han cesado, no cabe soslayar el rol y la función asistencial fundamental que desempeñan los prestadores de salud”, sostiene la resolución oficial que habilita el último aumento. Muy distinto a la ayuda que se destinó a la población más pobre: el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), no se sostuvo en el presupuesto 2021 porque el Gobierno preveía que no iba a haber más pandemia. Ni hablar del ajuste a la saud pública, aún en el contexto de la pandemia.

¿De qué emergencia hablan las autoridades? “Los aumentos de las cuotas superaron a los salarios por 10 puntos porcentuales en 2016, 5 puntos en 2017, 11 puntos en 2018”, asegura el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO).

Según la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), desde el 2016, el costo de la medicina privada creció un 13,3% por encima del nivel de la inflación general de precios.

En noviembre de 2019 Página/12 informaba que el costo de la medicina privada representaba el 72,1% de una jubilación media y el 30,4% de un salario medio.

Según la defensoría del Pueblo porteña, con la sola excepción del año 2018, desde 2015 a 2020, tuvieron incrementos en la cuota mensual por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Es decir, le ganaron a la inflación. Entre 2015 y 2021 las cuotas subieron casi 9 veces.

Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA):

En 2020 las cuotas estuvieron congeladas por la pandemia y subieron solo un 10%, por debajo de la inflación del 36,1%. Sin embargo, Osvaldo Bassano, titular de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (ADDUC), sostuvo que las prepagas en pandemia “cobraron de más, además de cerrar clínicas y hospitales". Según Bassano, no se puede saber cuánto ganaron las empresas de la salud privada durante la pandemia: “Casi no realizaron prestaciones por las restricciones de la cuarentena, no atendían a nadie y, sin embargo, cobraban las cuotas enteras; fueron todas ganancias que se multiplican financieramente”.

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Cuando el Gobierno congeló las subas por la pandemia, “además de ir a la Justicia, el sector comenzó una serie de presiones que incluyeron una alianza con los prestadores, muchas veces parte de sus mismas empresas. Así, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (...) salió a respaldar el pedido de incremento de las prepagas, para poder subir ellos la facturación por la atención, con el argumento de no poder afrontar el aumento salarial del personal de Sanidad”, publicó La Tinta.

Como contrapartida, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la inflación estuvo por encima de la variación de los salarios y las jubilaciones en los últimos cuatro años. Continuando esta tendencia, Sanidad, el gremio dirigido por el burócrata de la CGT, Héctor Daer, acaba de acordar un aumento del 59% en 5 tramos para trabajadores de la salud privada. El número queda debajo de la inflación prevista para 2022 y no revierte la pérdida de años previos.

¿Necesitan más recursos?

El anuncio de la última autorización de aumentos publicado en el BO, asegura que “sin perjuicio de las diversas asistencias financieras excepcionales otorgadas en el marco de la pandemia de COVID-19 a los Agentes del Seguro de Salud y los aumentos de valor de cuota autorizados a las Entidades de Medicina Prepaga, corresponde adoptar medidas que contribuyan a dotar de mayores recursos a los prestadores contratados por ellos”.

En agosto de 2021 El Destape accedió a los balances entregados por las principales empresas de medicina privada a la Inspección General de Justicia (IGJ). “Casi todas recibieron ayuda estatal para el pago de sueldos. Pese a todo esto mantuvieron pisados los salarios de sus trabajadores hasta que lograron que el aumento paritario tuviera un aumento gemelo en las cuotas”, detalló el periodista Ari Lijalad.

Varias de estas empresas de medicina privada recibieron en conjunto 9.265 millones de pesos para el pago de sueldos a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). “Mientras demoraban la paritaria de médicos, enfermeros y demás trabajadores de salud privados”, continúa Lijalad.

¿No hay nada más que hacer?

Alicia Rey es instrumentadora quirúrgica con más de 35 años de experiencia y delegada de trabajadores de la ex clínica San Andrés. Consultada por este medio, aseguró que “el Gobierno hace un par de meses ya había autorizado nuevos aumentos a las prepagas como ahora, amparándose en que continuamos en pandemia. Sí, continuamos en pandemia lamentablemente, ante lo cual lo único que se está haciendo es aumentar los bolsillos de los dueños de prepagas y de clínicas privadas. No sé quién puede sostener una prepaga si no podemos sostener los gastos diarios de una casa”.

La Clínica San Andrés, de la localidad bonaerense de Tres de Febrero, cerró en el año 2021. "La familia Surachi cerró la clínica en el mes de febrero pero olvidó un pequeño detalle: sus 144 trabajadores, que nos quedamos sin indemnización y sin fuente laboral. Ellos cobraron los 42 millones que les depositó el Pami y se fueron dejándonos abandonados no solo a nosotros, sino que también se cagaron en los 18000 afiliados de Pami que quedaron a la deriva en plena segunda ola de covid. Mientras tanto nosotros los trabajadores seguimos cuidando la clínica y cuidando nuestras herramientas de trabajo tales como respiradores, monitores multiparamétricos, desfibriladores, tomógrafo, etc; reparando cosas que se estropean por la falta de mantenimiento, cuidando el lugar mejor que los dueños", sostienen sus trabajadores y trabajadoras en un comunicado publicado en Facebook el 25 de marzo.

No recibieron un peso desde diciembre de 2020. La empresa rechazaba ofertas de compra y de reapertura de la clínica, porque decía que le ofrecían poco dinero. Mientras la pandemia hacía estragos y todos los recursos de la clínica eran de necesidad urgente.

El Gobierno municipal y provincial del Frente de Todos dio la espalda a la lucha de trabajadores y trabajadoras de la San Andrés, que movilizaron, participaron de acciones de lucha junto a otros sectores y la izquierda que acompañó la pelea. Ellos y ellas no se quedaron de brazos cruzados: "Ahora los trabajadores decidimos ir por todo y abrir en la ex Clínica San Andrés la COOPERATIVA DE TRABAJO TRABAJADORES DE LA SALUD UNIDOS"..

Contrario a la idea que nada se puede hacer ante los negocios de las empresas de medicina privada, este ejemplo demuestra que la unidad de trabajadores y trabajadoras sirve para defender sus derechos laborales y el acceso a la salud. La unidad de todos los sectores del personal de salud es la clave para luchar por un sistema unificado, estatal pero bajo control de trabajadores y las comunidades, únicos interesados en que la salud funcione como derecho y no como negocio para pocos.

Los y las profesionales de la salud ven cómo se precarizan su trabajo y sus ingresos, tienen que trabajar cada vez más horas o atender pacientes en menos de 15 minutos en cualquier sistema. Trabajan como monotributistas en muchos casos, hecho que esconde la relación laboral con las empresas o el mismo Estado que echa mano de este fraude laboral en el marco del ajuste a la salud pública. Esta precarización de la que se sirven las empresas para maximizar sus ganancias, afecta más crudamente al personal de enfermería que cobra una miseria peor, así como al personal tercerizado de limpieza de clínicas y sanatorios.

El Gobierno responde con prontitud a los reclamos de grandes empresas que se esconden en el relato mediático detrás del reclamo de médicos y médicas. Pero el presupuesto para la salud pública sufre el ajuste, como sus laburantes. “El conflicto con el personal de salud continúa, hace semanas en la ciudad de Buenos Aires salieron a protestar y a reclamar 34 hospitales por precarización, porque han tomado en plena pandemia personal de salud y ahora los están despidiendo. Esto está pasando no solamente en CABA sino en la provincia de Buenos Aires también” agregó Alicia Rey.